La Mujer Mexicana en el Siglo 21 en la Política

La Mujer Mexicana del Siglo 21 en la Política

Realidades

Introducción

Si bien es cierto que ya estamos en el siglo XXI, también es cierto que algunos paradigmas que hemos venido arrastrando a lo largo del tiempo no los hemos podido superar. En especial, el que tiene que ver con la mujer.

Mientras la humanidad atestiguaba el nacimiento del Estado moderno —que ha dado lugar a Estados constitucionales como el mexicano—, solo los hombres participaban activamente en su formación: eran titulares de derechos, formaban parte del pueblo que podía elegir a sus representantes, y ocupaban cargos públicos de representación social. Y cuando digo “hombres” no estoy utilizando —equivocadamente— al género masculino como neutro; me refiero a los hombres. Las mujeres no fueron parte del diseño institucional y social, ni mucho menos tuvieron un espacio en la política. En otras palabras, el Estado moderno, cuna de la democracia actual, nació trunco: desde su origen excluyó a las mujeres de cualquier tipo de participación dentro del mismo.

Aunque esto resulta de suyo bastante grave, lo más preocupante estriba en que el establecimiento de la política como un coto vedado a las mujeres terminó por consolidar una idea que se grabó casi indeleblemente en nuestra estructura sociocultural: las mujeres no pueden participar en espacios deliberativos ni de toma de decisiones, razón por la cual su formación hacia la vida adulta debe orientarse a las labores domésticas. Quedó así definido el papel de las mujeres. Sin embargo, si ha habido avances para integrar a la mujer a la vida política del país.

Desde la reforma constitucional de 1953 que otorgó a las mujeres mexicanas el derecho al sufragio, se entendió que la mera igualdad formal era insuficiente para lograr una mayor equidad entre hombres y mujeres en el ámbito político. Por lo que este trabajo de investigación, solo buscará recrear desde un punto de vista somero la participación que ha tenido la mujer mexicana en la política del país.

“No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres sino que tengan más poder sobre ellas mismas”

Mary Shelley

Desarrollo del tema

México era uno antes de 1953 y es otro después de ese año, cuando se reconoció oficialmente el derecho de las mujeres a elegir a sus gobernantes y a ser electas, pero ese reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión, sino el resultado de movimientos universales y locales a favor de la equidad de género. Con el reconocimiento a nivel federal del derecho de voto a las mujeres, se vivió un gran avance democrático que generó una situación de igualdad constitucional. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que las mujeres siguieron enfrentándose a una serie de obstáculos que las ponían en desventaja frente a los hombres cuando intentaban participar activamente en la vida pública del país. Se entendió entonces que la mera igualdad formal era insuficiente para lograr una mayor equidad entre hombres y mujeres en el ámbito político y, de esta forma, comenzaron a concebirse acciones afirmativas para perseguir esa equidad.

En 1993, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) recomendaba que los partidos “promovieran una mayor participación de las mujeres en la vida política del país”. Esta disposición no dejaba de ser una mera declaración de buena voluntad, pero, a pesar de ello, el hecho de que por primera vez se buscara abrir el camino a la reivindicación electoral del voto pasivo de las mujeres en un ordenamiento federal tuvo efectos positivos. Prueba de lo anterior es que, en la lvi Legislatura, el porcentaje de mujeres pasó del 8% a casi un 14% de participación en la Cámara de Diputados, y del 4% a un 13% en la Cámara de Senadores. No obstante, por muy diversas causas, el interés por el voto pasivo de las mujeres fue perdiendo su impulso inicial y no fue sino hasta 1996 cuando este tema se volvió a situar en el centro de la discusión de los partidos políticos, a través del establecimiento de cuotas de género. Ese año se aprobó una reforma en la que se señalaba que, en sus estatutos, los partidos políticos considerarían que las candidaturas a diputados y senadores para un mismo género no excedieran el 70% del total.

Más tarde, en 2002, en el apartado B del Artículo 75 del Cofipe, se estableció que las listas de representación proporcional se integrarían por segmentos de tres candidaturas y que, en cada uno de los tres segmentos de cada lista, habría una candidatura de género distinto. Además, en el apartado C del mismo Artículo, se enunció, por primera vez, un sistema de sanciones para los partidos que no cumpliesen con el mandato de la ley.

Gobernadores y gobernadoras en México entre 1987 y 2017

...