INTERVENCION MILITAR EN SEGURIDAD PUBLICA

7.- Intervención Militar en Seguridad Pública

Recientemente, las fuerzas armadas se han ido involucrando en asuntos de Seguridad Pública, debido a diversas carencias políticas, operativas y jurídicas que presentan los cuerpos de policía, aunque tengan participación en ámbitos que no son de su competencia jurídica.

En ese aspecto, las fuerzas armadas, están cumpliendo su labor como órgano del gobierno, los actos de represión hacia la sociedad. En otras palabras, es la manifestación última de la fuerza extrema del monopolio legítimo y organizado de la violencia institucional.

Las fuerzas armadas cuentan con principios diversos a los que rigen la actuación y desempeño de otros órganos sociales y administrativos.

Revisión de la Labor Militar en Seguridad Pública.

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben existir cuatro fuerzas militares: Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional; la tercera es el organismo denominado Secretaría de Marina/Armada de México y la última de las mencionadas sólo queda en el ostracismo del siglo pasado.

Las fuerzas armadas del país emanan del pueblo y sirven a éste. Constituyen el más sútil e importante mecanismo del poder político, en la medida que los textos legales no suministran una adecuada seguridad contra la injerencia política castrense. Porque la falta de claridad de las reglas que gobiernan la conducta militar es una de las razones de la inestabilidad de las instituciones en México. Se ha generado una debilidad institucional, hoy crónica, que impiden la solución efectiva de los problemas sociales y es que no se puede crear la concordia Nacional con base en la hipocresía normativa y la impunidad institucional.

La intervención militar en asuntos políticos, está relacionada a las contingencias sociales, tales como, el narcotráfico y la seguridad pública; o bien marcadas en particular por aquellos relacionados con la violación a los derechos humanos, por lo cual los militares se han visto expuestos a un juicio crítico en su actuación como en su desempeño gubernamental.

La participación de los militares en la vida política y pública se ha visto incrementada y una de las graves consecuencias es, la creación de estructuras similares a las existentes en el Ejército, como ejemplo, la conformación de un Estado Mayor en la Secretaría de Seguridad Pública, que anteriormente, no existía. Es decir, operar no como policías sino como militares.

Frente a estos hechos, los partidos políticos han tomado posiciones, y una de las consecuencias ha sido la reemergencia de una tendencia aislacionista de los militares, ejemplo la salida de varios miembros de la armada y ejército hacia el PRD, y el hecho de percibirlos como adversarios políticos. Por lo que en el proceso de toma de decisiones estatales, no solo no se ha formalizado ni estructurado la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso democrático del país. Resultando evidente que el control civil de los militares, no disminuye la probabilidad de intervención política de éstos, más bien queda en un delicado ambiente de incertidumbre, y donde la subordinación no es un elemento central en el rol que les compete al Estado democrático.

Ello no significa plantear la existencia de una autonomía del estamento castrense, más bien se deben perfeccionar los elementos que regulan la acción política en la sociedad. La regulación supone la integración militar a la estructura del Estado democrático, dentro del cual es posible definir una forma consistente de subordinación, obteniendo en forma coherente un adecuado control. El control de las Fuerzas Armadas no se obtiene mediante mecanismo que simulan un control remoto, pues ello supone establecer una visión reduccionista donde se discrimina a instituciones estatales en su derecho a participar en el desarrollo de la nación.

De otra forma, el fortalecimiento de una relación política con los militares por parte del Gobierno, es un imperativo de fortaleza institucional que debe ser reforzado con miras

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