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Cuando un país entra en un estado de crisis como: alimentación, medicamentos, servicios públicos etc, debe central sus prerrogativas a buscar soluciones viales para afrontar tales crisis.  Nuestro país ha entrado a una etapa en la que el mandatario Nicolás Maduro ha recurrido a un decreto de Estado de Excepción y Emergencia, para hacer frente a esta crisis, orquestados por grupos empresariales aliados a adversarios que no quieren a su país, acompañados por grupos extranjeros.  Tal medida es para proteger al pueblo y que los rubros alimenticios y medicinas lleguen a manos del venezolano.

El presidente Nicolás Maduro aprobó un nuevo decreto de estado de excepción y emergencia económica por 60 días para dotar al gobierno bolivariano con herramientas para combatir la guerra económica, las mafias que evitan el acceso del pueblo de los alimentos y medicinas, los graves problemas de delincuencia, a la abrupta caída de los precio del petróleo, resguardar los derechos del pueblo venezolano, antes supuestas acciones desestabilizadoras, afirmo además, tomar acciones para mitigar los efectos de la inflación, la especulación en los precios de los productos básicos, de los alimentos y medicinas y del sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios.

Venezuela agobiada por una inflación que el F.M.I. estima que podría llegar al 720% y que para el 2015 cerró en 180,9%, la cual no enfrentaba una crisis desde 1996 cuando alcanzo una taza de 103%, afectando una buena parte a la banca local.  Todo esto es consecuencia del descenso en los ingresos petroleros, del fenómeno climático El Niño y amenazas producidas por gobiernos extranjeros conjuntamente con partidos políticos de oposición y poderosas fuerzas oligárquicas, mediáticas e imperiales.

El decreto permite otorgar numerosas potestades a los Comités Locales de Abastecimiento popular (CLAPS), que tendrá funciones de vigilancia y organización, junto con las (F.A.N.B.) y Cuerpos Policiales. A los Ministros para dictar medidas para la venta de productos regulados.

Se autoriza la adopción de medidas contra el bachaqueo, el acaparamiento, la usura, el boicot, la alteración fraudulenta de precios y otros delitos.

Se autoriza la solicitud de apoyo para la recuperación de la capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional.

En el artículo 2, punto 7, se plantea la posibilidad de suspender temporal y excepcional, las sanciones de tipo político contra Altos Funcionarios y Autoridades de los Poderes Públicos, cuando estas sanciones afecten las medidas de reactivación económicas.

Lucha contra la delincuencia y desestabilización Art. 2

- El punto 16 art. 2, autoriza dictar medidas y planes de seguridad, que garanticen el orden público y la paz de la soberanía, la seguridad personal y control de la fuerza pública sobre la conducta delictiva.

- Suspende el porte armas, excluyendo a los efectivos policiales y de la FANB.

- Art. 6. Estas acciones se realizaran “Con estricta garantía de los derechos humanos”.

- Punto 17 - art. 2, se tomaran medidas para impedir la inferencia extranjeras en los asuntos internos de Venezuela.

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