LEY HABILITANTE

La aprobación de una nueva Ley Habilitante en la República Bolivariana de Venezuela por parte de su poder legislativo, la Asamblea Nacional, ha originado un debate desde la oposición que raya en lo risible y, sólo entendible en su carácter de fuerzas políticas que se oponen absoluta y prejuiciadamente a todo lo que propone o ejecuta, en cualquier área de la gestión publica, el gobierno del Presidente Hugo Chávez.

La habilitación legislativa al Ejecutivo Nacional para que dicte decretos con fuerza y rango de leyes, forma parte de preceptos constitucionales en la historia del siglo XX de America Latina y en particular en Venezuela.

Quizás la más añeja aparición de esta figura se encuentra en la Constitución de la República de Chile de 1925, articulo 45, distinguiéndose por establecer un límite material al fijar un máximo de un año su vigencia. De igual manera, en la Constitución de la Republica Federativa de Brasil de 1988, articulo 68 y en la Republica de México, en su artículo 131, luego de la reforma constitucional de 1951, establecían la delegación de facultades legislativas en materia económica.

La experiencia de nuestro país se remonta a la Constitución de 1945, articulo 78, que permitía al Congreso Nacional “autorizar temporalmente al Presidente de la República para ejercer determinadas y precisas facultades extraordinarias destinadas a proteger la vida económica y financiera de la nación, cuando la necesidad o la conveniencia pública lo requieran”. Posteriormente en la constitución de 1947, articulo 162, la disposición comentada se ratifica.

Con el advenimiento de la democracia formal se consagró en la Constitución Nacional de 1961, articulo 190, como atribución del Presidente de la Republica de Venezuela “dictar medidas extraordinarias en materia económica o financiera cuando así lo requiera el interés público y haya sido autorizado para ello por ley especial”. De hecho, Rómulo Betancourt fue partero en esta materia cuando le fue aprobada por el Congreso Nacional, el 29 de junio de 1961, una “ Ley de Medidas Económicas de Urgencia” que, entre otras decisiones, le permitió utilizarla contra los trabajadores al congelar la contratación colectiva y los salarios del sector publico por un año.

Con la victoria de la revolución bolivariana que impuso un proceso constituyente de origen popular se reafirmó en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 203 y 236, la posibilidad de delegar al Presidente o Presidenta de la República para “Dictar, previa autorización por una Ley Habilitante, decretos con fuerza de Ley”.

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