Etica Publica

“La corrupción en los altos estamentos del poder político y público se manifiesta hoy no solo como actos individuales y aislados, sino como parte ya de un sistema perverso cobijado en una red de impunidad que se pretende mantener.”

Pensamos en un gobierno que observe el estricto cumplimiento de los mandatos constitucionales como la plena vigencia de la independencia de poderes, la exigencia ética en el comportamiento de los cargos públicos, la eliminación de cualquier práctica corrupta y la buena gestión que constituyen las mejores bases de de la gobernabilidad democrática.

La ineficiencia de la burocracia estatal, acentuada en los últimos años, constituye uno de los principales problemas que enfrenta el país y es resultado de un poder político carcomido por la corrupción que la propicia para obstruir impedimentos legales, la labor efectiva de organismos creados para la observancia de la ética y el control de ese flagelo y la propia fiscalización de la ciudadanía. La corrupción en los altos estamentos del poder político y público se manifiesta hoy no solo como actos aislados e individuales, sino como parte ya de un sistema perverso cobijado en una red de impunidad que se pretende mantener.

Acciones Propuestas.

Una de las primeras medidas de gobierno será adecuar nuestra legislación para disponer de controles más efectivos y aplicar severas sanciones a los que infrinjan las normas por actos de corrupción, y para con la red de impunidad que permite, entre otros, la prescripción de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.

Se cerrará cualquier portillo legal que obstaculice el enjuiciamiento por responsabilidades civiles y penales y por acciones, públicas o privadas que dañen al país, como el clientelismo político. Se pondrá en vigencia lo que la Constitución Nacional ordena “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna…”

El poder de los ciudadanos en los espacios decisorios de participación y en el debido control de la gestión pública, se mide de acuerdo con el grado de información que estos dispongan. Se creará por Ley un Sistema Nacional de Información autónomo que, de manera permanente y con absoluta transparencia, informe sobre el desarrollo de la labor que realizan las instituciones públicas en los tres poderes de la república.

Se realizarán las reformas que correspondan para jerarquizar la justicia, modificar el proceso de selección, designación y remoción de magistrados, las normas procesales, la gestión judicial y la resolución de conflicto. La Fiscalía General de la República tiene que pasar a ser un órgano independiente del Poder Judicial.

Deben realizarse modificaciones para modernizar la normativa procesal y la incorporación del expediente digital a fin de asegurar un mayor dinamismo y rapidez de los procesos,

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