LICITACION

CAPÍTULO SEGUNDO. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

A. ANTECEDENTES DE LA OBRA PÚBLICA EN MÉXICO

Indudablemente en nuestro país los antecedentes más remotos de los contratos los

encontramos en la época prehispánica, específicamente en relación con las obras públicas,

en virtud de que como consecuencia de la obediencia a un régimen teocrático la obra

pública estaba dirigida, en buena parte, al desarrollo de las ideas imperiales y religiosas de

aquellas sociedades.

A pesar de lo anterior, José Pedro López Elías considera que la primera licitación

que como tal se celebró en nuestro país, se efectuó en 1767, con la ejecución de la obra

pública del desagüe de la ciudad de México1. Ahora bien, no debemos olvidar que la

influencia española en los actos jurídicos que se celebraban en nuestro país en la época de

la colonia era notoria, por lo que aun durante los primeros años del México independiente

los contratos se regían por los ordenamientos jurídicos hispanos vigentes en la época

colonial.

Las primeras normas relativas a los contratos en nuestro país se dieron en torno de

contratos del Estado que versaban sobre empréstitos públicos, entre dichos documentos

normativos encontramos los siguientes:

a. Decreto de 25 de junio de 1822. Referente a un préstamo de 25 a 30 millones,

emitido por Agustín de Iturbide.

b. Decreto del 1º de mayo de 1823, relativo a un empréstito de 8 millones. Emitido por

el Congreso Constituyente después de que Iturbide fuera depuesto como emperador.

1

LÓPEZ-ELÍAS, José Pedro. Aspectos Jurídicos de la Licitación Pública en México. Instituto de

Investigaciones Jurídicas. UNAM.México: 1999. p. 30.

c. Decreto del 27 de agosto de 1923, referente a un empréstito por 20 millones,

emitido por el Congreso de 1822-1823.

d. Acta constitutiva de 1824, expedida por el Congreso Constituyente con la que se

pretendía asegurar el federalismo.

Durante aquella época a pesar de que comenzaban a darse los casos en los que se

utilizaba la licitación, el medio jurídico más utilizado fue la concesión, especialmente en la

construcción de caminos, en relación con ello, el gobierno y el Congreso expidieron una

serie de disposiciones relativas a la materia, por ejemplo:

•

Decreto de 9 de octubre de 1826 por el que se autorizaba al gobierno para la

apertura de los caminos de la República, constituyendo el primer documento

normativo del México independiente por el cual se regulaba la obra pública

y el régimen de peaje.

•

Ley de 29 de marzo de 1834, que fuera publicada por bando el 3 de abril de

1834, con miras a impulsar la industria nacional, reiteró el otorgamiento de

facultades al gobierno para contratar la apertura o mejora de caminos del

país, a través del régimen de peaje.

•

Ley del 11 de septiembre de 1827, sobre una junta de peajes en los caminos

entonces existentes y que administraba el Consulado de México.

•

Ley de 25 de marzo de 1835, que aclara la de 29 de marzo de 1834 en el

sentido de su no retroactividad.

•

Decreto de Santa Ana de 24 de septiembre de 1843 que da reglas generales

sobre los caminos, constituyendo el primer intento de sistematización

normativa relativa a vías de comunicación.

•

La Constitución Política de 1857 en su artículo 72, fracciónXXII, determinó

que es facultad expresa del Congreso de la Unión: Dictar leyes sobre vías

generales de comunicación y sobre postas y correos, con lo que se abrió la

posibilidad de contratación de obra pública relativa a vías generales de

comunicación y la concesión de su explotación para recuperar el costo de

inversión.

•

Decreto de 17 de enero de 1868, sobre conservación de caminos, y penas

que debían imponerse a los que los deterioraran.

•

Ley de 16 de diciembre de 1881, sobre reglamentación de ferrocarriles,

telégrafos y teléfonos y su Reglamento de 1º de julio de 1883.

Ante el número elevado de disposiciones con respecto a las vías generales de

comunicación, el gobierno tuvo la necesidad de decretar la creación de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes a través de la Ley de las Secretarías de Estado del 13 de

mayo de 1891.

El 25 de abril de 1893, Porfirio Díaz, como presidente de nuestro país, publicó la

Ley de la Renta Federal del Timbre que tuvo por objeto unificar la legislación relativa a

diversos tributos. En tal ordenamiento se contempló el pago de un impuesto por concepto

de avisos o anuncios de remate o almoneda, así como la exención del pago del impuesto a

los contratos celebrados oficialmente entre autoridades o corporaciones oficiales. Es

conveniente señalar que durante el porfiriato los contratos de obras públicas respondían al

sistema de contratismo, por el cual los adjudicatarios de las obras eran seleccionados

arbitrariamente a capricho del mandatario.2

A partir de la Constitución Política de 1917 encontramos el primer antecedente

moderno de loscontratos administrativos y la licitación pública. Fue en este año cuando la

Constitución contempló por primera vez el artículo 134, que fue aprobado el 27 de enero de

1917, después de que en el proyecto de Constitución de Venustiano Carranza dicho

precepto no figuraba y fue necesario que el Congreso Constituyente, a través de la

Comisión de Constitución, integrada por los diputados Paulino Machorro Narváez,

Heriberto Jara, Arturo Méndez e Hilario Medina, presentara la propuesta de adición de

dicho artículo y tras una breve discusión fue aprobado con el texto siguiente:

Artículo 134. Todos los contratos que el gobierno tenga que celebrar para la ejecución

de obras públicas, serán adjudicados en subasta, mediante convocatoria, y para que se

presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública

Como puede observarse este precepto sólo contemplaba los contratos de obras

públicas y permaneció, prácticamente sin modificación hasta el 27 de diciembre de 1982,

cuando el artículo 134 constitucional

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