“La impunidad en el sistema de justicia en México”

Universidad del Valle de México

Proyecto Integrador Etapa 2 Anteproyecto de Investigación

“La impunidad en el sistema de justicia en México”

Nombre (s):

Fontes Gutiérrez Coral Gómez Muñoz Jorge Alberto

Fecha: 29 de noviembre de 2020

Proyecto Integrador Etapa 2

I. Título

La impunidad en el sistema de justicia en México

II. Planteamiento de problema

El enfoque de investigación tiene como finalidad definir cuál es el estado de impunidad en nuestro país para luego identificar cuál es el origen de la gestación de este fenómeno en nuestra historia como nación.

Según un informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015), durante décadas la impunidad en México ha impedido la efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, lo que ha ocasionado que los múltiples avances normativos no generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas en el país.

Es decir, a pesar de los adelantos que el Estado mexicano ha logrado en la creación de marcos normativos, procedimientos e instituciones especializadas, en la práctica ni la sociedad está acatando la ley, ni los distintos gobiernos han podido hacer algo al respecto, lo que se traduce en un obstáculo para hablar de un verdadero Estado de derecho.

Resultando que los niveles de impunidad en México son sumamente elevados a pesar de que existe todo un sistema encaminado a combatirla, es claro que éste no está funcionando. Entonces, ¿en dónde se encuentra la raíz del problema?, ¿dónde y cómo podemos identificar el origen de la impunidad en nuestro país?

En 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU llevó a cabo la tercera ronda del Examen Periódico Universal de México, a través del cual el grupo de trabajo asignado para esa tarea emitió una serie de recomendaciones.

Por ejemplo, Finlandia señaló los esfuerzos realizados en el ámbito de los derechos humanos, pero se refirió al elevado nivel de violencia e impunidad en el país.

En el mismo sentido, Noruega celebró el compromiso multilateral de México en materia de derechos humanos, pero siguió considerando preocupantes los niveles alarmantemente elevados de impunidad y violencia.

La lista es extensa y reiterativa en ese sentido, incluyendo recomendaciones de Rusia, Eslovaquia, Suecia y Japón, entre muchos otros.

En cuanto a órganos nacionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2019), presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la persistencia de una coyuntura crítica en materia de derechos humanos, con alto índice de impunidad; la existencia de un Estado de derecho débil y fragilidad institucional.

A través de este escrito, el ombudsperson mexicano señaló que nuestro país es el que tiene el más alto índice de impunidad en todo el continente, lo que se refleja en detenciones y ejecuciones arbitrarias, que conllevan otras violaciones como tortura, malos tratos y desapariciones que no se investigan adecuadamente, ante lo cual señaló que mientras no se resuelvan estos casos, se conozca la verdad, se sancione a los responsables y se repare a las víctimas, el Estado mexicano no podrá avanzar hacia la consolidación de un Estado democrático y auténtico de derecho.

Es evidente entonces que el índice de impunidad en nuestro país está por encima de los parámetros “regulares”, pero ¿cómo llegamos a este punto?

En la obra “La corrupción en México: Transamos y no avanzamos”, Canales, R. (2015) explica que la coyuntura posrevolucionaria de México, caracterizada por la inestabilidad polifacética heredada de la revolución, constituyó terreno fértil para la conformación de un sistema unipartidista, en el que una sola fuerza política llegó a definir los cómo, los cuándos, y los porqués en el poder público.

Bajo este esquema, refiere que el partido único priorizó la estabilidad política, lo que implicó la instauración de dinámicas de permisividad ante ciertas conductas que no se apegaban al marco normativo vigente, pues de esta manera se perpetuaba la funcionalidad del sistema.

Luego, señala que cuando el país se democratiza, en la década de los noventas, la incapacidad institucional para conservar el orden público sin el control unipartidista se vuelve más evidente que nunca.

En ese sentido, resulta que este pacto de impunidad ha perdurado hasta nuestros días, más allá de los alcances del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, es preciso indagar en si el surgimiento de este tipo de prácticas antijurídicas derivó realmente de la dinámica unipartidista, o si solo significó la continuidad de los manejos públicos que han existido en el país desde la consecución de nuestra independencia, o incluso desde antes.

Por ejemplo, Jiménez, J. (2015) señala que durante el porfiriato se gestó una evidente desigualdad social que encumbró política y financieramente a unos cuantos, mientras que la gran mayoría de la población vivía en condiciones precarias. Este sistema, sin duda funcionaba con base en corruptelas de todo tipo, pues en aras de preservar estos beneficios, la clase política dominante llevaba a cabo actividades de enriquecimiento ilícito, nepotismo y saqueo institucional, esto sin hablar de que los principios democráticos eran prácticamente inexistentes.

En ese sentido, no existía como tal un Estado de derecho, pues la voluntad y los intereses de un grupo estaban por encima de las normas nacionales, incluida la propia Constitución Federal.

Sirve como apoyo a lo anterior la siguiente gráfica:

Objetivos

General Específicos

Determinar cuáles

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