RÉGIMEN COMERCIAL Y DE INVERSIONES

RÉGIMEN COMERCIAL Y DE INVERSIONES

1) Marco general

El marco institucional general de Rumania, por lo que se refiere a la formulación de políticas comerciales, se mantiene en gran parte inalterado desde su anterior Examen de 1999. En general, las políticas se formulan y aplican por medio de leyes. Los proyectos de ley se presentan al Parlamento bicameral (compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado) para su aprobación. La comisión competente de cada una de las cámaras examina la iniciativa y formula un informe sobre su aprobación, con o sin modificaciones, o su rechazo. El proyecto pasa entonces a sesiones plenarias de cada cámara. El Presidente recibe las leyes aprobadas por el Parlamento (la Constitución no establece la iniciativa legislativa presidencial) a los efectos de su promulgación por decreto. El Presidente puede devolver una ley al Parlamento para que la reconsidere, pero en una sola ocasión. Las leyes entran en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial. Asimismo, pueden tomarse medidas relativas a propuestas sobre políticas a través de órdenes y decisiones, firmadas por el Primer Ministro (Jefe del Gobierno) y refrendadas por los Ministros que las ejecutan, tras su publicación en la Gaceta Oficial.

1. El Ministerio de Economía y Comercio, antiguamente Ministerio de Industria y Comercio, sigue formulando, administrando y coordinando las políticas de comercio exterior de Rumania; además, es responsable de las políticas relacionadas con la industria, la energía y los recursos minerales. En función de la naturaleza de la cuestión, el Ministerio de Economía y Comercio consulta a los ministerios competentes y a otras instituciones que también participan directa o indirectamente en la formulación o aplicación de la política comercial exterior. Se trata del Ministerio de Asuntos Exteriores; el Ministerio de Hacienda, que incluye la Administración Nacional de Aduanas; el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural; el Ministerio de Transporte, Construcciones y Turismo; el Ministerio de Sanidad; el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información; el Ministerio de Integración Europea; el Consejo de la Competencia; el Banco Nacional de Rumania; el Banco de Exportación e Importación de Rumania; la Oficina Nacional del Registro Mercantil; el Organismo Nacional de Recursos Minerales; la Oficina Estatal de Invenciones y Marcas de Fábrica o de Comercio; la Oficina de Derecho de Autor de Rumania; la Asociación de Normas de Rumania; la Asociación de Acreditación de Rumania; y la Autoridad de Recuperación de Activos Públicos.

2. El sector privado y las ONG contribuyen a la formulación de la política comercial exponiendo sus opiniones, ya directamente al Ministerio de Economía y Comercio o a través de cámaras de industria y comercio a escala nacional y regional, el Consejo de Exportaciones o asociaciones de productores de las diversas ramas de actividad. Esas asociaciones participan, por ejemplo, en las negociaciones sobre acuerdos de libre comercio exponiendo sus intereses o preocupaciones respecto del interlocutor en las negociaciones. Las opiniones del sector privado, incluidas las ONG, suelen tenerse en cuenta en los procesos en función del caso.

3. En la base del sistema judicial rumano se encuentran los tribunales de primera instancia establecidos en cada uno de los 41 distritos de Rumania y en Bucarest, que normalmente tienen jurisdicción respecto de los litigios suscitados en el territorio del distrito respectivo o en Bucarest. Las apelaciones contra las sentencias de dichos tribunales son de competencia del respectivo Tribunal de Distrito y el Tribunal de la Municipalidad de Bucarest; las apelaciones de las sentencias de estos tribunales corresponden a las salas de apelaciones del Tribunal Supremo de Justicia. El Consejo Superior de la Magistratura nomina ante el Presidente a los jueces y fiscales para un mandato de seis años. El Consejo resuelve también en materia de promoción, traslado y sanciones disciplinarias de los jueces. La Ley Nº 304/2004 , creó tres tribunales de distrito para asuntos comerciales en Rumania, a pesar de que todos los tribunales del país cuentan con una subdivisión especializada en dichas cuestiones.

PRINCIPAL LEGISLACIÓN COMERCIAL DE RUMANIA

Área Legislación

Comercio exterior Decisión del Gobierno Nº 1526/2003

Decisión del Gobierno Nº 1527/2003

Ley del Acuerdo de Marrakech (Nº 133/1994)

Aduanas Ley Nº 8/1994

Ley de aduanas (Nº 141/1997)

Fiscalidad Orden del Gobierno sobre impuestos locales (Nº 26/2002)

Ley del impuesto de sociedades (Nº 414/2002)

Código fiscal (Ley Nº 571/2003)

Medidas comerciales correctivas especiales Decreto Nº 228/1992

Orden Nº 127/1992

Orden Conjunta Nº 128/1992

Contratación pública Orden de emergencia Nº 60/2001

Ley Nº 212/2002

Orden del Gobierno Nº 75/2004

Ayudas públicas Ley de ayudas públicas (Nº 143/1999), modificada; republicada en agosto de 2005

Orden del Gobierno Nº 94/2004, sobre regulación de determinadas medidas financieras aprobadas por la Ley Nº 507/2004

Incentivos a la inversión Ley de promoción de las inversiones directas con repercusiones significativas en la economía (Nº 332/2001), modificada

Ley de estímulo de las PYME privadas (Nº 346/2004)

Orden del Gobierno sobre promoción de la inversión directa (Nº 92/1997), modificada

Orden de emergencia del Gobierno para las zonas desfavorecidas (Nº 24/1998), modificada

Ley sobre el régimen de las zonas desfavorecidas (Nº 24/1999)

Zonas francas Ley de zonas francas (Nº 84/1992), modificada

Parques industriales Orden del Gobierno sobre el establecimiento y el funcionamiento de los parques industriales (Nº 65//2001)

Normas, pruebas y reglamentos Orden del Gobierno Nº 38/1998

Orden del Gobierno Nº 39/1998

Ley Nº 245/2002

Privatización Ley Nº 58/1991

Ley Nº 137/2002

Orden de emergencia Nº 23/2004

Orden de emergencia Nº 26/2005

Competencia Ley de competencia (Nº 21/1996), modificada; republicada en agosto de 2005

Derechos de propiedad intelectual Ley de derecho de autor y derechos conexos (Nº 8/1996), modificada y completada por la Ley Nº 285/2004

Ley de patentes (Nº 64/1991), modificada y completada por la Ley Nº 203/2002

Ley sobre protección provisional de las patentes (Nº 93/1998)

Orden del Gobierno sobre los derechos devengados por las solicitudes de patente (Nº 41/1998)

Ley de marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas (Nº 84/1998)

Ley de dibujos y modelos industriales

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