INDEPENDENCIA DE JUECES

ENSAYO

DE LA INDEPENDENCIA DEL JUEZ.

1. INTRODUCCIÓN.

Ante los últimos acontecimientos que embargan y convulsionan el Ecuador, provoca en casi todas las personas la sensación latente de una presunta injerencia en el sistema judicial, de los órganos y entidades del estado a través de sus funcionarios de alto nivel, una sensación de una independencia debilitada de las funciones del Estado; una sensación de que la justicia solo atiende a intereses particulares o de un grupúsculo privilegiado enquistado en las altas esferas gubernamentales e intergubernamentales; la lógica del bien común y la dignidad de la mayoría parece una utopía latente. Cabe por tanto hacer la siguiente pregunta: ¿Existe una real independencia de la función judicial y del juez para administrar justicia? Muchas de las ocasiones se ha evidenciado que los fallos no obedecen a la voluntad del pueblo soberano del Ecuador, ni mucho menos ponen atención a la autoridad que les confiere la Constitución y las Leyes ecuatorianas según lo manifiesta la norma judicial, (COFJ, 2018. P.55).

A continuación se analiza sucintamente la temática en cuestión, en base a la pregunta inicial, se utiliza la metodología deductiva y un enfoque cualitativo de investigación para construir el presente ensayo, posteriormente se determinará si existe la posibilidad de determinar mediante un análisis de casos si existe una independencia real del juez para administrar justicia en todas las instancias, o si reciben de otras funciones del Estado injerencia directa y si los diversos órganos y entidades del sector público interfieren en las actividades de los jueces en el Ecuador .

1. DESARROLLO.

El Consejo de la Judicatura en la actualidad se convierte en una especie de garante para que los sujetos procesales se desempeñen en función de las expectativas que se tiene de ellos, no obstante, se pueden establecer comparativamente cual es el factor común que identifica a todos los casos en los que se detecta la existencia de una aparente influencia de las autoridades del poder ejecutivo y legislativo primordialmente, en las decisiones, fallos, sentencias y autos emanados por la autoridad judicial.

El Colegio de abogados de Pichincha en 2017, con el afán de establecer un observatorio de justicia y derechos, establece que en El Ecuador no existe organizaciones encargadas de hacer veeduría de la administración de justicia, se ha determinado la justicia antes y después del anterior gobierno. Antes de ese mandato la justicia se hallaba dominada por el partido social cristiano en donde se producía una especie de “reparto”, no obstante se establece que en el año 1997 se conforma una Corte de Justicia que a criterio de los entendidos, ha sido la mejor Corte que ha habido en el Ecuador; a partir de eso vienen los problemas con el Gobierno de Lucio Gutiérrez y la “Pichi” Corte, de ahí se pasa al régimen de Rafael Correa en donde se establecen aparentemente una reforma de la justicia en el Ecuador. Gustavo Jhalk en 2008-2009 como ministro de Justicia pide a las NN.UU una asesoría y plan para reformar el sistema de justicia ecuatoriano; se analiza más de 1000 casos, encontrándose una justicia bastante pobre en calidad, referidas a jueces que no resuelven, abogados que no defienden al cliente y cobran, sentencias poco motivadas y de muy poco nivel jurídico. Se produce la reforma judicial a partir de la consulta de 2011, se lleva a cabo la llamada “metida de mano a la justicia” con graves consecuencia para la sociedad. En términos de independencia de los jueces, no solamente se perdió ésta, sino que se montó un aparato para controlar la justicia, situación hasta ese momento inédita en Sudamérica; se institucionalizó el control de la justica , a través del Consejo de la Judicatura mismo que estableció el control político del sistema judicial y control sobre los jueces.

Existen evidencias documentales oficiales sobre este aspecto, por ejemplo los Oficios firmados por el secretario Jurídico de la presidencia el Dr. Alexis Mera Giler que dispone a los jueces como se deben resolver las acciones de protección que se presenten contra el Estado, so pena de que se destituya o se sancione a los jueces que no acaten esta disposición; en las sabatinas del Presidente Correa se pide que se sancione, se procese o se destituya a los jueces por resolver casos no políticos como los casos del Colegio Central Técnico, la palabra del presidente era boca de ley ya que cuando pedía sanciones a jueces, o privación de libertad para determinados funcionarios o actores sociales, inmediatamente el sistema de justicia acataba y cumplía ese mandato a través de decisiones y sentencias en el campo judicial. Por otro lado, se produjeron sanciones a los juzgadores en base a la figura del error inexcusable mediante la cual se produjeron arbitrariedades en el uso de esta figura y que consta en el Art 109.7 del COFJ, ya que fue utilizada para perseguir a los jueces y operadores de justicia que pensaban diferente al mandatario o discernían del proyecto político de la Revolución ciudadana.

Se ha pedido por parte de algunos asambleístas a nivel de CIDH, que se haga una veeduría al sistema ecuatoriano de justicia direccionado por el CNJ para perseguir a la oposición y a los jueces independientes, en base al error inexcusable antes mencionada que muchas veces ha sido propuesto por autoridades del gobierno; Por tanto, se utiliza el sistema de justicia para perseguir también a la sociedad civil ávida de justicia que reclama por las arbitrariedades medidas y opresión del estado, y que es reprimido por pedir la tutela efectiva de sus  Derechos mismos que se hallan consagrados en la Constitucional y la ley .

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