La Admon

LA ADMON=La administración pública presta un servicio a la sociedad y esta es la base de su legitimación, atender a los intereses y deberes de los ciudadanos en un marco de equilibrio, eficiencia y eficacia. Los cambios económicos y sociales están produciendo un cambio en la percepción y exigencia que los ciudadanos tienen de los servicios públicos. Este cambio exige nuevas formas de relación con los ciudadanos y consecuentemente nuevas formas de organización. Responder a estas nuevas exigencias requiere de una administración capaz de adaptarse a las nuevas demandas sociales mediante una reforma organizativa y cultural en la prestación de los servicios públicos.

Por tanto, la modernización de la administración es necesaria tanto para atender dichas nuevas exigencias como para asumir el aumento de tamaño originado por las nuevas competencias. Dos son las líneas de trabajo que orientan este proceso de cambio. Por una parte, la voluntad real de llevar a cabo este proceso de adaptación, un renovado compromiso con la responsabilidad de servicio público que sitúe a los empleados y a sus responsables como administradores de recursos públicos y a los ciudadanos como elemento central de sus preocupaciones y, por otra, la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos administrativos y de prestación de servicios que permitan romper con viejas reglas para crear nuevas formas de trabajo imprescindibles con las que dar respuesta a las exigencias de los ciudadanos.

EL PRIMER aspecto, quizá el más importante, dentro de este proceso de modernización es el que tiene que ver con la gestión y organización del personal de la administración. El antiguo modelo de empleado público está dando paso a uno nuevo en el que la formación y la carrera profesional toman un papel de primera importancia. La formación es vital porque continuamente aparecen nuevas herramientas y procedimientos que los trabajadores deben incorporar a sus hábitos de trabajo; de no hacerlo, entorpecerían el funcionamiento de la administración en su conjunto.

Por otro lado, el diseño de una carrera profesional real cobra una gran importancia dentro de la motivación del trabajador, que puede asumir diferentes retos a lo largo de su vida laboral sin sentirse estancado en un mismo puesto de trabajo. Esta carrera profesional ha de ser entendido no sólo en sentido vertical, si no también en el horizontal; al igual que en el sector privado es normal que los trabajadores desarrollen su carrera en diversos sectores, también se ha de dar esa oportunidad al empleado público, de modo que pueda avanzar hacia aquellas actividades para las que esté mejor preparado en cada momento y dé respuesta a las necesidades de cada servicio. Todo ello ha de ser complementado con un nuevo enfoque del modelo retributivo, en el que se debe incorporar incentivos económicos a la productividad, al rendimiento y a los resultados. De este modo se consigue un doble objetivo, al mejorarse la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y, por parte del trabajador, al ver un fruto adicional de su esfuerzo por desarrollar una carrera profesional sólida.

LAS NUEVAS tecnologías incorporadas al mundo laboral están obligando a un considerable esfuerzo de adaptación, todo ello desde dos vertientes. En primer lugar, desde el punto de vista organizativo, el sistema de trabajo de hoy en día tiene muy poco que ver con el de hace sólo unos años. La informatización está alcanzando todos los niveles y cada vez son más los procedimientos que se realizan integralmente en red. Ello está dando como resultado un considerable ahorro en tiempos de trabajo y, por otro lado, una ganancia en la transparencia y control del gasto público. En segundo lugar, no por ello menos importante, la modernización de los procedimientos también ha de realizarse de cara al público. Cada vez son más los trámites administrativos que el ciudadano puede realizar a través de canales como Internet o el teléfono. El modelo de ventanilla única, a través de la cual se pueda realizar cualquier tipo de gestión con el sector público, debe ser un elemento imprescindible de una administración moderna. Todo ello ha de redundar en una relación entre la administración y el ciudadano más rápida y fluida y en una gestión más eficiente de los servicios públicos.

Otro aspecto importante dentro de la implantación de las nuevas tecnologías consiste en el papel de la administración como agente económico. A través de su relación con las empresas de la comunidad, la modernización de sus procedimientos está sirviendo como fuerza tractora para incentivar también la modernización de dichas empresas, que deberán adaptar sus procedimientos a las nuevas tecnologías para poder seguir optando a contratos con la administración o para ganar fluidez en sus relaciones con la misma, lo que supone un claro impulso a la competitividad de las empresas de nuestra comunidad, un aspecto vital en la economía globalizada de hoy en día.

En resumen, la atención de las necesidades del ciudadano, la provisión de servicios de calidad y la eficiencia en el gasto necesario para realizar dicha provisión deben ser los principios que guíen la acción del sector público, pues es lo que lo legitima a la hora de atender las necesidades más básicas de todo ciudadano. La demanda de servicios públicos crece y cambia según se transforma la sociedad y la administración tiene la obligación de atender dichas necesidades para poder garantizar a todos los ciudadanos una igualdad de oportunidades real, evitando la exclusión social y corrigiendo los desequilibrios territoriales, compaginando estas obligaciones con el impulso al crecimiento económico. La modernización de la Administración Pública es un esfuerzo necesario, por lo tanto, que legitimará el conjunto de su actuación.

Contratos unilaterales y bilaterales[editar • editar fuente]

Contrato unilateral: es un acuerdo de voluntades que engendra obligaciones solo para una parte. Contrato bilateral: es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a obligaciones para ambas partes. Cuando en un contrato unilateral existen obligaciones que impliquen la transferencia de una cosa, si esta se destruye por caso fortuito o fuerza mayor es necesario poder establecer quién debe de sufrir la pérdida. La cosa siempre perece para el acreedor (en los contratos traslativos de dominio el acreedor es el dueño; mientras en los contratos traslativos de uso, el acreedor a la restitución es el dueño y la cosa perece para él). Si el contrato fuere bilateral no habría posibilidad de plantear el problema, porque esta cuestión supone que siendo las obligaciones recíprocas, una parte no cumple entregando la cosa, por un caso de fuerza mayor y en atención a esto la otra parte debe cumplir, ya que no es imputable el incumplimiento del deudor.

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