Reformas

Las reformas

Algunas de las propuestas de campaña y del discurso durante éste largo periodo entre la elección y la toma de posesión, particularmente después de haber sido declarado Presidente Electo, Enrique Peña Nieto (EPN) las materializó en la iniciativa que presentó, a través de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM EN EL Congreso de la Unión, por las que propone la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y la concentración en la Secretaría de Gobernación, además de las de política interior, las de seguridad pública y el control de la Policía Federal.

Lo anterior implica la desaparición de las Secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública y la transformación del funcionamiento de la administración pública federal en áreas tan sensibles como el mantenimiento de la gobernabilidad, la seguridad pública y el combate a la corrupción.

La iniciativa también propone cambiar la anacrónica y anquilosada Secretaria de Reforma para convertirla en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y fortalecer otorgándole mayores facultades, a la Secretaría de Desarrollo Social.

De las propuestas anteriores, que desde la visión de EPN le permitirán afrontar de mejor manera la problemática que recibirá el próximo 1 de diciembre, cuando asuma la responsabilidad del gobierno y la administración pública federal, la que tiene que ver con la política de seguridad pública, es la que más polémica generó.

El planteamiento pretende regresar al esquema de los gobiernos federales priistas, de concentración de las funciones de gobierno, política interior, seguridad pública y seguridad nacional y políticas migratorias y religiosas en una misma dependencia, la de Gobernación, misma que fue modificada por los gobiernos del Partido Acción Nacional.

Las críticas de los opositores no se han hecho esperar; algunos dirigentes de la izquierda recuerdan que fueron perseguidos y reprimidos por una Secretaría de Gobernación con ese poder, mientras que algunas voces del PAN señalan que la propuesta va en sentido contrario de las tendencias internacionales.

Señalar que seria una regresión a los años setentas, como lo hace la izquierda, seria desconocer casi tres décadas de transformaciones fundamentales del sistema político mexicano, que mal que bien ahora es democrático, y no autoritario como entonces. Los dirigentes de la izquierda no están en la clandestinidad como entonces, sino que ocupan amplios espacios de poder político formal y material, y no tendrían por qué andarlos buscando, pues los encuentran en las principales oficinas de diferentes poderes públicos y gobiernos, y en algunos casos, ellos mismos disponen de los cuerpos policiacos.

Respecto de los cuestionamientos panistas, que más parece un tibia defensa ante los nulos resultados de las políticas publicas en materia de seguridad pública de sus gobiernos. De que nos sirve adoptar una tendencia internacional cuando aquí no ha dado frutos satisfactorios, al menos que el problema esté en otro lado, en la implementación o en los operadores, tal vez, o todo el diseño y aplicación de la política publica en su conjunto

La realidad es que hemos tenido y tenemos serios problemas de seguridad pública, que pueden traspasar a la seguridad nacional y a la gobernabilidad, y algo se debe hacer para evitarlo.

Yo no se si el planteamiento de EPN que se comenta lo conseguirá, pero por lo menos creo que debemos otorgarle el beneficio de la duda, y la esperanza de que lo conseguirá.

Las tres reformas de Peña: el primer problema innecesario

ARTÍCULO PUBLICADO EN 29 DE AGOSTO, 2012 | AUTOR: CIDAC

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En el marco de la inauguración del nuevo Congreso, los grupos parlamentarios del PRI de la LXII Legislatura iniciaron sus reuniones para definir las prioridades legislativas del siguiente periodo ordinario. Aparentemente, las reformas del candidato presidencial Enrique Peña Nieto serán las prioridades de las bancadas del tricolor. Al respecto, Peña Nieto y su equipo de transición generaron una centralidad en tres reformas –la propuesta en materia de transparencia, la creación de una comisión nacional anticorrupción, y un organismo que regule el gasto público de publicidad en medios de comunicación- dejando de lado hasta 2013 las llamadas reformas estructurales (seguridad social, laboral, fiscal y hacendaria, y energética (petrolera)), tan manoseadas en los últimos 15 años. La elección de estas reformas plantea una serie de conflictos que no serán fáciles de solucionar y señalan algunas debilidades del eventual presidente electo.

En principio, parece que la decisión de intentar sacar adelante estas tres reformas responde a un problema de necesidad de legitimidad –similar a lo sucedido con Felipe Calderón en 2006 con el surgimiento del tema de la lucha contra el crimen. Peña Nieto y el equipo de transición, bajo la mecánica del miedo frente a una enigmática reacción de López Obrador ante la potencial validación del triunfo presidencial del priista por el Tribunal Electoral, decidieron elegir temas sobre los cuales los gobiernos del PRI han sido claramente cuestionados en el pasado. Si bien Peña pudiera llegar a Los Pinos con una legitimidad lesionada (aunque con una debilidad mucho menor a la que tuvo en este sentido el presidente Calderón), en primer lugar, él asumirá el poder hasta diciembre, ya bien transcurrido el primer periodo de sesiones de la LXII Legislatura; en segundo término, las bancadas del Congreso parecen no tener problema alguno de cuestionamientos sobre su legitimidad y, al final del día, serían ellas quienes impulsarían las reformas incluso antes de la transición presidencial. Entonces, ¿por qué no ser más audaces en el ejercicio de gobierno? No todo en este sistema es la Presidencia (¿o acaso el “nuevo” priismo no ha cambiado la mentalidad del “antiguo”?)

Ahora bien, las tres reformas promovidas para el primer periodo ordinario no son menores y su transitividad en las cámaras podría convertirse en el primer problema innecesario de Peña Nieto. En primera instancia, las reformas elegidas tienen una envergadura política que implica una interacción de negociación entre los tres poderes y gobernadores en los estados–si se quisiera ir a fondo en las mismas, tienen el potencial de requerir modificaciones constitucionales nada sencillas. En segunda instancia, entregan al menos tres temas a las bancadas opositoras sobre las cuales los gobernadores priistas han sostenido conflictos, particularmente en los temas de transparencia del gasto de recursos y transferencias federales en los estados. En esta línea, mientras que

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