Ley De Educacion Nacinal

Primera parte

A partir de su propia sanción, en el año 1993, la Ley Federal de Educación fue objetada y resistida, especialmente por uno de los principales actores del proceso educativo: los docentes.

No es de extrañar que esto ocurriese. No hizo falta que transcurra una década para que fehacientemente quede a las claras el fracaso de la implementación de esta norma. (Véase documento de la UDA "La Educación es un compromiso de todos”)

A la fecha no existen jurisdicciones en que la Ley se aplique de igual manera, especialmente desde el punto de vista de la Estructura Educativa. Ya en el documento citado, nuestra entidad claramente demostraba la atomización del Sistema Educativo Nacional que provocó la pseudo-aplicación de la Ley Federal. Por sí solos estos hechos demuestran la necesidad de sancionar una nueva Ley de Educación.

Los motivos de la inaplicabilidad de la Ley están presentes en la génesis de su propia concepción:

• La Ley Federal, de aplicación obligatoria, se contrapone y colisiona con no pocas normativas preexistentes en las provincias.Inclusive colisiona con las Constituciones Provinciales.

• Se ejecuta casi inmediatamente con posterioridad a otro cambio traumático para la educación: la transferencia de servicios educativos, realizada a partir del año 1992, que ya de por sí fragmentó y atomizó el Sistema Nacional de Educación. Esta transferencia de servicios no sólo se hizo de forma apresurada, sino también sin tomar los recaudos financieros necesarios para garantizar a las provincias los recursos que les hubiesen permitido recibir los establecimientos educativos que dependían de la Nación, en condiciones si no óptimas, por lo menos aceptables.

• La vertebración a nivel país que garantizaba este sistema no fue reemplazada por nada. La Ley Federal no prevé esto. Lo que implicó un proceso de disgregación a todo nivel, desde el pedagógico y salarial hasta el laboral y financiero, quitando así toda posibilidad de articulación real y posible entre las provincias, impidiendo sostener desde la realidad los principios de identidad nacional que la propia Ley Federal sostiene. Más allá de sus iniciativas y esfuerzos, la creación del Consejo Federal no bastó para contrarrestar los efectos de atomización citados, marcándose una nueva contradicción toda vez que las resoluciones del Consejo Federal no son vinculantes.

• Es contradictoria al centralizar la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo, mientras que como contraparte la mayor parte del peso de sostenimiento del sistema recae sobre las provincias, por lo cual no pocas veces las decisiones del ejecutivo fueron inaplicables en varias jurisdicciones. Lo mismo ocurre cuando centraliza las políticas de control y evaluación en el Ejecutivo Nacional, sin proponer articulación alguna con cada jurisdicción que permita llevarlas a cabo cabalmente.

• Introduce en el ámbito educativo la concepción y la ejecución de políticas sociales que nada tienen que ver, por lo menos formalmente, con la institución escuela, convirtiendo, especialmente en las zonas y provincias de menores recursos, a la escuela en una entidad asistencial, y a los docentes los obliga a cumplir con funciones de asistencia social, que deben depender de otra área.

• La modificación de la estructura del sistema educativo, con la creación de la EGB y el Polimodal, fue el punto más conflictivo y de mayor grado de inaplicabilidad (Véase una vez más el documento de UDA"La educación es un compromiso de todos"). A trece años de sanción de la Ley Federal de Educación, aún no existe ningún tipo de uniformidad entre las jurisdicciones en este aspecto. La creación de la nueva estructura desjerarquiza los niveles de enseñanza, en términos coloquiales la frase remanida de los docentes: "se primarizó parte de la enseñanza secundaria" es de absoluta aplicación y vigencia en este sentido.

• No existe referencia alguna en la LFE a cuáles son los criterios pedagógicos que sustentan la estructura propuesta. Cambia la concepción esencial y básica acerca del tema del conocimiento reemplazándolo por el de "..saberes socialmente significativos..." , sin siquiera especificar cuáles son.Esta nueva concepción nos aleja bastante de considerar a la educación como formadora y transmisora de conocimiento científico, quitándole a las cátedras que se dictan este carácter: el de ciencia. O sea que la LFE contrapone adquisición de saberes socialmente válidos con la esencia que caracteriza a nuestra escuela, que desde su raíz se basó en la adquisición de conocimientos, entendiendo por esto, la capacidad de desarrollar no sólo operaciones de pensamiento, sino también el conocimiento científico.

• Un tema aparte es el de la Educación Técnica: la Ley Federal por omisión, o quizás más correctamente por concepción, prácticamente la anula.

• La LFE no considera ni desarrolla lo esencial de otras modalidades o niveles, particularmente lo referido a Educación Especial, Artística y de Adultos.Tampoco desarrolla la modalidad Agrotécnica ni la de Formación Profesional.

• Una falla esencial de concepción que posee la Ley Federal de Educación es no tener en cuenta que la educación es un proceso. No sólo un proceso teórico y formal. La práctica educativa, esto lo conocemos bien los docentes, es un proceso que fija gradualidades. Es imposible realizar cambios de raíz en cualquier sistema educativo, si no se propone su realización gradual, en términos de tiempo realizables, y evaluables.Sin embargo, esta falla importantísima no es el motivo capital del fracaso de la Ley Federal de Educación, sino más bien todo lo antedicho.

• Esencialmente, cualquier cambio de magnitud depende en gran medida de la formación de sus actores. En este aspecto no se previó un correcto desarrollo en el texto, y mucho menos en la práctica, de la temática del nivel terciario. Casi se puede decir que los Institutos de nivel terciario continuaron formando docentes para "el viejo sistema".

• Asimismo el espacio que se le dedica al ámbito Universitario en el texto de la Ley es irrelevante.

• Desde otro punto de vista, el laboral, los artículos de la LFE que hacen referencia a ello, no pasan de lo declaratorio. Es indispensable que cualquier Ley de Educación garantice a los docentes, no sólo desde lo formal, una legislación que ampare sus derechos, la estabilidad laboral, un salario digno (fijando un piso superior a las necesidades básicas), establecimientos dignos y seguros, capacitación gratuita, de calidad y continua y a cargo del Estado.

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