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En las últimas décadas, junto con el avance y consolidación de la democracia, la conflictividad social en nuestra región se ha mostrado como uno de los temas más sensibles y preocupantes, y ha recibido atención creciente por parte de las autoridades y funcionarios públicos, los líderes y fuerzas políticas, los medios académicos, las organizaciones sociales y, en general, la opinión pública.

El panorama regional es sin duda muy complejo, y dista de tener explicaciones fáciles y reduccionistas, presentando una multiplicidad de situaciones de un país a otro, derivadas de la distinta incidencia que los conflictos tienen en cada sociedad, los tipos predominantes, las diferentes intensidades y radicalidades de las protestas y demandas, así como los diversos actores y motivaciones existentes.

En algunos países de la región predominaron los conflictos armados; en otros, los conflictos desatados por la presencia del narcotráfico (a veces en complejo y trágico entrelazamiento con el anterior); encontramos también conflictos socio-ambientales, principalmente aquellos surgidos a propósito de la presencia de industrias extractivas; los conflictos laborales, aquellos que involucran a pueblos indígenas, entre otros.

Estudios recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han permitido conocer estas variantes, mostrándonos al Perú, Bolivia y Argentina como los países con mayor incidencia de conflictos en América Latina (superior a los 200, entre 2009 y 2010), y que sin embargo, al menos en el caso peruano, no suelen ser normalmente los más violentos y radicales¹. Junto a ello, estas investigaciones han puesto en evidencia algunas características comunes en toda la región: la debilidad institucional del Estado, también con variantes, la desigualdad social, la fragmentación de los movimientos y protestas sociales, entre otros.

Las respuestas de los estados latinoamericanos al desafío de la conflictividad no han sido desde luego similares; dependiendo de las fuerzas políticas a cargo de los gobiernos, tales respuestas han estado en función de distintos factores, entre los que cabe mencionar sus lecturas globales de la realidad; la manera cómo enfocaban e interpretaban las causas de los conflictos y la capacidad de movilización e influ-encia de los actores sociales. Son también importantes las fortalezas y debilidades institucionales; las nor-mas y reglas de juego prexistentes, entre otros. A partir de todo ello, se diseñaron e implementaron diversas estrategias y medidas para trabajar en la gestión de los conflictos.

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