Introducción al Estudio del Derecho. Valores Jurídicos

Hablar de democracia, es hablar de un concepto utilizado desde la antigua Grecia; lugar donde nace, pero de una manera distinta a como se conoce en la actualidad. A lo largo de la historia, la valoración de la palabra “democracia” ha mutado, en un inicio la clase alta griega, le atribuía un significado negativo por considerarlo una asamblea en la que la masa y la plebe eran llamados a tomar la decisión que les correspondía; las élites gobernantes juzgaban que la decisión popular no era apta, puesto que, creían que las personas educadas debían gobernar y tomar las decisiones. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y los procesos de cambio político-sociales, el vocablo fue adquiriendo un significado positivo asociándolo a una forma de gobierno deseable y buena.

A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha adaptado como forma de Gobierno en la mayoría de los países.

De acuerdo con Ian Saphiro (1997), la democracia debe limitarse por las exigencias de la justicia social; asimismo señala que la democracia es necesaria para ordenar las relaciones sociales a través de la justicia. Por lo tanto, nos enfrentamos a un ciclo conceptual en el que la justicia existe en el estado democrático y la democracia existe cuando hay justicia (p. 332-333).

En sentido contrario, Luis Tapia (2009) menciona que la justicia puede formar parte de una teoría política no democrática, es decir que puede existir un estado en el que se busque justicia sin que exista un gobierno democrático. Menciona que es a partir de las teorías políticas modernas que comienza a relacionarse la justicia como un valor del estado democrático. El principal exponente de esta teoría es John Rawls, quien, citado por Tapia, señala que la justicia en la democracia se alcanza a través de la distribución equitativa de bienes (p. 151-152). De ello podemos desprender que la justicia en un estado democrático que engloba los conceptos de equidad e igualdad, siendo la primera uno de los objetivos de quienes plantean las políticas públicas de un estado; y la segunda, como la obligación del estado de brindar oportunidades uniformes para todos.

Esto nos lleva a preguntarnos ¿cuáles son los valores jurídico-democráticos? ¿son parte del sistema jurídico mexicano? y ¿cuál de ellos es el más importante?

Por lo tanto, el presente ensayo busca responder a las anteriores preguntas a través del análisis de la libertad, igualdad y seguridad jurídica como valores jurídico-democráticos.

Valores Jurídicos

El concepto de valor tiene variadas acepciones dependiendo del contexto en que sea utilizado. En el presente caso puede entenderse como la cualidad, facultad o virtud atribuida a una persona o cosa. Dentro de los sistemas jurídicos los valores son parte intrínseca de la sociedad y es el Estado quien los regula y protege a través de su ordenamiento jurídico.  De acuerdo con Cárdenas Gracia (2010) “los valores son las normas jurídicas que fundamentan, justifican y orientan críticamente al resto del ordenamiento” (p. 220).

Dentro del sistema jurídico mexicano podemos encontrar que estos valores encuentran su base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos^[1]; pues ésta dentro de su artículo primero establece que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”.

Libertad

La Universidad de Oxford define la libertad como la “facultad de derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad”. En un contexto democrático se considera que está pegada a un orden jurídico y conlleva postulados como libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de reunión, religiosa, entre otras. Por lo tanto, la libertad democrática está limitada por una normatividad que debe reflejar postulados democráticos.  

De acuerdo con Óscar y Mary Handlin (1963) existen tres formas de libertad: libertad política, libertad social y libertad en las instituciones. La primera está encaminada al Gobierno libre en el que participan todos los ciudadanos; la libertad social, consiste en la movilidad de los estratos sociales en los que se le atribuyó una dignidad individual al ciudadano y se convenció a todas las clases de participar de forma libre en la toma de decisiones de la comunidad. Por último, la libertad de las instituciones se refiere a la libertad religiosa, cultural, económica y filantrópica (p. 34).

En el sistema jurídico mexicano, la libertad en sus diversas formas se encuentra establecida dentro de la CPEUM, así como de sus diversas leyes complementarias. Por ejemplo, podemos encontrar que la Constitución reconoce la libertad de culto, de tránsito, de cátedra, libre determinación, entre otras. Sin embargo, se debe entender que, aunque la misma Constitución reconoce esté valor y busca garantizarlo y protegerlo, este tiene limitantes pues, en el ejercicio de la misma se puede caer en libertinaje que termine trasgrediendo los derechos de los demás ciudadanos, por lo que perdería su sentido como valor.

Igualdad

La igualdad es una condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, valor o forma de compartir alguna cualidad o característica (Universidad de Oxford). De acuerdo con María Patricia Lira Alonso (2012), la igualdad se ha estudiado desde tiempos de Platón y Aristóteles, este último señaló; “Parece que la justicia consiste en la igualdad, y es así, pero no para todos, sino para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es coma en efecto, pero no para todos, sino para los desiguales” (p 24). Esta frase es un juicio valorativo y constituye una norma, dada la constancia práctica de que las personas son diferentes entre sí.  

En el estado democrático la igualdad jurídica consiste en considerar a todos los ciudadanos como iguales ante la ley, y esta “rige la conducta a seguir en determinadas situaciones y para el ordenamiento jurídico cuando unifica los sujetos en la titularidad de los derechos” (Lira, M., 2012, p. 24).

La igualdad en el sistema jurídico mexicano se encuentra consagrada principalmente en el artículo 1 del Constitución Federal pues, al señalar que “…queda prohibida toda clase de discriminación…”, se puede interpretar que lo que busca es que todos los ciudadanos se encuentren en igualdad de condiciones, sin importar el origen étnico, genero, edad, religión, etc.

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