La tutela judicial efectiva

TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LO DESARROLLADO EXPLIQUE BREVEMENTE SOBRE LAS CONDICIONES DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN Y SU RELACIÓN CON LA TULELA JURISDICCIONAL EFECTIVA

Por derecho a la tutela judicial efectiva se entiende aquel derecho fundamental, de configuración legal, contenido complejo y constitucionalmente reconocido a todas las personas, consistente en el derecho de estas a tener libre acceso a los tribunales para solicitar de éstos la tutela de un derecho subjetivo o de un interés legítimo y obtener una resolución de fondo fundada en Derecho.

Así, resulta fácil de comprender, que pocos derechos fundamentales tienen una fuerza expansiva o normatividad inmanente como el de tutela efectiva, a pesar del modo tan simple y breve con que se encuentra constitucionalmente formulado (fuerza y significación del derecho a la tutela judicial efectiva que se destaca por ejemplo en sentencias como la STC 84/93 (FJ1). Como tampoco existe duda de que los principios constitucionales que tienen una especial fuerza normativa son tres: el de igualdad, el de presunción de inocencia y el de la nombrada tutela judicial efectiva.

Entendiendo, dicho lo anterior, y según STC 27/81 que los principios constitucionales no son compartimentos estancos, sino que al contrario, cada uno de ellos cobra valor en función de los demás y en tanto sirve a promover los valores superiores del ordenamiento jurídico. Y entendiendo también, que la tutela judicial efectiva no es tan sólo un principio, sino un derecho fundamental de toda persona porque es fundamento, junto con otros, del orden político y de la paz social.

Un derecho, el de la tutela judicial efectiva, cuyo contenido comprende tres facultades esenciales: la facultad de acceder al proceso o a la jurisdicción, la facultad del derecho a la defensa contradictoria, y la facultad del derecho a la efectividad de la sentencia. Y un derecho fundamental, un principio el de la tutela judicial efectiva según el cual cualquier persona puede y debe ser amparada en el ejercicio pacífico de sus pretensiones ante la justicia. Un derecho y principio que fue recogido en la LOPJ/1985, cuya finalidad última es la función judicial de resolver definitiva y eficazmente los conflictos que se le someten (STC 11/88) y que se ha visto desarrollado y elaborado desde las primeras sentencias de la Sala del Tribunal Constitucional.

Entonces es evidente y resulta de destacar sobre el derecho a la tutela judicial efectiva que la doctrina constitucional ha ido definiendo y perfilando una serie de conceptos o principios que derivan del de tutela efectiva y forman parte del contenido de ese derecho fundamental.

Quede claro que en estos casos (subsanación, conservación, proporcionalidad, acceso al proceso, derecho a los recursos, etc.) no estamos ante derechos fundamentales distintos del de tutela efectiva, sino ante diversas facetas que se integran en el contenido de la tutela efectiva.

Y quede claro también, que incluso todos los derechos fundamentales aludidos separada y específicamente en el artículo 24 CE guardan una relación directa con el de la tutela judicial efectiva.

Pero si eso queda claro, también queda patente y evidente que la complejidad del derecho a la tutela judicial efectiva es más que palpable. Así, esa complejidad de contenido se traduce en que el derecho a la tutela judicial efectiva tiene un amplio número de vertientes o facetas, que en síntesis, pueden ser reconducidas en resumidas cuentas las siguientes: el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a una resolución de fondo (derecho que se encuentra en el contenido normal de dicho derecho, según sentencias como la STC 96/91, y que en caso contrario debe responder a una causa motivada y razonable tal y como se enmarca en sentencias como la sentencia STC 32/91 ), el derecho a aun resolución fundada en derecho, el derecho a los recursos, el derecho a la ejecución, el derecho a la invariabilidad e intangibilidad de los pronunciamientos y el derecho a la tutela judicial

Un análisis de algunas de las facetas mencionadas del derecho a la tutela judicial efectiva permite establecer la conclusión de que en todas ellas subyace una razón común: la imposición de un canon de razonabilidad y proporcionalidad en la interpretación de las normas procesales para el ejercicio activo del derecho a la tutela judicial efectiva.

Ahora bien, el problema consiste en que ese canon puede ser formulado con distintos grados diversos de intensidad o exigencia. Y es en esa formulación, donde en la práctica se pone de manifiesto y adquiere trascendencia física y pública la complejidad, ya no tanto del ejercicio, sino

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