Sistema Contencioso Administrativo

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

UNIDAD II SISTEMA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

2.1 ESTADO DE DERECHO.

2.2 CONTROL JURISDICCIONAL DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACION.

2.3 CONCEPTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

2.4 SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LA RELACION PUBLICA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.

2.5 SISTEMAS DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

ESTADO DE DERECHO

El Estado de derecho está formado por dos componentes:

Estado.- Como forma de organización política

Derecho.- Como conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad.

Ento quiere decir que, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho.

El Estado de derecho surge por oposición al Estado absolutista, donde el rey se encontraba por encima de todos los ciudadanos y podía ordenar y mandar sin ningún otro poder que le hiciera contrapeso. El Estado de derecho, en cambio, supone que el poder surge del pueblo, quien elige a sus representantes para el gobierno.

Con el desarrollo del Estado de derecho, aparece la división de poderes (el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, tres instancias que, en el Estado absolutista, se reunían en la figura del rey). De esta forma, los tribunales se vuelven autónomos respecto al soberano y aparece el parlamento para contrarrestar el poder del gobernante.

La noción de democracia es otro concepto relacionado con el Estado de derecho, ya que supone que el pueblo tiene el poder y lo ejerce mediante las elecciones, cuando elige a sus representantes.

De todas formas, hay que tener en cuenta que la democracia no implica que exista un verdadero Estado de derecho. Un líder puede llegar al poder por vías democráticas y después abolir el Estado de derecho.

También pueden existir gobiernos que respetan el funcionamiento democrático en ciertas cuestiones pero que violan el Estado de derecho en otras.

Características del Estado de Derecho

Es importante mencionar que para que sea considerado como tal un Estado de Derecho debe cumplir una serie de normas, las mismas son:

* La Ley debe ser el mandato fundamental: todos los ciudadanos, incluso quienes gobiernen deben someterse a las leyes y ser juzgados en igualdad de condiciones y no se harán excepciones a ningún individuo, por alto que sea el cargo que posea. Como la Ley es hija del Poder Legislativo y éste se encuentra separado del resto de poderes del Estado, el cumplimiento de las normas podría ser más posible.

* Deben garantizarse todos los Derechos y Libertades: es responsabilidad del Estado que la Ley se cumpla y que en ella se vele por la libertad de todos los individuos que viven bajo su tutela ; la norma máxima del Estado es garantizar este principio.

* La Administración debe encontrarse limitada por la Ley: los directivos del Estado pertenecen a dos cuerpos diferentes: el Gobierno y la Administración, ésta se trata de un elemento no-político y se compone de los funcionarios, y, al igual que el gobierno, se encuentra limitada a las leyes que rijan sobre el territorio.

En las últimas décadas hemos visto cómo el término democracia ha sido manoseado y llevado a la ruina en manos de personajes ineptos, lo cual ha traído como consecuencia que muchos ciudadanos, de países diferentes, se sintieran decepcionados por la política y llegaran a sentir que vivían en un territorio gobernado por dictadores. Esta manera de pensar tan actual y tan nefasta para la política ha hecho trastabillar las bases del Estado de Derecho y obliga a que se busquen con urgencia alternativas para recuperar la confianza del pueblo en sus representantes y la formación de una sociedad igualitaria y responsable políticamente.

CONTROL JURISDICCIONAL DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACION

El control jurisdiccional de la administración está intimamente ligado al principio de legalidad, pilar básico del Estado de derecho, pues es la jurisdicción contencioso-admi nistrativa la que ejerce el contralor de la legalidad (conformidad o adecuación sustancial con el ordenamiento jurídico) de la función administrativa, a fin de evitar la arbitrariedad. Resulta indudable que la jurisdicción contencioso-administrativa controla tanto la actuación (jurídica o material) como la inactividad de la administración cuando medie discordancia con el ordenamiento jurídico, y se lesionen situaciones jurídicas subjetivas.

El principio de legalidad aporta la justificación racional, además de ser el elemento ancilar, del control jurisdiccional de la administración, pues supone una jerarquía de órganos y normas, donde las inferiores deben conformarse a las superiores, y de ese modo, el control de legalidad se traduce en observar tal conformidad o disconformidad y sus consecuencias.

No puede negarse, entonces, el papel medular cumplido, desde la óptica de las instituciones políticas, por la jurisdicción contencioso-administrativa, al ejercer un control de legalidad sobre los actos de las autoridades públicas, pues de esa manera asegura la subordinación jurídica de la administración al Poder Legislativo, además de asumir un poder y un rol esenciales en las relaciones existentes entre esos dos órganos.

De otra parte, el control jurisdiccional posibilita la vigencia efectiva del principio de legalidad pues por su medio "cualquier acto o conducta, positiva o negativa, de la administración y de sus agentes puede ser sometida al enjuiciamiento por parte de órganos judiciales, a instancia de cualquier persona o entidad (pública o privada) a quienes dichos actos o conductas lesionen en sus derechos o intereses". Se configura de esa forma como el instrumento para lograr que todas las actuaciones administrativas estén sometidas al ordenamiento jurídico, en tal sentido se afirma que "El sometimiento de la administración (de todas las administraciones públicas) a la jurisdicción ordinaria... es la más cabal materialización del principio de legalidad, si bien no la única"

El control jurisdiccional de la función administrativa, es en suma, una consecuencia trascendental de la aplicación del principio de legalidad a la administración, pues supone que la misma está sujeta al bloque de legalidad, al derecho, los que se constituyen en parámetros permanentes de la actuación administrativa, fuera de cuyos márgenes deviene en irregular. El ámbito administrativo es permeado por el derecho, con lo que no quedan espacios exentos de su cobertura.

Merkl, afirma que el control jurisdiccional "representa el medio técnico, jurídico con el cual sometemos la actividad de órganos dependientes

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