Agencia de Calidad y Ley de Inclusión
Enviado por franciscavaleria • 14 de Julio de 2017 • Ensayo • 1.483 Palabras (6 Páginas) • 245 Visitas
Agencia[a] de Calidad y Ley de Inclusión
El gobierno ha llevado a adelante un importante esfuerzo a través de la Reforma Educacional en marcha, la que ha generado mejores condiciones para que todos los niños y niñas puedan tener acceso a una educación integral y de calidad. En este sentido, el aporte de la nueva Subsecretaria de Educación Parvularia (Ley N°20835 del 15 de mayo de 2015), la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión (Ley N°20845 del 29 de mayo de 2015), la Ley de Nueva Carrera Docente (Ley N°20903 del 1 de abril de 2016) y el proyecto de Nueva Educación Pública son hitos relevantes que marcan la diferencia para tener un país con mayores oportunidades para los estudiantes.
En ese marco, y con el mismo propósito, las instituciones que conforman el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar (Ley N°20529 de 2011), asumen funciones complementarias. El Ministerio de Educación, quien rige el sistema escolar, diseña y propone las políticas y es el principal responsable del apoyo al fortalecimiento de capacidades profesionales e institucionales de las comunidades educativas, sus docentes y directivos. Por su parte, el Consejo Nacional de Educación aprueba los marcos de actuación elaborados por el Ministerio, como las Bases Curriculares, a su vez, la Superintendencia de Educación fiscaliza el cumplimiento de la normativa desde un enfoque de resguardo de los derechos.
En esta misma legislación, la Agencia de Calidad de la Educación es responsable de orientar a las comunidades educativas y a otros actores del sistema a partir de la evaluación de distintos resultados y procesos educativos. Para ampliar la mirada de calidad, se mide y aporta información sobre la percepción del clima de convivencia escolar, de la autoestima académica y motivación escolar, entre otros indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes.
La Ley de Inclusión en la Educación aprobada el 26 de enero de 2016 rige para todos los recintos del país y en términos generales busca que el sistema educacional propenda a “eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes”, es decir, los establecimientos no pueden incluir medidas que discriminen arbitrariamente a los alumnos o sanciones que afecten su derecho a recibir educación. Dentro de los puntos claves, fija incremento de recursos y aportes del estado para el proceso educacional y los actuales sostenedores seguirán sirviendo a la educación con seguridad para proyectos educativos con más opciones para recursos para mejorar la calidad, con permanencia del proyecto en el tiempo, incrementando la Subvención Preferencial (SEP) en un 20% para todos los establecimientos que ya cuenten con SEP y crea el Aporte de Gratuidad para los alumnos de establecimientos gratuitos, sin fines de lucro y que estén incorporados al régimen SEP.
Sin embargo, considero que hoy el desafío es movilizar y generar conversaciones entre los distintos agentes de la comunidad educativa, con el fin de buscar y crear espacios de trabajo para avanzar en una cultura de mejoramiento continuo, donde se desarrollen habilidades, conocimientos y actitudes en el marco de una sociedad del siglo veintiuno que es compleja y desafiante. Las prácticas pedagógicas y la gestión educacional están circunscritas a desafíos y estas tienen relación a la contribución que deben generar en el ámbito de la reflexión interna de cada establecimiento según la realidad y contexto de cada colegio, sobre los temas que hoy son de vital importancia como lo es la inclusión, el desarrollo de habilidades y el logro de una educación cada vez más integral.
El sistema de aseguramiento de la calidad, cuya pieza clave es la Agencia de Calidad, que cuenta con estándares que fijan lo que toda escuela, colegio y liceo debe ofrecer a sus estudiantes en materia de calidad educativa, también ha procedido a clasificar a todos los establecimientos en relación a estas exigencias, de manera que ya existe información a nivel de sostenedor y de la comunidad educativa de la situación en que se encuentran, siendo lo más preocupante aquella de los alrededores de 600 establecimientos municipales y particulares subvencionados catalogados como “insuficientes”. No obstante, que falta terminar de instalar el conjunto de apoyos técnicos e institucionales que permitirán desarrollar las capacidades en cada establecimiento. Sin esta última, el sistema no sólo está incompleto, sino que es dudosa su utilidad, y si hacemos un símil con la salud, los diagnósticos no son suficientes si no hay claridad en el tratamiento requerido, o si existiendo este no están disponibles los recursos y conocimientos necesarios para poder aplicarlo. En otras palabras, la mejora de una escuela no opera como un mero impulso reflejo producto de conocer sus carencias en la formación o bien en los procesos que no están siendo cumplidos de manera adecuada. La educación chilena requiere con urgencia avanzar en instalar una infraestructura de apoyo para los establecimientos escolares, cuya función central debe estar centrada en el deber de asegurar que toda escuela y liceo tenga a su disposición conocimientos y experiencias acumuladas en Chile y fuera del país, necesarios para diseñar y desarrollar procesos de mejoramiento escolar. Los apoyos externos a la escuela deben estar al servicio de quienes tienen la verdadera posibilidad de realizar perdurable en el tiempo las transformaciones procalidad: los docentes y directivos de cada establecimiento. En este sentido cabe mencionar que hay sostenedores que han desarrollado equipos eficaces de asistencia técnica, hay facultades de educación que están trabajando con establecimientos educacionales, existe la supervisión del Ministerio de Educación que ha implementado por décadas programas de apoyo, hay instituciones de asistencia técnica que pueden ser contratadas con los importantes recursos de la Ley SEP, con la agencia con un sistema de visitas técnicas. Pero este conjunto de iniciativas y recursos no logra convertirse aún en esta infraestructura de soporte que requieren nuestros establecimientos, en especial aquellos que atienden al estudiantado más desventajado.
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