Ley Proteccion Al Consumidor

El proyecto de ley trata sobre la prohibición en las empresas del sistema financiero el cobro de comisiones por membresías a los consumidores que adquieren o renueven una tarjeta de crédito. A continuación, se presentarán los motivos, antecedentes normativos, su incidencia legal y por último, los beneficios que esta ley conllevaría.

En el Perú existen cerca de 7 millones de tarjetas de crédito y va en aumento. Esto demuestra que la gente está prefiriendo usar este método como forma de pago y también se promueven sus adquisiciones mediantes la apertura de nuevos negocios que generalmente cuentan con POS (estos cobran una comisión cada vez que son usados). Lo que sucede entonces, es que cada vez que un cliente de algún banco quiere sacar una tarjeta o renovarla, se le carga un monto justificado como “comisión”.

Esta situación amerita entonces, que el Estado intervenga, se encargue de supervisar que las transacciones financieras y contratos de crédito sean realizados con responsabilidad y transparencia. Pero más que todo, evitar las cláusulas abusivas por estas entidades que se aprovechan de las necesidades de los consumidores, ya que dentro del servicio de préstamos, el consumidor tiene que devolver el dinero con un porcentaje de intereses, mas no debería estar obligado a pagar una comisión por tener este derecho como si se tratase de un club.

En cuanto a los antecedentes normativos, existe un mandato en el artículo 65 de la Constitución en el cual defiende el interés de los consumidores y usuarios y también brinda información pertinente sobre los bienes y servicios del mercado. Asimismo, el Código de Protección y Defensa al Consumidor, en la prestación de servicios, apoya el desarrollo de su normalización, a efectos de obtener los mejores estándares en beneficio y bienestar del consumidor, tratando de evitar métodos coercitivos y que se aprovechen del consumidor. Ya dentro del artículo de las comisiones específicamente, se indica que para que exista en la prestación de un servicio, debe estar sustentada técnicamente y tiene que existir un gasto real y demostrable para el consumidor. En donde no estaría justificado un cobro por membresía o renovación, según la Ley Complementaria de Protección al Consumidor. Por consiguiente, lo que se quiere lograr con la implementación de esta ley, es la abolición de dichas comisiones ya que no cumplen los requisitos y además son consideradas injustas para el consumidor.

Según el proyecto de ley, la implementación de esta no generaría ningún gasto público pero si varios beneficios: mejorar la calidad de los servicios financieros a nivel nacional, garantizar la transparencia en el sistema financiero, contribuye mayor conocimiento a los usuarios a la hora de adquirir este servicio y a su vez, mayor certeza a la hora de conseguir o renovar una tarjeta de crédito y ayuda a la SBS a identificar posibles cláusulas abusivas.

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