MÉTODO DE CASOS REGLA FISCAL
Enviado por Royner Herrera • 29 de Febrero de 2020 • Ensayo • 2.124 Palabras (9 Páginas) • 169 Visitas
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UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CÁTEDRA DE ADMINISTRACIÓN[pic 2]
ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN GENERAL I CÓDIGO: 00451
RÚBRICA DE CALIFICACIÓN DE TAREA TERCER CUATRIMESTRE 2019.
NOMBRE | 1er APELLIDO | 2do APELLIDO | CARNÉ/CÉDULA |
CENTRO UNIVERSITARIO | GRUPO | FECHA | |
NOMBRE DEL PROFESOR QUE CALIFICA LA TAREA | FIRMA | ||
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN.
CÁTEDRA DE ADMINISTRACIÓN.
ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.
CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ.
GRUPO: 06.
ESTUDIANTE: ROYNER JOSUÉ HERRERA PRADO.
CARNET: 115940244.
TERCER CUATRIMESTRE, 2019.
Hechos relevantes.
- La reforma fiscal se aprobó en Costa Rica el 01 de diciembre del 2018.
Especialistas consideran que la reforma fiscal aprobada no va ser suficiente para resolver el déficit fiscal del 7% calculado para el cierre del 2019.
- La reforma fiscal con todos sus cambios según especialistas logrará resolver solo un 1.7% del déficit fiscal.
- Existen propuestas para reducir el gasto público y la no aprobación de estos implicaría una nueva solicitud de aumento de impuestos o solicitar una ayuda internacional.
- Los sindicatos, posterior a la aprobación de la reforma fiscal han perdido apoyo y en la actualidad hay un escenario favorable para la aprobación de proyectos sobre empleo público y su gasto.
- El país tiene más de 332 instituciones públicas, donde algunas operan sin financiamiento propio y cuyo crecimiento ha sido mayor en las últimas décadas imposibilitando el control del presupuesto que les es asignado y como es ejecutado, al punto de que se ha generado despilfarro de fondos.
- Algunas de las instituciones del estado tienen las mismas funciones o público meta, tales como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las 4 superintendencias, el Conavi y el Cosevi.
- A pesar de la existencia de ciertas instituciones públicas no se ha logrado solucionar o disminuir problemas como pobreza o falta de infraestructura.
- El exdiputado Ottón Solís presentó unos proyectos para recortar el gasto público que entre ellos sugerían el cierre, fusión o venta de instituciones públicas.
- Entre las soluciones a seguir para reducir el gasto público son una Ley de empleo público, que elimine los diferentes regímenes, el recorte a pensiones de lujo con carga al presupuesto nacional y una regla fiscal constitucional.
Problema central:
¿Qué medidas debe de tomar el Gobierno de Costa Rica en cuanto a entidades públicas y su gasto, de forma tal que se reduzca el gasto público, se inviertan mejor los recursos económicos y se mejore el déficit fiscal?
Análisis:
Costa Rica en la actualidad tiene un déficit fiscal del 7%, mismo que crece año con año debido a sus gastos en diversas partidas, entre ellas el pago de salarios y financiamiento de proyectos que son ejecutados por ciertas instituciones públicas, pero que no tienen su propia fuente de obtención de recursos, si no que sus gastos son cargados al presupuesto del gobierno, y representa cifras significativas, por tanto es el Gobierno Central el que debe de velar por el financiamiento de estas entidades y lo hace mediante la recolección de dineros que hace a través de diferentes medios, no obstante la situación fiscal del país no ha sido la mejor en las ultimas 2 décadas y se ha aumentado en forma negativa, recién en diciembre se aprobó una Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que para los especialistas no soluciona lo suficiente la situación fiscal del país. La no solución del problema fiscal a corto plazo implicaría acceder a préstamos con tasas de interés muy altas, y aumentaría su endeudamiento, para poder seguir manteniendo los salarios y proyectos de instituciones públicas. Al largo plazo el país no tendrá como cumplir sus obligaciones crediticias, de salarios y financiamiento de diversos programas de infraestructura y sociales, a lo cual este accederá al incremento de tasas de interés en bancos estatales, crecimiento de inflación, encarecimiento de bienes y servicios los cuales pueden resentir los hogares de menores ingresos del país, así como el estancamiento de la economía, al punto de tener que pedir ayuda a entes internacionales como el FMI y el Banco Mundial, quienes dictarían una serie de directrices drásticas, entre las cuales están la reducción de planilla estatal y cierre/venta de instituciones del estado, las cuales pueden ser incluso más de las que se podrían plantear si se hace desde ya el análisis de ciertas entidades públicas y su funcionamiento y representación en gasto para el presupuesto estatal.
La reforma fiscal se aprobó bajo una situación turbulenta, llena de incertidumbre e inconformidad sobre el impacto en ciertos sectores sociales de la población, el acudir nuevamente a impuestos como la panacea para la situación fiscal del país no solo contribuye a tolerar el mal funcionamiento de ciertas empresas estatales, el pago de pluses injustificados y que hacen crecer el gasto por conceptos salariales año con año dado su crecimiento porcentual, si no también que pueden crear un ambiente hostil de poca transparencia y de bajas intenciones del gobierno por ordenar la situación de sus instituciones públicas, que es por donde justamente debe de iniciar el buen manejo del gasto e inversión de los dineros aportados por cada uno de los costarricenses.
Ante la abundante cantidad de instituciones públicas del país, y la baja inoperancia en sus funciones, la existencia de instituciones con funciones similares, y su alto costo en cuanto a materia de salarios, hace falta realizar una estudio detallado de cada una de las funciones de cada institución pública, de forma tal que se pueda unificar aquellas instituciones con funciones similares, y para aquellos casos donde se corrobore posterior a un detallado análisis con especialistas la no necesidad de determinada institución se debe de cerrar, pues no tiene sentido invertir en aquello que no produce, igualmente tomar consideración de realizar venta de empresas cuyos servicios brindados no sean del todo necesarios para el funcionamiento del estado y sus usuarios, cuya venta de propiedad intelectual, activos físicos, entre otros representen un ingreso para el estado.
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