LOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD JURÍDICA FRENTE AL CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA EN COLOMBIA

LOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD Y ESTABILIDAD JURÍDICA FRENTE AL CONTRATO  DE CONCESIÓN MINERA EN COLOMBIA

Por Hugo Alejandro Sánchez Hernández^[1]∗

RESUMEN

La industria minera ocupa en la actualidad un lugar trascendental en la economía mundial, en razón principalmente de la escasez de recursos mineros que afrontan ciertos países los cuales, con miras a satisfacer su demanda interna, se han visto obligados a abrir nuevas perspectivas de mercado hacia países con altos potenciales mineros, tal como ocurre con Colombia.

En este contexto, el concepto de seguridad jurídica se convierte en indiscutible protagonista al hablar de las perspectivas de desarrollo de la industria minera, en el entendido que sin la garantía de seguridad acerca de las instituciones y normas que regulan la actividad minera en un Estado, difícilmente podría estimularse el establecimiento de nuevos proyectos mineros, a través de la llegada de capitales y de tecnología de punta.  

Con base en lo anterior y, teniendo en cuenta las experiencias adelantadas en otros países, es que nos planteamos el siguiente cuestionamiento: ¿brinda el contrato de concesión minera colombiano ese clima de seguridad y estabilidad jurídica imprescindible para el desarrollo y fortalecimiento de la industria minera nacional?

Con el ánimo de responder la problemática citada abordaremos el estudio de los siguientes temas: inicialmente, nos ocuparemos del estudio del régimen jurídico aplicable al contrato de concesión en Colombia; en una segunda fase, se analizarán las particularidades del contrato de concesión, especialmente lo relacionado con las características del contrato único y sus garantías, para concluir si en Colombia, efectivamente, el marco normativo que rige el contrato de concesión minera permite aseverar que existe en la actualidad un clima de seguridad y estabilidad jurídica.

PALABRAS CLAVES

Contrato de concesión minera. Seguridad Jurídica. Estabilidad jurídica

INTRODUCCIÓN

La industria minera ocupa en la actualidad un lugar trascendental en la economía mundial, en razón principalmente de la escasez de recursos mineros y energéticos que afrontan ciertos países los cuales, con miras a satisfacer su demanda interna se han visto obligados a abrir nuevas perspectivas de mercado hacia países con altos potenciales mineros, tal como ocurre con Colombia.    

Adicionalmente se encuentra que la industria minera es una actividad bastante sensible a los cambios tecnológicos, políticos y jurídicos, razón por la cual el reto de los gobiernos y de los ordenamientos jurídicos estatales es precisamente responder en forma adecuada y eficaz a las necesidades y cambios connaturales a este tipo de industria.

En este contexto, el concepto de seguridad jurídica se convierte en indiscutible protagonista al hablar de las perspectivas de desarrollo de la industria minera, en el entendido que sin la garantía de seguridad acerca de las instituciones y normas que regulan la actividad minera en determinado Estado, difícilmente podría estimularse el establecimiento de grandes proyectos mineros, a través de la llegada de nuevos capitales y de tecnología de punta.

Lo anterior, por cuanto, como lo afirma Antonio Enrique Pérez Luño:“La seguridad es, sobre todo y antes que nada, una radical necesidad antropológica humana y, el saber a qué atenerse, es el elemento constitutivo de la aspiración individual y social a la seguridad (…)”.

En este mismo sentido, Alberto B. Bianchi señala que “la seguridad jurídica es el fruto o la resultante de la aplicación, día a día, de las reglas que gobiernan el sistema de Estado de Derecho de un país. Cuando los poderes del Estado respetan el orden constitucional establecido y logran que tenga vigencia efectiva y no sólo formal, se vive en un clima de seguridad jurídica.”.

De conformidad con lo anterior, podemos decir que la seguridad jurídica constituye en últimas aquél valor jurídico fundamental que debe servir al mismo tiempo de punto de partida y de llegada de los ordenamientos jurídicos estatales.  Punto de partida, si con la creación de la norma se busca la expedición de un cuerpo legal adecuado, sencillo, claro y que, al mismo tiempo, tenga vocación de permanencia en el tiempo a través de la implementación de mecanismos jurídicos que den respuesta idónea a los cambios en las circunstancias que se produzcan en su aplicación.  Y punto de llegada, por cuanto al momento de la aplicación de dichas normas por parte de los órganos e instituciones competentes se busca su efectividad no sólo formal sino material, dentro de un marco de respeto al orden constitucional del Estado.

Ahora bien, este concepto de seguridad jurídica, como es apenas natural, cobra una especial relevancia en materia minera, en la medida en que ésta es una industria de largo plazo que requiere de importantes inversiones tanto de carácter económico, como tecnológico, en la búsqueda de la optimización de las actividades de exploración,  explotación y aprovechamiento de los recursos mineros.

Así las cosas, dentro de aquellos postulados, que a título meramente enunciativo y no taxativo, nos atrevemos a plantear como esenciales para garantizar la seguridad y estabilidad jurídica en un Estado de Derecho, tratándose de la contratación para la exploración y explotación de los recursos mineros yacentes en su territorio, encontramos los siguientes:

(i) el establecimiento de reglas claras que regulen el tema minero,

(ii) la definición clara de competencias entre los órganos y/o instituciones,

(iii) la transparencia en los procedimientos de contratación,

(iv) el respeto a los derechos adquiridos,

(v) la existencia de un contrato único para la exploración y explotación minera  y,

(vi) la implementación de un catastro minero que contenga información veraz sobre los títulos mineros otorgados y peticionados.

A este respecto, se hace imperativo destacar cómo a nivel de Derecho Comparado Latinoamericano las reformas legislativas que tuvieron lugar en países como Chile, Perú, México y Argentina, constituyeron sin duda el motor de desarrollo de sus industrias mineras, gracias al establecimiento de un conjunto normativo flexible y moderno capaz de responder a las necesidades propias del sector minero.

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