Propuesta

Propuesta Legislativa

La reforma del Código Civil requiere como premisa el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad; la derogación de su régimen de incapacitación (artículos 43° inciso 2 y, 44° incisos 3 y 4 del Código Civil) y del proceso de interdicción al que se les somete (artículos 42° del Código Civil) que, en la práctica es de carácter pleno. Al respecto, preocupa la falta de garantías en el marco del debido proceso pues la persona con discapacidad no solicita la interdicción sino terceros, no tiene una participación activa en el proceso y una vez interdictada, no tiene cómo cuestionar dicha medida.

La reforma del Código Civil requiere la derogación del régimen de curatela que se viene aplicando a las personas adultas con discapacidad mental e intelectual, regulado desde el modelo médico entre los artículos 564° a 618°. En este contexto, se propone incorporar el proceso de asistencia en el ejercicio de la capacidad jurídica para las personas con discapacidad mental e intelectual interdictadas y sujetas a una curatela que decidan migrar a este nuevo régimen que se aplicaría desde el modelo social. Sobre el particular, es necesario un estudio que nos permita saber cuántas personas están interdictadas en el país y cuáles son sus condiciones de vida.

A diferencia de la curatela, en el marco del proceso de asistencia en el ejercicio de la capacidad jurídica, el/la asistente tendría funciones específicas y su desempeño se evaluaría periódicamente. Además, la persona con discapacidad mental e intelectual sería quien pueda solicitarlo, teniendo una participación activa en el proceso y contando con recursos sencillos para cuestionar el rol del asistente en cualquier momento. Este proceso se plantea como una medida temporal hasta que se implemente un sistema de apoyos. Y una vez que éste empiece a operar, la asistencia en el ejercicio de la capacidad jurídica sólo se podría aplicar para casos excepcionales donde sea casi imposible conocer la voluntad de la persona. Un claro ejemplo es el estado de coma.

El diseño y la implementación de un sistema de apoyos requiere reconocer la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, en particular de las personas con discapacidad mental e intelectual. El sistema de apoyos debe ser concebido como una herramienta de promoción de la autonomía y capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad. Así, se deberá ofrecer una gama amplia de apoyos, que estarán en constante evolución y que deberían encontrarse preferentemente en la comunidad. Se podría empezar con los apoyos asociados a la elección del lugar de residencia, la construcción de relaciones sociales y los asuntos de salud. Los apoyos podrían ser brindados por el Estado y/o por particulares con la fiscalización del Estado.

Independientemente de la implementación de un sistema de apoyos, el Estado

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