Formas de contratacion en el sector publico.

“Formas de contratación en el sector público”.

Todas las instituciones públicas deben abastecer sus necesidades para poder brindar los mejores servicios a la población, es decir que también deben adquirir bienes o servicios; pero estas tienen sus reglas o regulaciones que cumplir antes de poder adquirir cualquier bien o servicio y es de mucha importancia conocer cuáles son esos requisitos que cumplir para no caer en cualquier caso de ilegalidad.

Todas estas regulaciones las podemos encontrar en la “Ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública” (LACAP), en ella se encuentra toda la información necesaria acerca de las contrataciones públicas, es decir que podemos hacer y que no podemos hacer y por tanto nos centraremos en ella para poder dar a entender todo acerca de las formas de contratación del sector público.

Antes de entrar en las forma de contratación debemos conocer un poco sobre las generalidades básicas de la ley LACAP, antes de ella existía una carencia de un régimen legal ordenado y sistemático, el marco legal era burocrático y engorroso en los procesos de suministro, también había falta de transparencia de las contrataciones, se hacía un uso irracional de los fondos, había una falta expresa de procedimientos, los montos estaban desactualizados para contratar, y había una falta de procesos y parámetros unificados para evaluar las ofertas. A raíz de todos estos factores surge la ley LACAP el 15 de mayo del 2001 para poder regular todos los procesos y procedimientos bajo los cuales deben realizarse todas las compras de los bienes y servicios de la administración pública.

¿A quiénes aplica y a quienes no aplica la ley? Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extrajeras que oferten o contraten con la administración pública, alcaldías, bancos, asociaciones público-privadas, etc. Es decir que aplica para todo lo que tenga que ver con adquisiciones y contrataciones públicas, además de todas aquellas instituciones que comprometan con fondos públicos. Y no aplica principalmente para proyectos que se realizan con cooperaciones internacionales aunque exista una contrapartida, ya que ellos vienen con sus propios lineamientos, dentro de estos se encuentran todos los contratos que salgan de las naciones unidas, de la United Nations Office for Project Services (UNOPS) o todos los contratos internacionales como de las embajadas. Además no aplica para los convenios entre instituciones del estado, como por ejemplo un convenio entre alcaldía con otra alcaldía y no aplica en la contratación de servicios personales, como por ejemplo, en los servicios adquiridos de guardaespaldas y secretaria.

Cabe recalcar que también hay impedidos para ofertar en los cuales entran todos los funcionarios públicos o personas jurídicas que en estos ostenten como propietarios, accionistas, socios, gerentes, administradores, etc. Tampoco pueden ofertar los empleados y funcionarios públicos y municipales de su misma institución; las personas que tuvieren vinculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad con los funcionarios públicos y empleados públicos; instituciones sancionadas; entre otros.

Los entes reguladores dentro de la norma se encuentra la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), que es la que velara por el cumplimiento de la política anual de las adquisiciones y contrataciones aprobada por el ejercicio fiscal correspondiente; y las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), que es la responsable de la descentralización operativa y de realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, y habrá una UACI por cada institución pública que haga adquisiciones y contrataciones. Las únicas organizaciones que tienen la potestad de establecer sus propias normativas son, el Órgano Legislativo mejor conocida como la Asamblea legislativa, el órgano judicial mejor conocida como la corte suprema de justicia y las municipalidades mejor conocida como las alcaldías.

Los contratos que serán regulados por esta ley son, los de obra pública es decir las obras de construcción, por ejemplo la construcción de carreteras, construcción de parques, alumbrado público, etc.; Los de cualquier suministro que las instituciones públicas lleguen a necesitar; los contratos de servicios de consultoría que se lleguen a prestar; los contratos de concesiones de bienes y servicios; Por último los arrendamientos de bienes muebles, como por ejemplo arrendamientos de vehículos que se lleguen a necesitar.

Para todas las licitaciones o concursos las instituciones contratantes presentan bases en las cuales determinan las obras, bienes, servicios o consultoría que buscan y las acomodan como ellos desean, por supuesto cumpliendo con las regulaciones establecidas en la ley LACAP, en donde las empresas contratistas buscan presentar en base a ellas sus ofertas y normalmente la oferta más barata es la que se queda con el trabajo; esto genera una fuerte competencia entre los contratistas y a la vez el gobierno obtiene variedad de opciones  de donde escoger, pero generalmente siempre se escoge la más conveniente, es decir la oferta mas barata.

Ya que se conoce un poco acerca de las generalidades acerca de la ley LACAP podemos comenzar a entender las formas de contratación pública que están definidas por la ley, como primer forma nos menciona la licitación y concurso que son competencias públicas que invitan a todas las personas (que cumplan con los requisitos para ofertar), a ofrecer obras, bienes o servicios que no fuesen consultorías en el caso de la licitación, y en el caso del concurso todo lo que fuese consultoría; Es decir una licitación podría ser la construcción del nuevo redondel en rancho navarra donde la institución pública ya tiene la idea o el diseño de cómo quiere la obra y desea que se empiece con la construcción de la misma, y el concurso de esta podría ser consultoría de construcción de nuevo redondel en rancho navarro, donde la institución publica contrata expertos para poder determinar si el proyecto es factible o no, realizar el diseño y costear un presupuesto.

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