LA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO EN COLOMBIA

LA INDEPENDENCIA DE LA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO EN COLOMBIA

Todas las constituciones deben garantizar la independencia judicial del Estado de Derecho como se estableció en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial. Estos principios fueron redactados bajo el auspicio de las Naciones Unidas con el fin de reforzar la integridad judicial. El primer principio establece: “la independencia judicial es un requisito del principio de legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. En consecuencia, un juez deberá defender la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales, y servir como ejemplo de ella”. De no ser así la justicia queda sometida a un “juez maniatado”.

La política de seguridad del gobierno en los últimos años, mantiene al país en un estado de incertidumbre frente a la continua violación de los derechos humanos, con una crisis vigente que amerita un análisis juicioso de las instituciones que conforman este cuerpo normativo especial, creado para legitimar la reinserción del paramilitarismo a la vida social colombiana.

El autor referido encuentra que la independencia judicial puede ser considerada como tal si se cumplen algunos parámetros que permiten evidenciar su potencia y su legitimidad, los cuales se describen a continuación.

La rama judicial, definida como aparato de control social, factor de cohesión y garante de la dignidad y los derechos de la ciudadanía, ejes nucleares del equilibrio entre democracia, derecho y seguridad jurídica, requiere de mecanismos de protección y garantía para el ejercicio adecuado de los fines de la justicia, como son la independencia y la autonomía judicial.

La independencia judicial se concreta en el cumplimiento de los principios de igualdad, legalidad y justicia, en Colombia, históricamente, el Ejecutivo se ha caracterizado por gozar de amplias competencias y pocos controles; hasta hace poco la Corte Constitucional comenzó a ser un contrapeso al poder del Ejecutivo.

La defensa de la Constitución es un objetivo prioritario para acceder a la independencia judicial, los jueces y las cortes deben contar con un nivel adecuado de independencia a fin de poder declarar inconstitucionales aquellas leyes o decretos que, producidos por el Ejecutivo, riñan con la norma superior. Para cumplir este objetivo se deben reconocer constitucionalmente, de manera específica, poderes de revisión judicial.

Garantizar la independencia de las otras ramas del poder público es la base del esfuerzo del juez, para que pueda actuar con independencia e imparcialidad, con relación a sus legítimas aspiraciones, las de las partes y las de la sociedad, en la valoración probatoria que le permita alcanzar la certeza para tomar la decisión que en derecho corresponda.

El debilitamiento

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