Jacinta Francisco Marcial

Las deficiencias serias del sistema de justicia afectan a todas

las partes involucradas, pero principalmente a las personas

imputadas. Quienes son señalados como presuntos

responsables de un delito enfrentan procesos inequitativos, de

los cuales está ausente el derecho a la presunción de

inocencia. Esta falta de equidad procesal se acentúa en el

caso de las mujeres indígenas que viven en situaciones de

marginación debido a su condición económica, de género y de

pertenencia étnica.

Esta triple discriminación, que se reproduce en el ámbito

penal, es agravada cuando el Estado inhibe, usando

desviadamente el derecho penal, las expresiones de

inconformidad de quienes protestan o exigen sus derechos.

Ambos elementos, la vulnerabilidad de las mujeres indígenas

frente al sistema de justicia y el uso de la ley para lidiar con la inconformidad ciudadana frente a los

abusos de las autoridades, convergen, lesionando gravemente la dignidad de las personas, en el caso de

Jacinta Francisco Marcial, condenada injustamente a 21 años de prisión, debido a una acusación falsa de

secuestro contra miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI). El juez que la condenó aceptó

como prueba la fotografía publicada por un diario local en el que se da cuenta del incidente; en ella aparece Jacinta asomándose para enterarse de lo que estaba pasando en la plaza de su pueblo.

El 26 de marzo de 2006, seis agentes de la AFI llegaron al tianguis de la plaza central de Santiago

Mexquititlán, comunidad ñähñhú del sur de Querétaro. Con el pretexto de que en el lugar se vendía

piratería, los agentes, que no llevaban uniforme, con actitud amenazadora agredieron a los tianguistas,

causando destrozos a los productos que ahí eran vendidos. La gente, al ser agredida, reaccionó

exigiendo a los policías que mostraran su identificación y la orden que avalara dicha actuación. Con su

reacción la gente se apegaba a la legalidad pues exigía sus derechos ante un acto arbitrario. Esta

reacción es no sólo comprensible, sino justa, si consideramos que las comunidades indígenas

generalmente han recibido maltrato, discriminación, desprecio y ofensas por parte de elementos externos.

Ante la actitud prepotente de los agentes, la tensión aumentó. La respuesta colectiva y espontánea de los

comerciantes redujo a los agentes, quienes se vieron obligados a solicitar la intervención de un agente

del Ministerio Público Federal y de su superior regional. Se llegó así a un primer acuerdo: los funcionarios

reconocieron que los policías habían cometido un error, por lo que se comprometían a responder por los daños ocasionados. Pero el ofrecimiento fue incumplido:

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