La Educación en México

Educación en México  

Una reforma educativa que pretenda postularse como rumbo pertinente hacia los próximos quince o treinta y cinco años, debe contar con capacidad de liderazgo para llevarla a cabo en todos los ámbitos de la educación tanto formal como no formal, y sustentar una visión de largo plazo a través de un conjunto articulado de estrategias, como ha sido profusamente documentado. Los indicadores y resultados sobre la educación dan cuenta de que la trayectoria de una gran mayoría de estudiantes en la escuela no se traduce en una mejora de sus conocimientos y habilidades de aprendizaje, y con ello se reproducen relaciones sociales y económicas difíciles en extremo para la obtención y permanencia en un determinado empleo –a pesar del título o grado educativo alcanzado–. Por el contrario, para que una nueva educación sea posible, de aquí a treinta años o más, habrá que comenzar por hacer frente a los problemas de fondo que no fueron atendidos en el último intento de reforma educativa, que se presentó durante el periodo sexenal de 2013-2018, y al mismo tiempo engarzar lo que debe ser re-definido y re-construido desde la perspectiva de los nuevos contextos en los que estarán formándose las nuevas generaciones de mexicanos. A partir de una perspectiva legislativa, los congresistas, los políticos, los académicos y todos los actores de convicción ciudadana involucrados, deberían de empezar a reflexionar respecto de la garantía de una educación pertinente para mediados del actual siglo.

El punto de partida debe ser el sustentar, como principio, una educación de bien público y social y no de una de tipo comercializable, para evitar que esta se convierta en un mero servicio o en una mercancía, y las escuelas, en un espacio para el lucro. Decidir mantener y reproducir un sistema «mixto» –público y con fines de lucro– como el que existe ahora, en donde la garantía de una educación de «calidad» esté sujeta al cobro de cuotas o pagos por parte de las familias o de los estudiantes, significaría un total retroceso para las nuevas generaciones. Se trata, por el contrario, de pensar en otro tipo de educación, para sujetos que demandarán un nuevo tipo de educación en otro tipo de sociedad y de Estado. Artículo Tercero Constitucional y lo que de ello se derive en una nueva política de Estado para el sector referido al derecho a la educación, deberá postular, por lo tanto, una educación distinta.

La educación del futuro no es ni debe ser solo, por tanto, un tema del sistema escolar, ni de la organización de un determinado sector de algún nivel escolar, porque debe contemplar el conjunto del sistema educativo, de la sociedad, la economía y el Estado.

Desde ese concepto de maestro, se justificó que la docencia era el principal factor de deterioro de la calidad de la educación en el país, porque los maestros no trabajaban, eran simples «grillos y alborotadores», y la solución, como por magia, consistía en someterlos a una constante evaluación. Esta es una de las falsedades del anterior régimen más divulgadas por medios de comunicación, como Televisa y TV Azteca , entre otros, grupos privados como «Mexicanos Primero», y otros adalides de la pedagogía de la riqueza y la abundancia, para presentar como el motivo esencial de justificación de la existencia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y las acciones de la Secretaria de Educación Pública La solución propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos También se enmascaró, como se pudo, la idea de que lo mejor era adecuar las demandas de las escuelas al mercado. La privatización y la mercantilización de la educación se presentaban como la mejor opción para alcanzar la «calidad» de la enseñanza.

Una vez que se ha alcanzado a redefinir el postulado general constitucional que impulsa una visión distinta de la educación nacional, el debate se concentrará ahora en las leyes secundarias, que deberán establecer los términos concretos respecto de los cuales se operará en la práctica la nueva reforma educativa. Estos términos son claves porque darán cuenta de que no solo se tiene claridad respecto de los principios generales de una educación equitativa y gratuita, inclusiva y de calidad social, sino que se cuenta con una estrategia coherente y progresiva para que ello se realice en el presente sexenio. 50/50%, es decir, en donde la mitad de los aprendizajes se orientarán a garantizar los conocimientos «nacionales y básicos» –como la lectura-escritura, la nacionalidad, la historia, la geografía, el pensamiento lógico-matemático, la filosofía, la ética, los derechos humanos, la sustentabilidad y el cambio radical en el cuidado del medio ambiente y la educación para la ciudadanía, entre otros– y el restante 50% estará concentrado en la construcción de habilidades de pensamiento crítico –conocimiento tácito– y la resolución de problemas –habilidades para el desarrollo de proyectos de innovación social–, para lo cual la escuela se verá rebasada, y habrá que organizar múltiples espacios de aprendizaje desde conceptos como, por ejemplo, los de Ciudad Educadora, Ciudades del Aprendizaje, o espacios abiertos a la construcción de nuevos conocimientos. En la educación media superior y superior, las antiguas estructuras disciplinares empezaran a ser solo un referente epistémico básico, porque se trabajará sobre todo en áreas y dominios transdisciplinarios e interdisciplinarios, y en objetivos de conocimiento de frontera relacionados con los grandes problemas del país y del mundo, en un entramado de nuevos constructos, teorías, métodos y praxis íntimamente relacionados por el contexto de su aplicación.

Con todo y la puesta en marcha de una estrategia que coloca en el centro la garantía de los derechos humanos, en particular los de aprender en condiciones de pertinencia social y el bien común, la desigualdad y la exclusión seguirán estando presentes, por lo que deberá considerarse el impulso a programas afirmativos para la población excluida, sobre todo si se considera, como se ha argumentado con antelación, que aprender de forma integral deberá ser un derecho de todos y no sólo de quienes están incorporados al sistema formal de educación o cuenten con recursos para permanecer en un sistema escolar determinado. El significado y contenido de lo que hoy se considera el sistema nacional de educación habrá cambiado para eso años. El tema esencial no estará concentrado en definiciones legislativas y políticas centradas en la educación –como lo formal de su organización, tal y como se presenta en la actualidad– sino en la construcción de plataformas muy amplias de aprendizaje social, públicas, gratuitas y pertinentes, en donde lo predominante será la articulación de saberes, la inter y multiculturalidad y la sustentabilidad de las mismas. Para realizar el tránsito entre el sistema formal y rígido de educación actual a uno de aprendizajes múltiples y para todos, el problema no deberá centrarse, solamente, en la cantidad de recursos materiales y humanos con los que se deberá contar, sino sobre todo en la definición de lo que se quiere y requiere aprender en el entorno de un futuro distinto.

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