Reformas Legislativas En Materia Economica

REFORMA LEGISLATIVA DE 1982 – 1986

La nueva administración de Miguel de la Madrid enfrentó la grave situación económica buscando corregir el desequilibrio financiero del gobierno e impulsar el sistema productivo con ahorro interno, estabilidad y realismo cambiarios, y, sobre todo, procurando contener la inflación. Esto significó, de hecho, el inicio de la transformación del modelo de desarrollo que había seguido México hasta ese momento.

Para impulsar el cambio estructural y hacer frente a la crisis, el Presidente De la Madrid promovió una serie de reformas legales, entre las que sobresalen un cambio a los artículos 25, 26, 27, 28 y 73 de la Constitución, para ratificar el régimen de economía mixta, precisar el papel del Estado en la rectoría económica, limitar su intervención directa a los sectores considerados estratégicos o prioritarios, y crear un sistema de planeación democrática en el que coparticiparan los sectores público, privado y social, y que obligara a establecer un Plan Nacional de Desarrollo con metas específicas para cada área de gobierno. La reforma se presentó el 12 de diciembre de 1982 al Congreso de la Unión (16). Esto era necesario para distender el ambiente de confrontación que cundía entre el sector privado en contra del gobierno, ofreciendo a los empresarios un mensaje de certidumbre y tranquilidad; para dar fundamento jurídico a los cambios estructurales que se emprenderían, y para conducir las políticas económicas indispensables en el combate a la crisis.

Otra estrategia, anunciada el mismo día en que tomó posesión de la Presidencia, fue lanzar un programa de emergencia para estabilizar la economía después de la crisis de 1982. El Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) tuvo como propósito atacar la inflación mediante el reordenamiento de las finanzas públicas. Sus principales medidas se dirigieron, por un lado, a reducir el gasto público mediante una estricta disciplina presupuestal, disminuir el tamaño de la Administración Pública Federal y desincorporar empresas estatales no prioritarias; por el otro, a incrementar los ingresos, principalmente con el aumento a los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos de los sectores siderúrgico, ferroviario, de aerotransportes y petroquímico.

Si el origen de la crisis de 1982 estuvo en un gasto excesivo del gobierno, respaldado en la contratación de créditos externos y en un volátil auge de las exportaciones de petróleo, ahora que no había recursos disponibles era necesario fortalecer de manera sana los ingresos gubernamentales y disminuir su gasto. Al tiempo que se racionalizaba la participación del sector público, se inició un programa de defensa de la planta productiva y el empleo.

Con el fin de mitigar los efectos negativos de la crisis, a partir de las reformas constitucionales durante todo el sexenio se impulsaron actividades legislativas que abarcaron puntos medulares de la economía y contribuyeron a la estabilidad en medio de las tormentas.

Por ejemplo, la aprobación por el Congreso de la Ley Reglamentaria del Servicio de Banca y Crédito, al inicio de su gobierno, culminó el proceso de incorporación de los bancos al Estado y cerró la contienda legal que iniciaron, por medio de amparos, algunos accionistas de los bancos nacionalizados. En esta ley se incluyó el mecanismo para indemnizar a los antiguos dueños y se previó que 34% de las acciones pudiese ser adquirido por particulares, a razón de 1% por inversionista, como máximo. Se devolvieron a los ex banqueros todos los activos que no fueran estrictamente bancarios, como las casas de bolsa, y el gobierno las privilegió con la colocación en ellas de deuda pública a través de Certificados de la Tesorería de la Federación, lo que a la vez contribuyó a aliviar las grandes necesidades de financiamiento que tenía el sector público. Ésta fue una nueva señal de certidumbre a los inversionistas privados, y significó el comienzo de la reversión del decreto de nacionalización de los bancos, que tanto había dañado las relaciones entre los empresarios y el gobierno.

La desincorporación de empresas públicas fue uno de los rasgos centrales del cambio de modelo económico, que pasó de una excesiva participación del Estado en la economía, a una mucho más moderada, fincada en la rectoría económica, más que en la participación directa en la producción, que era demasiado amplia; el gobierno había llegado al extremo de operar, por ejemplo, una fábrica de bicicletas, cines y teatros. La política de desincorporación de empresas públicas redujo su número de 1,155 en 1982 a 952 el año siguiente, con el criterio constitucional de que el Estado conservara únicamente las empresas estratégicas y prioritarias. Al final del sexenio ya eran solamente 412.

Cuando presentó el Plan Nacional de Desarrollo, en 1983, el Presidente señaló que la planeación era un factor necesario para enfrentar con éxito la adversidad; era un instrumento político para ordenar y coordinar el esfuerzo colectivo y un instrumento de gestión pública para hacer un uso más eficiente de los recursos escasos frente a las grandes necesidades sociales. La planeación no garantizaba el éxito, pero proporcionaba mayor certidumbre, fortaleciendo los instrumentos para lograr los cambios necesarios. El plan se propuso cuatro objetivos:

1. Conservar y fortalecer las instituciones democráticas.

2. Vencer la crisis.

3. Recuperar la capacidad de crecimiento.

4. Iniciar los cambios cualitativos que requería el país en sus estructuras económicas, políticas y sociales.

Todas las dependencias federales quedaron obligadas a alinear sus objetivos con los del Plan Nacional de Desarrollo; se elaboraron planes sectoriales y se promovieron leyes locales de planeación, para que cada estado tuviera su Plan de Desarrollo, y un convenio de coordinación en armonía con el Plan Nacional; la planeación fue llevada incluso a escala municipal. La planeación del desarrollo, otro cambio estructural introducido por Miguel de la Madrid, se conserva hasta nuestros días, y ha resultado de gran utilidad para facilitar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la concertación social en torno a objetivos nacionales, sectoriales y locales, en un ambiente de plena democracia.

Después de dos años las nuevas políticas comenzaron a dar frutos: el déficit financiero fiscal llegó a 8.5 por ciento del PIB en 1984, después de ser de 16.9 por ciento dos años antes. En 1985 se consiguió un superávit primario (ingresos menos gastos distintos de intereses derivados del servicio de la deuda) de 4.2 por ciento del PIB, luego de que en 1982 se registró un déficit de 7.3 por ciento. La inflación se redujo de casi 100 por ciento en 1982, a 80 y 60 por ciento

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