Sistema Interamericano

Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José) fue redactada en el marco de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos que se llevó a cabo en San José de Costa Rica en el año 1969. Entró en vigor el 18 de julio de 1978. Han ratificado la Convención los siguientes 25 Estados: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998.

La Convención articula un catálogo de derechos y libertades fundamentales que se ha convertido en el principal instrumento de fomento del movimiento de los derechos humanos en el continente americano. El catálogo de la Convención básicamente prevé derechos civiles y políticos: derecho a la vida, a la integridad, a la libertad personal, a las debidas garantías judiciales, a la honra y dignidad, la libertad religiosa, de conciencia y de expresión, derecho de reunión y asociación, derecho de sufragio activo y pasivo o la prohibición de esclavitud y servidumbre. En el contexto de los derechos civiles y políticos, en el año 1990 se le añade a la Convención el Protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte. Hasta la fecha, 11 países han suscrito este Protocolo: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Asimismo, Chile y Brasil han expresado una reserva: mantienen la vigencia de la pena de muerte en tiempos de guerra.

Si bien se prevé una mención a los derechos económicos y sociales en la Convención (artículo 26), únicamente se erigen como metas u objetivos a alcanzar, sin revestir un carácter de derechos propiamente dicho. Fue el Protocolo en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de San Salvador de 1988 el que complementó a la Convención en esta materia. El Protocolo ha sido firmado y ratificado hasta la fecha por un total de 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay, Venezuela.

Para la protección de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Convención, se articula un sistema de protección basado en dos órganos: la Comisión y la Corte Interamericana. Los particulares podrán presentar denuncias sobre violaciones de derechos y libertades reconocidos en la Convención por parte de un Estado miembro frente a la Comisión. Ésta decidirá, según su criterio, elevar el caso a la Corte para que ésta se pronuncie. En este sentido, los particulares no pueden acudir directamente a la Corte, constituyéndose la Comisión como un primer filtro. Asimismo, el sistema interamericano se configura como un sistema de protección subsidiario, es decir, únicamente intervendrá cuando el particular haya agotado todas las vías internas de protección de sus derechos y libertades fundamentales. El particular tiene, concretamente, 6 meses desde que se emitió la resolución definitiva en sede interna para interponer denuncia frente a la Comisión.

Este sistema basado en dos organismos se articula para aquellos Estados que hayan suscrito la Convención y que hayan reconocido la competencia de la Comisión y de la Corte. Los países que así han procedido son los 25 estados que antes hemos mencionado. Cabe destacar que estos 25 estados no corresponden con la totalidad de los miembros integrantes de la OEA. Los países miembros de la OEA que no han suscrito la Convención son un total de 10: Antigua y Barbuda,

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