Sector Público

Definición de sector gubernamental

Es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple, o hace cumplir, la política o voluntad expresada en las leyes del país.

Esta clasificación incluye dentro del sector público: El Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder judicial y organismos públicos autónomos, instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado (Administración local y central) poseen o controlan.

Una de las características de los funcionarios públicos es que están remunerados con las contribuciones tributarias o impuestos y otra es que solo pueden desempeñar las tareas que están expresamente encargadas a su labor.

Comprende todos los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales del Estado, establecidos a través de los procesos políticos, y que incluyen tanto los órganos del Gobierno Central que ejercen la autoridad, y cuya jurisdicción se extiende a la superficie total del país, como a los órganos locales cuya jurisdicción abarca sólo una parte del territorio.

La importancia del sector público se considera en base a dos características:

-Servicios que presta, tal como Salud, Seguridad Nacional, Defensa...

-Proporción de recursos nacionales que consume: El Estado se encarga de impartir servicios de forma gratuita (educación, sanidad...). Razón por la cual se ha dado en todos los países un incremento del gasto público.

Las características del Sector Público tienen que ver con su heterogeneidad, responsabilidad, diferencia en los fines, y ausencia de mercado.

1. Heterogeneidad: viene determinada por la gran diversidad de organizaciones que integran el sector público y la variedad de servicios que presta. Estas organizaciones tienen sus propias características, poderes, responsabilidades, culturas organizativas...

2. Responsabilidad: todas las organizaciones que componen el sector público siempre tienen responsabilidad ante los poderes específicos u órganos superiores (Parlamento...) en última instancia. Esta responsabilidad es un concepto asignado a la contabilidad pública, porque sus fines tradicionalmente han sido rendición de cuentas y control de legalidad (los funcionarios están sometidos a un control de legalidad que supone someter sus actuaciones a una revisión para ver si se sujeta a la legalidad vigente).

La responsabilidad hace referencia también a que la Administración es responsable del gasto público. Este gasto es limitado, no se puede realizar más gasto que el presupuestado, ya que está financiado por los ingresos que el Estado recauda.

3. Diferencia en los fines del sector público y el privado: Una de las principales diferencias del sector público y el privado son sus objetivos.

En las empresas privadas el objeto fundamental es obtener un beneficio mediante la prestación de un servicio o venta de bienes, en las organizaciones sin ánimo de lucro su objetivo es satisfacer necesidades socialmente deseables por los miembros de la comunidad, no obtener un beneficio, sino prestar servicios.

La característica fundamental del sector público es la ausencia del ánimo de lucro, lo que origina una dificultad a la hora de evaluar su gestión.

En las empresas privadas su gestión se mide a través de sus beneficios (saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias), esto no es tan fácil en el sector público, porque se mide la calidad de los servicios que se prestan, más que el beneficio se evalúan tres componentes de su gestión (las tres "Es"):

• La economía: que adquiera bienes o servicios al mejor precio posible

• La eficiencia: cuando hace un uso adecuado de los bienes y servicios adquiridos para obtener los resultados esperados

• La eficacia: grado con el que la organización alcanza los objetivos establecidos

4. Ausencia de mercado: Una de las causas más importantes de la intervención del Estado en la economía es sustituir, suplir o complementar al mercado libre. Muchos de los bienes y servicios que realiza el Estado (educación, sanidad...) presentan beneficios y costes que justifican la intervención estatal y esta se produce en condiciones en que hay una ausencia de mercado libre.

Así como las empresas privadas obtienen

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