CASO COLUSION POLLOS

Caso de los pollos y supermercados

En septiembre de 2014, tres de las más grandes empresas productoras avícolas en el país fueron sancionadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con millonarias multas por el delito de colusión. La justicia determinó que Agrosuper S.A. (Agrosuper), Empresas Ariztía S.A. (Ariztía) y Agrícola Don Pollo Limitada (Don Pollo) acordaron la producción nacional de la carne, otorgándose cuotas de producción para manipular precios.

La colusión, es un acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores con el fin de fijar precios de venta, precios de compra u otras condiciones de comercialización. A través de esta práctica, las empresas pueden acordar reducir la producción, repartirse consumidores o mercados, interferir en el resultado de las licitaciones, entre otras posibles acciones que tienen como efecto limitar la competencia y aumentar sus ganancias conjuntas, en detrimento de los consumidores.

El acuerdo de colusión puede ser explícito o tácito. En el primer caso, las firmas se comunican entre sí y tienen un acuerdo explícito. Las empresas avícolas protagonistas de la “colusión de los pollos” habrían incurrido en este ilícito por más de 15 años.

Las empresas, en coordinación con la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA) efectuaban anualmente, una proyección del consumo de carne de pollo para el período siguiente y con base en esta información,  determinaban las toneladas de carne de pollo que deben producir y vender de manera conjunta en el mercado local. Esto se materializó en el conocido caso de la colusión de los supermercados, en las cuales las cadenas de supermercados más grandes del país (Cencosud, Walmart y SMU) acordaban con los proveedores fijar precios mínimos de venta al público. Según la Fiscalía Nacional Económica, los tres principales productores de pollo (Ariztía, Agrosuper y Don Pollo) fijaban un precio único de lista mayorista, el que sumando el IVA funcionaba por regla como un precio mínimo de venta para los minoristas (supermercados y otros).^[1]

Producto de una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que nació de un monitoreo que realizó la FNE a los supermercados, donde se analizaba el comportamiento de distintos proveedores, incluyendo los comercializadores de pollo y pavo, se pudo determinar que existían evidencias que “indicaban la existencia conductas exclusorias o colusivas desarrolladas por las principales empresas distribuidoras de productos de carne de pollo y pavo.”^[2] Este proceso finalizó con la aplicación de las multas máximas a las tres compañías que operaron como un “cartel del pollo” y la disolución de la APA, luego de una sentencia del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) ratificada por la Corte Suprema.

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