Exoneracion De Alimento

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL

Magistrado Ponente:

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

Bogotá, D.C., once (11) de marzo de dos mil cuatro (2004).-

Ref: No. 7611122130002004-00001 -01

Decídese la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia proferida el 27 de enero de 2004, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, Sala Civil-Familia, denegó la acción de tutela incoada por HUMBERTO SALAZAR LONDOÑO contra la Juez 1° de Familia de esa ciudad.

ANTECEDENTES

1. El prenombrado accionante solicitó la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el trámite del proceso de regulación de cuota alimentaria iniciado en contra de los entonces menores Catherine, Mauricio y Ángela Consuelo Salazar Muñoz quienes estuvieron representados por su progenitora Ofelia Muñoz Domínguez.

El solicitante, con miras a obtener el restablecimiento del derecho que estimó conculcado, pidió que se ordenara al juzgado accionado abstenerse de “hacer entrega de los títulos que se encuentran a disposición del citado procedimiento hasta tanto quede en firme la decisión” que se adopte en la presente acción de tutela.

2. El actor fundó el reclamo constitucional en la situación fáctica que se sintetiza, así:

2.1 Expresa el accionante que promovió proceso de regulación de cuota alimentaria en contra de los entonces menores Catherine, Mauricio y Ángela Consuelo Salazar Muñoz quienes estuvieron representados por su progenitora Ofelia Muñoz Domínguez, trámite que finalizó imponiéndole una cuota alimentaria equivalente al 25 % de sus ingresos laborales, proporción que se le descuenta de la pensión de jubilación que devenga como pensionado de la Fuerza Aérea Colombiana, no obstante que sus hijos alcanzaron la mayoría de edad.

2.2. Refiere el peticionario que según el Código del Menor la cuota de alimentos fijada en la referida sentencia, se entiende hasta que los menores cumplan la mayoría de edad, hecho que considera justo y equitativo pues a partir de ese suceso los hijos dejan de ser representados por sus padres y, en consecuencia, “no puede seguir imponiéndosele una cuota dentro de un proceso en el cual se inicia una etapa en la que la parte activa no está legitimada para actuar”.

2.3 Agrega que en la etapa de transición entre las dos edades el legislador no ha estipulado nada y mientras sus hijos sean mayores de edad y se encuentren haciendo sus estudios superiores está en la obligación de colaborarles, pero mientras no se den estas condiciones, las cuales deben probarse

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