Vulnerabilidad

Ya nadie lo duda, la trata de personas es uno de los delitos que atentan en mayor medida contra los derechos humanos y frecuentemente la delincuencia organizada participa en su realización. La trata de seres humanos vulnera la dignidad de sus víctimas, afecta a familias y comunidades enteras, lastima la cohesión social y, sobre todo, fractura la condición de humanidad de quienes sufren este crimen. Si bien cualquier persona es una víctima potencial del delito de trata de personas, la gran mayoría de las víctimas proviene de contextos de desigualdad, pobreza y de entornos de alta vulnerabilidad social. Lo que obliga a pensar que el cumplimiento de los derechos sociales tiene una importancia instrumental mayúscula para que se reduzca.

La pobreza, la discriminación, la desigualdad en general y de género en particular, la falta de oportunidades económicas, la exclusión social, el desconocimiento y la promesa de beneficios materiales son algunos de los elementos claves que inciden en la problemática de la trata y que reclaman tanto una intervención estatal eficaz como un compromiso social verdadero para poder ser erradicados.

Las víctimas o las potenciales víctimas de trata con fines de explotación sexual suelen ser mujeres entre los 18 y los 25 años, con niveles de ingresos nulos o deficientes, con baja escolaridad, baja educación, desempleadas o con perspectivas de empleo precario y uno o más dependientes directos.

Por su parte, la trata de personas con fines de explotación laboral responde no sólo a los contextos de los que provienen las personas (pobreza, violencia, desigualdad, etc.), sino adicionalmente a características relacionadas con los sectores y actividades económicas en las que se desempeñan, como la agricultura y la horticultura, la construcción, la industria textil, la minería, procesamiento de alimentos y empacadoras, la industria de los transportes y; la “industria” del sexo y la prostitución.

Si bien el trabajo forzoso es un fenómeno global que puede afectar tanto a trabajadores formales como informales; la OIT considera que ciertos grupos son mucho más vulnerables a la coerción y la victimización frente a este delito. Ellos son los trabajadores que han sufrido períodos prolongados de discriminación o explotación, así como los indígenas, campesinos y obreros de zonas urbano-marginales de Latinoamérica; los trabajadores migrantes, particularmente aquellos en situación irregular; los trabajadores empleados en actividades informales, incluidos los trabajadores de zonas rurales remotas y; la población joven e inexperta, analfabeta o con bajos niveles educativos, quienes pueden ser menos conscientes de los derechos laborales que poseen o de los riesgos que enfrentan ante probables condiciones de explotación laboral, trabajo forzado o trata de personas.

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