Presunto Culpable

Directo y sin retórica, este excepcional documental denuncia las iniquidades del sistema judicial mexicano al narrar el caso verídico de José Antonio Zúñiga Rodríguez (Toño), detenido arbitrariamente el 14 de diciembre de 2005 y condenado sin una sola prueba contundente a 20 años de prisión por un homicidio que no cometió. Roberto Hernández y Layda Negrete, abogados y académicos del CIDE, iniciaron una investigación sobre el funcionamiento de la justicia (plasmada en un primer documental: El túnel, 2005), y al revisar el expediente penal de Toño descubrieron tales anomalías que fue posible reabrir el caso y celebrar un segundo juicio, aunque asignado al mismo juez que lo había condenado previamente. Roberto y Layda lograron filmar en tiempo real este juicio: los alegatos del nuevo defensor, la negligencia de la agente del MP, los careos con los “testigos” incriminadores y con los policías judiciales que habían detenido ilegalmente a Toño, los numerosos testimonios que comprobaban su inocencia… Sin embargo, el juez repitió la misma sentencia condenatoria, lo cual evidenció su total incompetencia y desprecio por la ley; vino después la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del DF y la insólita sentencia absolutoria final. El documental muestra las imágenes rotundas de los personajes reales (Toño, sus familiares, el abogado defensor y la agente del MP, el juez, los judiciales, los testigos de ambas partes) y fue filmado en el juzgado donde se efectuó el juicio.

En México, la mayoría de los delitos denunciados desencadenan procedimientos viciados: 1) es difícil denunciar; 2) la policía judicial no investiga ni utiliza técnicas criminológicas: sin ninguna evidencia verdadera, detienen al azar (y son premiados por cada consignación: ¿hasta cuándo seguiremos padeciendo agentes corruptos e incompetentes?); 3) no se respetan las más elementales garantías de los detenidos y los ”testigos” de cargo son maltratados igualmente para que ratifiquen acusaciones infundadas; 4) las procuradurías de “justicia”, a través de los agentes del ministerio público, no integran las “averiguaciones previas” adecuadas: “92% de las acusaciones carecen de evidencias válidas”; 5) los procesos en las diversas instancias son prolongados y jurídicamente inconsistentes; 6) “un 93 % de los acusados nunca ve al juez encargado de su proceso y 95 % de las sentencias son condenatorias” (¿cómo son “seleccionados” los agentes del MP y los jueces que perpetúan la injusticia?); 7) entre la detención y la sentencia transcurre una eternidad (Toño estuvo preso casi cinco años); 8) las cárceles son en realidad fábricas de delincuentes. En conclusión: la perversidad del sistema imperante es que los acusados tienen que “demostrar su inocencia” y no le toca al sistema “probar la culpabilidad”… El caso de Toño es uno entre muchísimos semejantes. Si la ley establece la punición

...