Reforma Penal y Marco Constitucional del Sistema Penal Acusatorio

Reforma Penal y Marco Constitucional del Sistema Penal Acusatorio

La reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, revistió una gran importancia en todos los aspectos de la vida jurídica de México, ya que constituyó una profunda transformación del sistema penal mexicano, el cual se caracterizó por no cubrir las necesidades de la sociedad en materia de procuración y administración de justicia, el sistema utilizado era el denominado “inquisitivo^[1]” el cual mostró múltiples deficiencias, entre otras, con los operadores del mismo [órganos encargados de la seguridad pública (policía), los de procuración (agentes del Ministerio Público) y administración de justicia (jueces)]; lo anterior, se afirma ya que era notorio que los elementos policiacos no tenían la preparación suficiente para prevenir la comisión de delitos, por su parte el Ministerio Público no realizaba una correcta investigación de los mismos y una vez que consignaba ante el juez correspondiente, éste hacía como suyos muchos de los argumentos señalados por la autoridad ministerial, vulnerando así los derechos humanos de las personas, todo ello como un sistema viciado en sus prácticas.

El sistema inquisitivo destacó por ser ineficaz, ya que las resoluciones que se obtenían de los procesos no eran efectivas, el delito quedaba impune, no había reparación del daño y las víctimas no recibían el trato que merecían (existía revictimización o victimización secundaria), las víctimas no realizaban las denuncias ante la autoridad investigadora, de cada cinco delitos que se cometían, únicamente uno se denunciaba^[2], es decir, la percepción de la sociedad respecto del sistema de justicia penal no satisfizo las necesidades de la ciudadanía. De igual modo, nuestro país se encontraba rezagado en esa materia al ser uno de los últimos países en América Latina en adoptar un sistema penal de corte acusatorio, ello generaba una visión de inseguridad, injusticia y violaciones de derechos humanos ante los demás países; por tanto, todo lo anterior generó la necesidad de establecer un nuevo sistema de justicia penal acorde a las necesidades que imperaban en nuestro país.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requirió que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123.^[3] Las reformas a los artículos antes precisados, establecen nuevos lineamientos para que las autoridades garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas, los actos de las autoridades deben ser fundados y motivados, figuras como la flagrancia, el arraigo, el concepto de delincuencia organizada, la intervención de comunicaciones, la creación de la figura de “juez de control”, el reconocimiento a nivel constitucional de los mecanismos alternativos de solución de controversias, el deber de explicar las sentencias que deriven de los procedimientos orales, la regulación de la defensa pública, el cambio del concepto de readaptación social a reinserción social para modernizar el sistema penitenciario y lograr así los fines de la pena; la prisión preventiva por excepción, uno de los grandes logros de la reforma, ya que garantiza el respeto a la presunción de inocencia de los individuos; el establecimiento de principios generales del sistema acusatorio, los derechos del imputado y la víctima, el retiro del monopolio del ejercicio de la acción penal al Ministerio Público; todas estas son solo algunas de las figuras e instituciones que con su establecimiento o reforma, impulsaron el sistema acusatorio para lograr un verdadero acceso a la justicia.

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