RTFs Vs El Principio De Seguridad Juridica

La facultad de fiscalización que tiene la administración tributaria sobre periodos prescritos cuando el hecho afecte al resultado del periodo fiscalizado. El Tribunal Fiscal ya se ha manifestado sobre el particular, señalando en la

RTF 100-5-2004 que: “…corresponde analizar si la Administración podía revisar un hecho ocurrido en el ejercicio 1996 (período prescrito y cerrado) para establecer si el costo computable atribuido a los activos transferidos se ajustaba a ley y, sobre la base de dichas conclusiones, determinar si la recurrente consideró un exceso de depreciación y costo computable en la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 1999 (período no prescrito ni cerrado); es decir si de acuerdo con el marco normativo vigente (…) la Administración podía revisar períodos prescritos y ya revisados, no con la finalidad de determinar la deuda de dichos períodos, sino con el objeto de derivar consecuencias tributarias para períodos no prescritos susceptibles de ser materia de acotación (…) la prescripción no genera como efecto pronunciamiento alguno o validación alguna de los efectos jurídicos de las operaciones, sino que únicamente se trata de un medio de defensa para impedir una determinada actuación de la Administración (…) la Administración sí se encontraba facultada para fiscalizar lo concerniente a la revaluación de los activos transferidos (…) en el ejercicio 1996, en la medida que ello generaba consecuencias para la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 1999”.

Y de acuerdo con la de acuerdo con la RTF 12387-3-2008: “...si bien el inciso j) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta prohíbe la deducción de gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago, dicha restricción no resulta aplicable a todos los gastos deducibles, como es el caso de la depreciación (…) para los que basta que se encuentren sustentados con la documentación que evidencie su existencia…”.

Es importante indicar que los principios constitucionales son de mayor relevancia, por lo que dichas RTFs estaria vulnerando el principio de seguridad juridica.

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