PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN EL FORTELECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En la presente década se observan tendencias a nivel global, que inciden en los procesos económicos, sociales y políticos. Según Boisier, (2006:14), a nivel internacional se muestran por lo menos cuatro Megatendencias, como son: la revolución científica tecnológica; el proceso de reestructuración política del Estado y administrativa del gobierno; la creciente y universal demanda de los cuerpos organizados de la sociedad por mayores espacios de autorrealización y la tendencia a la privatización. Uno de los aspectos fundamentales en las políticas del Estado, es la demanda creciente de los ciudadanos organizados en participar en las mismas, a los fines de mejorar las condiciones de su calidad de vida.

Al hablar de las grandes tendencias globales, vale la pena destacar lo señalado por Ezquerra (2005:5) cuando expresa que aunque pudiera ser viable alcanzar la deseada meta del desarrollo socioeconómico en avances tecnológicos y potencial productivo, este objetivo esta cada vez mas lejos de las enormes masas de población en América Latina. Es decir, existen países desarrollados con elevados estándares de vida, que contrastan con países latinoamericanos, donde se presenta escaso desarrollo y enormes desigualdades sociales, lo cual se traduce en grandes contingentes de población al margen de derechos primordiales como son la educación y la salud entre otros.

Dentro de este contexto destaca la pobreza, como fenómeno social notable, y que según Bernardo Kliksberg, en la actualidad, la pobreza tiene

una presencia muy central en América Latina. Una estimación de las Naciones Unidas para toda la Región señala que entre 1970 y 1980 había 50 millones de pobres e indigentes, pero que en el 2000, serian 224 millones. La magnitud y profundidad de la pobreza latinoamericana, tiende a crear una realidad que va más allá de ella. Amplios sectores de la población se hallan en situación de exclusión; están fuera de los mercados, de la producción y la educación al margen de la sociedad organizada.

Venezuela, un país de grandes riquezas y potencialidades, no escapa a la situación anteriormente plasmada, presentándose un panorama de profunda pobreza e inequidad social en la cual esta inmersa la población, dicha realidad se refleja en el Índice de Desarrollo Humano (0.8786), según el Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo (2006) .

A los fines de dar respuesta a esta problemática, en los organismos y foros internacionales se ha determinado que la participación ciudadana es un mecanismo viable para mantener la gobernabilidad democrática, entendida según (Arocena, 2001). Como el orden institucional que permite el desarrollo humano sustentable, es decir, desarrollo vinculado a la libertad y capacidad de conocimiento; donde crece la conciencia de la dignidad de la persona y de sus inviolables derechos. Se reconoce la necesidad de garantizarle un mínimo de derechos sociales, económicos y culturales como condición para que el individuo y la sociedad se identifiquen con unas normas que puedan garantizar el ejercicio de la democracia.

De allí, que a nivel internacional se ha acrecentado la organización ciudadana y su participación en los asuntos públicos, sobre todo en Europa y mas específicamente en España, donde la tendencia es a reforzar lo local, ya que los ciudadanos reclaman de forma reiterada estar mas cerca de los procesos de toma de decisiones y por ende participar en las acciones emprendidas por los gobiernos en pro de solucionar los problemas sociales y económicos de las comunidades.

En América Latina, Nuria Cunill (1991:35), expone que la Participación ciudadana en la política local, se ha desarrollado escasamente, atribuyéndolo a factores como: el excesivo centralismo, el control partidista sobre los poderes centrales y estadales, la corrupción y las nacientes democracias como Argentina, Chile y Perú, donde los ciudadanos no participan en los asuntos públicos. En Venezuela, la Constitución de la República (1999: art 62), consagra la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública, como medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Siendo obligación del Estado y deber de la Sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

Esta normativa, conlleva a una revisión profunda de las relaciones Estado sociedad, y en ella las relaciones del Estado con las instituciones de Educación Superior juegan un papel preponderante, por ser estas fuentes y depositarias del conocimiento, el mismo posee un valor estratégico en la generación del crecimiento económico, tal como lo plantea Montilla, (2000), el conocimiento tiene un valor primordial y se asumen novedosas formas para crearlo, comunicarlo y transferirlo, cuando el conocimiento se ha constituido en la génesis central de la tecnociencia como fuente de riqueza. Es por ello, el proceso como se trasmite y transfiere, constituye uno de los elementos primordiales de la dependencia entre países ricos y pobres.

Al respecto, Elizalde citado por Jiménez, expresa que una Universidad debe ser un espacio abierto al mundo exterior e inserto en el mundo real, cuyos temas sean los temas de la gente, de relevancia de las mayorías, los temas vinculados a sus necesidades, los temas sentidos, vividos e intuidos por la diversidad humana, interesada en problemas tales como la calidad de vida, la pobreza, la exclusión, el medio ambiente y su preservación para las generaciones futuras, los derechos humanos, la equidad y la justicia, las emociones y la vida. Universidad a la cual nada de lo humano le es extraño.

En Venezuela a partir del año 1999, se opera un cambio profundo en el ordenamiento jurídico, ya que la carta magna establece formas de participación ciudadana, directa del ejercicio de la democracia, como consecuencia se han emprendido nuevas manifestaciones de los actores sociales, en el sentido de hacerse participes de la gestión administrativa de los diferentes niveles del poder ejecutivo tanto a nivel central, estadal y local.

A igual tenor, como lo expone (Delgado Herrera, 2001), la participación ciudadana como proceso social se percibe como una relación abierta entre el Estado y la sociedad, necesitando para tal fin diversos recursos y procedimientos que deben estar señalados en previsiones sociales, institucionales y legales. En esta orientación en el año 2006, se aprueba la Ley de Los Consejos Comunales, los cuales son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, que permiten a los ciudadanos organizados ejercer de manera directa

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