Responsabilidad Penal Del Adolescente

RESPONSABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES

FRENTE AL DERECHO PENAL

La nueva legislación inspirada en la Convención Sobre los Derechos del Niño, tiende a afirmar la responsabilidad penal de los adolescentes quienes como titulares de derechos poseen, también, obligaciones que en el ámbito penal se expresa en la implantación de un sistema de responsabilidad por actos establecidos en la Ley como delito. Esta situación ha traído como consecuencia, la desaparición de la inimputabilidad de los adolescentes cuya edad está comprendida entre 12 y menos de 18 años. Venezuela recoge esta iniciativa en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en la búsqueda de otorgarle al sistema penal de adolescente las garantías procesales que se establecen para los adultos, sin embargo, estas no le garantizan, a los adolescentes mejores condiciones de vida ni en el centro de reclusión, ni fuera de él.

Para la Lopna el “sistema penal de responsabilidad del adolescente es el conjunto de órganos y entidades que se encargan del establecimiento de la responsabilidad del adolescente por los hechos punibles en los cuales incurran, así como de la aplicación y control de las sanciones correspondientes”

(Art. 526 LOPNA).

Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal se aplican de conformidad al artículo 531 a “las personas con edad comprendida entre doce y menos de dieciocho años al momento de cometer el hecho punible...” concluyendo, de este modo, el régimen de la Ley Tutelar del Menor que no consideraba al menor un delincuente, ni acreedor de penas por las infracciones legales que cometía, debiendo en tales caso ser sometido a procedimientos, medidas y tratamientos reeducativos (Art. 18 N° 6). La nueva normativa de menores acoge el criterio que señala que “los adolescentes infractores tienen responsabilidad penal de la misma naturaleza que la del adulto, si bien atenuada. Este cambio surge en un contexto caracterizado por una crisis socioeconómica donde las desigualdades sociales se acentúan, crece el desempleo y aumenta la pobreza. Al interior de la familias, especialmente las más empobrecidas los lazos familiares se debilitan ocasionando, como consecuencia, efectos negativos sobre la socialización de los niños y el surgimiento de ciertos fenómenos como el de los niños de la calle, la drogadicción, conductas antisociales, incluido el delito cometido por los adolescentes, tráfico y prostitución de niños(as) todo lo cual ha acrecentado la situación de riesgos de éstos.

El supuesto aumento de la delincuencia, en general y en la que incurren los adolescente en especial, provoca, igualmente, un aumento en el sentimiento de inseguridad ciudadana fortalecido cada día por los medios de comunicación social, originando gran preocupación en la opinión pública y llamando la atención del sector político el cual para abordar el problema de la delincuencia de los adolescentes proponen rebajar la edad de la imputabilidad.

La preocupación por la situación de la infancia empieza a alejarse de su tradicional enfoque, para elevarse al rango de problema social con connotaciones políticas, posiciones que optan por obviar el tema de las desigualdades socioeconómicas que se encuentran en el origen de la problemática, para encararla desde una óptica fundamentalmente represiva, apelando a la necesidad de preservar a toda costa el orden público. Estas medidas de rebajar la edad de la imputabilidad contrastan con la doctrina de la protección integral de los niños y adolescentes que busca, según la exposición de motivos de la Lopna, convertir a las legislaciones para la infancia en “instrumentos eficaces de defensa y promoción de los Derechos Humanos.

El problema de la mayoría de edad penal con respecto a los menores ha sido objeto de muchas discusiones, la Convención

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