REFORMA CONSTITUCIONAL PENAL.

La Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal

Representa un cambio estructural en la procuración de justicia penal en el que participan las instituciones encargadas de la persecución y sanción de delitos. Su objetivo es la implementación de un sistema acusatorio que se traduzca en transparencia, equidad entre las partes e inmediación.

La Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal entrará en vigor, según lo establecido por la Constitución, en un plazo máximo de 8 años, para que entidades federativas y Federación hagan las reformas necesarias para implementar el sistema acusatorio. La instancia coordinadora es el Consejo de Coordinación, que cuenta con una Secretaría Técnica, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, para apoyar a autoridades locales y federales cuando así lo soliciten.

La Reforma Constitucional de la Justicia Penal

Diversas figuras jurídico-procesales que están contempladas en la reforma constitucional en materia penal cuentan con amplia aprobación social. Tal es el caso de que las grabaciones de las comunicaciones con el inculpado puedan ser valoradas como pruebas por el juez cuando la víctima las aporte al juicio: 86% de aprobación.

Incluso el 81% de los encuestados aceptaron dicha posibilidad cuando ellas sean la persona imputada. Es decir que un amplio sector de la población está de acuerdo en que esta nueva determinación jurídica se les aplique a ella misma, lo cual significa que la psicología social está abierta a la aplicación efectiva y objetiva del Estado de Derecho a efecto de lograr una convivencia social más segura para todos.

El 72% de los encuestados manifestó estar de acuerdo en que el juez debe estar presente en todas las audiencias.

En cuanto a los juicios orales, en julio de 2007, el CESOP dio a conocer que sólo el 3% de los entrevistados consideró que estos juicios no contribuirán a mejorar la impartición de justicia en nuestro país10. Lo anterior significa que su aceptación social es bastante amplia.

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