Violencia Social Peru

Instituto de Defensa Legal

Áreas de Seguridad Ciudadana y Justicia Viva

Conflictos Sociales y Violencia

Lima, julio de 2012

Conflictos Sociales y Violencia

Instituto de Defensa Legal (IDL)

Julio de 2012.

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Introducción.-

En los últimos años el incremento de los conflictos sociales viene siendo percibido como un factor de desestabilización del Estado de Derecho. Contribuye a ello el inadecuado manejo que desde el Estado se plantea para afrontar y prevenir estas situaciones que, cuando llegan al estado de crisis, desembocan por lo general en violencia, con consecuencias negativas.

En ese contexto, diversos conflictos sociales ocurridos en algunas zonas del país han sido encauzados a través de la represión estatal, con la idea que penalizando determinados comportamientos de los actores involucrados se podría poner fin a la situación de enfrentamiento. Por ello se explica la aprobación de leyes y disposiciones administrativas que han promovido salidas judiciales y que han sido calificadas como criminalizadoras de las protestas sociales, a través de las cuales el Estado ha demostrado su ineficiencia para llevar a buen puerto las problemáticas involucradas. Resulta por ello importante la necesidad de abrir espacios para el tratamiento de los conflictos con un carácter más riguroso, técnico y con un menor componente de “ensayo-error”.

Con ese ánimo, el pasado viernes 22 de junio se llevó a cabo, en el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Mesa de Trabajo “Conflictos Sociales y Criminalidad”, evento que contó con la participación de representantes de instituciones del sector público tales como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), el Congreso de la República; de la sociedad civil, como la Red de Municipales Rurales del Perú (REMURPE), organizaciones Amnistía Internacional, Ciudad Nuestra, ProDiálogo, Social Capital Group, Paz y Esperanza, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), el Centro de Estudios de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), así como expertos relacionados con el tema, como la investigadora Giselle Huamaní y la socióloga peruana e investigadora en materia de Seguridad Ciudadana, Lucía Dammert, quienes debatieron la situación del tratamiento y políticas actuales para gestionar los conflictos sociales en el país.

El presente documento ha sido elaborado por las áreas de Justicia Viva y Seguridad Ciudadana del IDL, sobre la base de las intervenciones de los participantes en dicho debate en relación con los temas “Seguridad y Restablecimiento del Orden Interno”, “Conflictos Sociales: Capacidades del Estado, Institucionalidad y Enfoques” y “El Rol de la Sociedad Civil”, desarrollados a continuación.

1. Seguridad y Restablecimiento del Orden Interno.

Las medidas con las que el Estado intenta solucionar los conflictos sociales, relacionadas a la seguridad y a la criminalización de la protesta, nos obliga a reflexionar sobre la ausencia de una política estatal de prevención, resolución y transformación de los conflictos. En principio encontramos que, el Estado y la opinión pública, tienen una visión del conflicto en término de “buenos y malos”, de “sospechoso o de amigo”. Afrontar el conflicto de esta manera genera una serie de consecuencias negativas que incrementan el riesgo de violencia y bloquea los caminos al diálogo entre los actores involucrados.

Un ejemplo de ello es el Proyecto de Ley (observado por el Poder Ejecutivo) sobre el empleo de la fuerza por parte de la Policía Nacional (PNP) que, en lugar de aprovechar el contexto actual para incorporar de manera rigurosa una regulación que brinde seguridad para todas las partes involucradas, resulta teniendo la apariencia de un torpe y riesgoso mensaje de mano dura por parte del Congreso de la República, al despenalizar el uso de la fuerza letal sin la claridad debida y desestimando la aplicación del principio de proporcionalidad por parte de los policías.

Con medidas como aquella se propicia que la población asocie los conflictos sociales con la imagen de manifestantes radicales que impiden, de manera violenta e intransigente, la elaboración de proyectos que benefician a “todos los peruanos”. Con ello se consigue que el conflicto sea reducido, únicamente, al momento en el que se produce un estallido de violencia. En esta etapa del conflicto, encontrar una solución resulta mucho más complejo. A ello debemos sumarle la falta de respuesta política por parte del Estado y su poca capacidad de diálogo, en un marco de ausente representación y mediaciones políticas, en relación con la población y las autoridades locales, respectivamente.

Por otro lado, no podemos negar que, durante los conflictos, ocurren actos delictivos de la población que son injustificables, y que nada tienen que ver con las reivindicaciones legítimas de fondo. En estos casos es pertinente tener en cuenta que siempre es posible aplicar las reglas del procesamiento del delito sin necesidad de detener arbitrariamente, o recurrir al “sembrado” de pruebas a los líderes locales y a otros miembros de la población. El Estado cuenta con los medios necesarios para poder identificar a los delincuentes dentro de la protesta social.

Otro tema importante es que la principal fuente de información de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales (OGCS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es la red de Gobernadores y los servicios de inteligencia del Estado. El problema con ello es que la información brindada no tiene como foco de atención a los problemas que generaron el conflicto, sino que centraliza su análisis en las personas: referencias, historia política, antecedentes penales. Ese es el primer filtro por el que pasa la información que recibe la OGCS, lo que implica un sesgo que a su vez conduce a la reducción de los conflictos al tema de la seguridad.

Por otro lado, un gran sector del país desconfía de la población involucrada en situaciones de violencia frente al Estado y entiende los conflictos sociales como manifestaciones criminales que deben ser reprimidas con medidas de mano dura1.

Precisamente, cuando los conflictos desembocan en violencia, el Estado, en lugar de tomar decisiones políticas, realiza respuestas de tipo penal-represivas. Entre las más comunes encontramos el establecimiento del Estado de Emergencia, con el que se restringe a la población involucrada en el conflicto ciertos derechos y libertades, y lo que genera un gran número de detenciones, el uso de la fuerza militar y policial, usualmente con consecuencias letales, frente a la protesta.

En ese sentido,

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