Presidente Constitucional Del Peru

Alberto Fujimori

Alberto Kenya Fujimori Fujimori

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL PERU

BIOGRAFIA :

Alberto Kenya Fujimori Fujimori (en japonés: Ken'ya Fujimori (フジモリ ケンヤ Fujimori Ken'ya?)1 (Lima, 28 de julio de 1938) es un ingeniero agrónomo, (con estudios de postgrado en Física y Matemáticas) y político de nacionalidades peruana y japonesa. Ocupó la Presidencia de la República del Perú entre el 28 de julio de 1990 y el 21 de noviembre del 2000.

ALBERTO FUJIMORI

Alberto Fujimori nació en Lima, Perú y fue criado en una familia de situación económica regular,8 9 10 siendo hijo de Naoichi Fujimori y Mutsue Inomoto, ambos nativos deKumamoto, Japón, quienes emigraron al Perú en busca de trabajo y mejores condiciones de vida en 1934. Sus padres apelaron al consulado japonés de ese entonces para registrar a sus hijos en el registro familiar japonés (Koseki) que después le permitiría obtener la ciudadanía japonesa.

Fujimori realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nuestra Señora de la Merced, La Rectora y en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte, respectivamente, ambos en Lima.

Cursó sus estudios de ingeniería agrónoma en la Universidad Nacional Agraria La Molina en 1957, de donde se graduó en 1961, como el primero de su clase en la carrera profesional.

En 1964, estudió física pura en la Universidad de Estrasburgo en Francia, y posteriormente obtuvo un posgrado en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee en Estados Unidosque le otorgó el grado de máster en ciencias matemáticas en 1969. Regresó a la Universidad Nacional Agraria para ser profesor, y posteriormente llegó a ser Decano de la Facultad de Ciencias de la misma. En 1984, fue elegido rector, cargo que ocupó hasta 1989 y en 1987, asumió como Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. También fue anfitrión de un programa de televisión de debate llamadoConcertando desde 1987 hasta 1989, que se transmitió por Televisión Nacional del Perú.

Vida política

Fujimori comienza su carrera política en 1990, cuando se presenta como candidato a la presidencia en las elecciones generales de ese año al frente del movimiento Cambio 90, que había creado el año anterior. Fujimori, entonces desconocido en las esferas políticas, recibió un apoyo inicial de sectores marginales de la sociedad peruana, pequeños empresarios y algunas iglesias evangélicas, que hacían su ingreso en la vida política peruana.

Fujimori obtuvo el 20% de los votos en la primera vuelta en abril de 1990, pasando a segunda vuelta contra el escritor Mario Vargas Llosa (futuro premio Nobel de Literatura 2010); quien lideraba el Frente Democrático (Fredemo), que agrupaba a los partidos tradicionales de centro y derecha del Perú y dejando en el camino al candidato oficialista (aprista), Luis Alva Castro.

Para la segunda vuelta electoral, Fujimori recibió el apoyo de grupos de izquierda y el respaldo implícito del gobierno aprista de Alan García. Durante esta etapa comienza a trabajar con Vladimiro Montesinos, abogado y ex-capitán del ejército. El 10 de junio de 1990, Alberto Fujimori venció a Mario Vargas Llosa con el 60% de los votos.

Fujimori

Gobierno (1990-1995

Fujimori inició su gobierno el 28 de julio de 1990. Pronto se desvinculó de los grupos evangélicos (Dr. Carlos García García) e informales que lo habían apoyado inicialmente y debido a la falta de cuadros gubernamentales, su política de gobierno dependió de la asesoría del ejecutivo de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que enviaron especialistas para aplicar sus planes de shock económico. Es en estas circunstancias que su asesor, el ex capitán Vladimiro Montesinos, empieza a ocupar un rol preponderante en su gobierno.

Los principales hechos del primer gobierno fueron la disolución del Congreso, la aprobación de una nueva Constitución en 1993, la derrota de los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), que puso fin a un largo conflicto interno, y las reformas económicas introducidas en la economía para su recuperación.

Cierre del Congreso y crisis constitucional

La oposición en el Congreso de la República revisaba exhaustivamente el paquete de decretos legislativos expedidos por el Ejecutivo durante los tres períodos sucesivos de delegación de facultades legislativas otorgadas por el Legislativo y además, se encontraba molesta porque el presidente había observado más de diez autógrafas de ley dadas por el Legislativo. Ante la negativa del Congreso para concederle amplios poderes para legislar sin fiscalización en temas económicos y de política antisubversiva; y alegando una falta de cooperación tanto del APRA como del FREDEMO, Fujimori, haciendo uso de la violencia (según el periódico La República) decidió, el 5 de abril de 1992, disolver el Congreso de la República y suspender las actividades del Poder Judicial. Este acto, denominado popularmente como autogolpe, fue apoyado por las fuerzas armadas y causó la llamada crisis constitucional de 1992.

Es cierto que la propia Constitución prevé los mecanismos para su modificación, pero es igualmente cierto que (...) (ello) vendría a significar que, casi al término del presente mandato, recién contaríamos con los instrumentos legales necesarios para la reconstrucción general del Perú. (...)

¿Cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los cambios profundos que a su vez hagan posible el despegue del Perú? Sin lugar a dudas ni el Parlamento, ni el Poder Judicial son hoy por hoy agentes de cambio, sino más bien freno a la transformación y el progreso.

Como Presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar aligerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas.

1. Disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional.

2. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia.

3. Reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas a los responsables de la malversación

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