LA CANTUTA Y BARRIOS ALTOS

LA CANTUTA

La madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Grupo Colina, Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN), irrumpieron en los dormitorios de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle llamada también (La Cantuta), fueron secuestrados nueve estudiantes y a un profesor, para luego asesinarlos y sepultarlos en fosas comunes a las afueras de la ciudad de Lima.

Dicha incursión se produjo para controlar la posible infiltración de terroristas en el campus; lo cual se entendió como algo equivalente a lo que se había hecho antes en otras sedes universitarias.

Asimismo, se ha dicho que los testigos de dentro de la Universidad en el momento de la intervención de los soldados fueron encañonados y obligados a permanecer en sus respectivos lugares de residencia. En tanto que los “desaparecidos” habrían sido ejecutados luego del rastrillaje y enterrados en fosas abiertas en la zona de Huachipa.

LAS VÍCTIMAS FUERON NUEVE ESTUDIANTES Y UN PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD:

• Hugo Muñoz Sánchez (profesor)
• Bertila Lozano Torres
• Dora Oyague Fierro
• Felipe Flores Chipana
• Luis Enrique Ortiz Perea
• Armando Richard Amaro Cóndor
• Robert Édgar Teodoro Espinoza
• Heráclides Pablo Meza
• Marcelino Rosales Cárdenas
• Juan Gabriel Mariños Figueroa

El 12 julio de 1993, la revista Sí publica dónde habían sido sepultados los secuestrados. Sólo entonces se descubren cuatro fosas clandestinas en la ciudad de Cieneguilla donde se identifican los restos de algunas de las víctimas del caso.

El 18 agosto de 1994, la justicia castrense condena a penas de entre 1 y 20 años de prisión a los autores de las desapariciones forzadas de La Cantuta. Después de esa sentencia el general peruano Rodolfo Robles denunciará que los autores intelectuales del crimen no habían sido juzgados y señalará como principales responsables al asesor presidencial, Vladimiro Montesinos y a otros generales del ejército.

El 14 junio de 1995, el Congreso aprueba una Ley de Amnistía que beneficia a personal militar, policial y civil involucrado en violaciones de los derechos humanos cometidas desde 1980 hasta ese día. Los condenados por las desapariciones y ejecuciones de La Cantuta quedan en libertad.

El 11 marzo de 1999, dados los errores de la justicia y el patrón de impunidad ante el caso, los familiares de tres de las víctimas presentan una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual admite su competencia en el caso.

El 29 noviembre de 2006, la Corte IDH condenó al Perú por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de las víctimas de La Cantuta y establece que los hechos fueron una estrategia contrasubversiva implementada por el Estado y que ni la jurisdicción militar era el fuero competente para investigar y sancionar a los responsables de estos hechos ni las leyes de amnistía dictadas eran válidas. La Corte estableció que el crimen fue cometido por el Grupo Colina, el cual ejecutó la masacre con el conocimiento del entonces presidente de la República y responsable del comando del Ejército, Alberto Fujimori.

Este caso, en conjunto con el caso de Barrios Altos, provocó la acusación por los crímenes cometidos al ex presidente Alberto Fujimori y a otros miembros de los altos mandos del ejército peruano, creando un precedente histórico en la región y contribuyendo de forma rotunda a la lucha contra la impunidad en Perú y en el continente.

BARRIOS ALTOS

El 3 de noviembre de 1991, a las 10:30 pm se estaba llevando a cabo una pollada de recaudar fondos reparación del edificio en la Colonia Barrios Altos, cuando interrumpieron 6 miembros del “escuadrón de eliminación” Grupo Colina cuerpo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN) con la cara cubierta por pasamontañas, los integrantes del escuadrón ordenan a las víctimas que se echen al suelo y subsecuentemente, abren fuego matando a 15 personas e hiriendo a cuatro, entre ellos a Tomás Livias Ortega, quien queda incapacitado. Luego del ataque, los miembros del Grupo Colina se retiran de la colonia.

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