Medidas Cautelares En El Proceso Adsministrativo Venezolanp

EL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO

ADMINISTRATIVO EN VENEZUELA

INTRODUCCIÓN.

El surgimiento y evolución de las medidas cautelares en el Derecho procesal administrativo es de reciente data si se toma en cuenta el grado de madurez que ha alcanzado el Derecho Administrativo en el mundo occidental-y es el resultado de una construcción jurisprudencial que se inicia con una decisión retoriana dictada el4 de diciembre de 1967, por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de justicia, quien posteriormente iría construyendo el conjunto de principios que conformarían la primer

a de las medidas cautelares que se conoció en el proceso administrativo:

La suspensión de la ejecución de los actos administrativos. La Corte Suprema de Justicia, por primera vez, sin que existiese texto expreso que le otorgase tal posibilidad de actuación, se pronunció sobre la pretensión de suspensión de la ejecución de un acto administrativo que le había cancelado la patente de industria y comercio a la sociedad mercantil realizaría la audiencia pública donde las partes debatirían ante el órgano jurisdiccional sobre la procedencia o no de la pretensión cautelar, debiendo éste pronunciarse dentro del lapso de 24 horas siguientes a la finalización de la audiencia.

Luego, la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa efectuó una interpretación

armónica de los artículos 5 y 22 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías

Constitucionales que conllevó a la concesión de la pretensión cautelar de amparo constitucional

inaudita parte, siempre que se cumpliesen los presupuestos para ella. Frente a este criterio, se

produjo una reacción, a través de dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia en Pleno que

sostenían la necesidad de tramitar el proceso contradictorio antes de conceder la protección

cautelar, en virtud de que se consideraba contrario a la Constitución la concesión del amparo

cautelar inaudita parte, como lo permitía expresamente el artículo 22 de la referida Ley

Estas decisiones constituyeron el preámbulo de la declaratoria de inconstitucional del mencionado artículo 22 de la Ley, lo que condujo a que la propia Corte Suprema de Justicia propusiese a los

jueces del orden jurisdiccional administrativo, tres posibles soluciones para la tramitación de la

pretensión del amparo cautelar

a) Tramitar la pretensión conforme a lo establecido en los artículos 23 y siguientes de la Ley

Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

b) Si la pretensión tenía

por objeto la suspensión de la ejecución del acto administrativo recurrido,

se le podía dar el trámite establecido en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de

Justicia.

c) Si la pretensión perseguía una medida cautelar innominada, similar a la prevista el artículo 588

del Código de Procedimiento Civil, se podría tramitar conforme a lo establecido en dicho texto

legal.

Hay que advertir que el supuesto planteado en el literal b) conllevaba a continuar tramitando la pretensión cautelar de amparo en el caso del proceso de anulación de actos administrativos, inaudita parte, en virtud que el referido artículo de la Ley Orgánica de Corte Suprema de Justicia,

no contemplaba procedimiento de audiencia, ni forma alguna de contradictorio una vez concedida

la suspensión de la ejecución. Así las cosas, en virtud del mandato de simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites que se deben realizar en el proceso para alcanzar la Justicia, establecido en el artículo 257 de la Constitución de 1999, la jurisprudencia

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