POLÍTICAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA

HACIA UNA AGENDA DE POLÍTICAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA INFANTIL

“El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde”.

Gabriela Mistral

Como consta en este estudio, casi el 63% de los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe sufre algún tipo de pobreza, ya sea en relación con las privaciones que afectan el ejercicio de sus derechos o por el nivel de ingresos de los hogares a los que pertenecen. Esta es una señal inequívoca de que la pobreza infantil en la región es uno de los mayores desafíos que enfrentan los países. La información analizada en los capítulos anteriores permite, por una parte, identificar áreas de política pública en las que es necesario actuar con decisión y de manera urgente e integral y, por otra, el examen de la pobreza infantil desde un enfoque multidimensional y de derechos, posibilita instalar líneas de investigación a profundizar, fundamentalmente en el desarrollo de los aspectos metodológicos vinculados a la medición de la pobreza infantil, a las bases de datos disponibles y a los indicadores utilizados.

La gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe han adoptado desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), leyes generales de protección o Códigos de Niñez1 e Infancia que establecen como principio general que la CDN es de aplicación obligatoria y medio de interpretación, con lo que los derechos sociales contenidos en ella son plenamente aplicables en el ámbito interno2. Así los derechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos en la CDN deben ser garantizados a todos y cada uno de ellos sin distinción y de forma independiente de cualquier condición personal o familiar. De este modo, se dispone el principio de universalidad de las políticas, estableciéndose que estas deben acompañar el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, resguardando el acceso a prestaciones universales destinadas a la superación de la pobreza infantil y a complementar los recursos disponibles en las familias y sus entornos.

La adopción de un enfoque de derechos implica sustentar el análisis y las propuestas en el reconocimiento de la igualdad de derechos y en el acceso a los recursos y servicios necesarios para el bienestar y la inclusión de todos los niños, niñas y adolescentes, y no exclusivamente de aquellos que se encuentran en situación de pobreza, lo que suele conducir a acciones de corte asistencialista, focalizado y clientelar. Esta perspectiva ofrece la oportunidad de considerar los desafíos en términos de brechas de cumplimiento de derechos y plantear políticas públicas que se dirijan a la restitución y pleno goce de estos.

Avanzar en la superación de la pobreza infantil supone reducir las disparidades entre los países de la región, así como las persistentes desigualdades socioeconómicas, territoriales, étnicas y de género que con diferentes intensidades están presentes en todos ellos. Al mismo tiempo, impulsar políticas para superar la pobreza para toda la población conlleva enfrentar las desigualdades desde las edades más tempranas y a lo largo de todo el ciclo de vida. En este sentido, al considerar ambas finalidades de manera sinérgica se estaría frente a un círculo virtuoso de retroalimentación de medidas y resultados. Asimismo, es crucial considerar en todo momento el contexto en el que los niños, niñas y adolescentes desarrollan sus vidas y las condiciones económicas y el ejercicio de derechos que tienen sus hogares y las personas que los rodean, quienes tienen la responsabilidad de cuidarlos, protegerlos y apoyarlos en el proceso de crecimiento.

En nuestros países, el mejor predictor del lugar que ocupará un adulto en la estratificación socioeconómica es tanto el hogar en que nació, creció y se formó como las condiciones generales a las que se enfrentó en su infancia y adolescencia. La abundante evidencia sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad en América Latina y el Caribe, y los efectos positivos que producen sobre las oportunidades y el bienestar las intervenciones de política pública en las primeras etapas del ciclo vital, exige adoptar medidas urgentes.

Garantizar el ejercicio de los derechos de los niños requiere también asumir el principio de integralidad de los primeros, lo que posee fuertes implicancias para la acción pública, ya que demanda sistemas complejos de servicios y prestaciones dirigidos a superar las privaciones que los afectan. La integralidad de los derechos necesita una expresión en la gestión pública mediante el desarrollo de sistemas coherentes de instrumentos de carácter intersectorial, donde las distintas instituciones involucradas asuman responsabilidades concretas, dirijan la inversión de recursos al logro de metas y establezcan mecanismos de seguimiento y control centrados en resultados. En esta dirección, no hay que olvidar que una política dirigida al desarrollo integral de la infancia y a la protección de sus derechos debe incluir el fomento y apoyo de mecanismos efectivos de rendición de cuentas a la comunidad.

Además de fortalecer la voluntad política y los procesos de priorización de la política pública, es necesario aumentar los recursos que los gobiernos destinan a la superación de la pobreza y acrecentar la ayuda internacional a la inversión social en la infancia y la adolescencia mejorando la calidad de las políticas y programas, elevando el desempeño de la gestión pública. Esto debe acompañarse de estructuras gubernamentales más sólidas y profesionalizadas, cuyo fortalecimiento institucional permita garantizar el ejercicio de los derechos considerados y de las políticas transversales de superación de la pobreza infantil en las que la igualdad es el objetivo central. En esta dirección, se necesita ampliar y adecuar los presupuestos públicos para el fortalecimiento de las instituciones rectoras de la infancia y la adolescencia, afianzar el papel de coordinación política y técnica y la capacidad de interlocución de estas con los otros sectores de gobierno involucrados en los temas que afectan directamente a los niños, niñas y adolescentes.

Su importancia obedece al convencimiento de que las políticas y programas gubernamentales dirigidos a los niños, niñas y adolescentes también son parte del entorno del desarrollo integral de la infancia. En este sentido, tal vez el principal giro que debe producirse en nuestras sociedades para impulsar los derechos de los niños es alejarse de una visión que relega las condiciones que permitirían el acceso a los derechos y el ejercicio de ellos a la esfera privada, ya sea dentro de los hogares y las familias o el mercado. Estos ámbitos forman parte de la producción de bienestar de la infancia, pero no son ellos los que deben ser garantes y arquitectos

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