Las Leyes Habilitantes De Corte Socialista

Los 5 Motores

Las leyes habilitantes de corte socialista son importantes ya que el gobierno debe gobernar; mientras se discute en la Asamblea Nacional la reforma constitucional para instrumentar el socialismo. El país, como quiere la derecha, no se puede paralizar, mientras se efectúa la reforma constitucional socialista, a pesar de procurarse la más amplia consulta para la reforma constitucional; por ello la ley madre, la ley habilitante, va a ser un instrumento fáctico que nos llevará a puerto seguro del socialismo.

Motor Nº 1

La Ley Habilitante

El primer motor socialista es la solicitud de poderes especiales a la Asamblea Nacional; mediante la Ley Habilitante. La Ley Habilitante se encuentra contemplada en la Constitución Bolivariana, como una modalidad en el proceso de formación de leyes (artículos 203 y 236). La justificación principal de esta solicitud fue la de acelerar la transformación socialista por medio de la reforma y la promulgación de algunas leyes. Esa es la apuesta gubernamental.

Por otra parte, ciudadanos y ciudadanas; a través de sus entidades asociativas y las comunidades organizadas tienen el pleno derecho a conocer, participar y hacer seguimiento del mencionado proceso habilitante. El pueblo venezolano tiene derecho a exigir consulta, inclusión y transparencia en ese proceso habilitante. Y si el “núcleo estratégico” del Gobierno Nacional, piensa que de esta forma puede imponer, en nombre del socialismo, un marco legal restrictivo a los derechos y libertades democráticos cometerá un craso error, porque la sociedad civil está aún en capacidad de hacer valer sus legítimos derechos. No lo olviden.

Motor Nº 2

La reforma profunda de la Constitución Bolivariana

El segundo motor es la reforma de la Constitución Bolivariana. Aunque parezca mentira, la Constitución Bolivariana, considerada entre las mejores del mundo (pese a eliminar el derecho a la representación de las minorías; por ejemplo) llegó a su fin, luego de una efímera vigencia de tan sólo siete años.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –o mejor dicho, su cumplimiento por las autoridades públicas- dejó muchas deudas y procesos inconclusos. Uno de ellos, que es el desarrollo de la descentralización como estrategia de desarrollo nacional (artículos 157 y 158) no se cumplió. Tampoco se creó el Consejo Federal de Gobierno (artículo 185) ni el fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana, como los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (artículo 166), ni de los Consejos Locales de Planificación Pública (artículo 182). Además la implantación del presupuesto plurianual (artículo 313) y los mecanismos de rendición de cuentas (artículo 315), nunca fueron implementados.

Los derechos a la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos (artículo 62) no fueron desarrollados a plenitud. Y sobre este punto en particular, la promulgación de una Ley de Contraloría Social quedó pendiente. Igual suerte sufrieron, el derecho a la vivienda (artículo 82), el sistema nacional de salud (artículos 83 y 84) y el sistema de seguridad social (artículo 86).

La Constitución Bolivariana será reformada con el objetivo básico de incluir la reelección indefinida del Presidente de la República y, con el propósito –indudable- de agregarle un componente socialista, un sexto poder, el de los consejos comunales; así como la eliminación de la descentralización, la supresión de cualquier forma de privatización y la autonomía del Banco Central. Es decir, la Bolivariana, dejará de existir, pasará a ser otra Carta Magna, con unos valores distintos a aquellos democráticos que aún posee.

La reforma de la Constitución Bolivariana (como he escrito anteriormente) no puede ser un asunto exclusivo de una persona, ni de élites burocráticas, ni de grupos especializados o de las entidades políticas. No señor. Una reforma constitucional es un proceso vital y estratégico para el país, para todos sus habitantes; y mucho más ahora cuando se pretende modificar de una manera sustancial el sistema económico, social y político de Venezuela.

El Gobierno Nacional y los factores políticos de la oposición se encuentran en la obligación de abrir oportunidades de inclusión y participación a la ciudadanía en general, en este asunto. Por supuesto que, los movimientos sociales, populares y ciudadanos podrán emprender iniciativas de organización y opinión en forma autónoma y soberana. Y por cierto, ¿qué labor han realizado las sendas comisiones (técnica y política) que designó el Gobernador Rosales para tratar el tema constitucional desde la oposición democrática?

Otra cosa es que la reforma constitucional requerirá ineludiblemente la realización de un proceso constituyente. No sería extraño que el oficialismo no acepte esa realidad y trate de eludir -bajo alguna argucia argumental- la realización de un proceso constituyente. En todo caso, la realización o no de una reforma constitucional con las características que se han asomado hasta el momento, dependerá en gran medida de la presión del pueblo en ejercicio pleno de sus derechos de opinión y de participación; sin ningún tipo de represión.

Motor Nº 3

La Jornada Nacional de Educación Popular “Moral y Luces”

La Jornada de Educación Popular “en todos los espacios, en el hogar, en la escuela, en el taller, en el campo, en el barrio, en todas partes”; sin lugar a dudas, representa una iniciativa gubernamental trascendente. Y aunque el Presidente Chávez no dio mayores detalles sobre su contenido, no resulta difícil suponer la orientación “ideológica” de tales jornadas.

Desde un punto de vista ciudadano, la Jornada Nacional de Educación Popular “Moral y Luces” podría servir para impulsar un amplio debate ideológico en todo el país, donde los sectores ciudadanos expresen su visión alternativa y democrática frente a la propuesta oficialista. Ahora más que nunca, se hace necesario rescatar la pluralidad y la libertad de pensamiento y expresión.

Motor Nº 4

La Nueva Geometría del Poder

La Nueva Geometría del Poder, se basaría en un cambio de la división político-territorial de Venezuela. La propuesta encierra dos basamentos sustanciales. En primer lugar, la reducción del número de municipios y, en segundo término, la creación de dependencias o territorios federales con un régimen político-administrativo especial, basado en los consejos comunales.

Los municipios constituyen la unidad política primaria de la República, gozan de personalidad jurídica y de autonomía dentro del marco

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