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Este documento es una primicia, ya que aún no se ha editado, fue cedido para esta página, con el ánimo de tener la mayor cantidad de elementos de análisis para formarse una mejor idea de contra qué se está luchando.

Esperamos sea de utilidad.

La nueva Ley del ISSSTE: la reforma estructural del consenso dominante.[1]

Odilia Ulloa Padilla[2]

Miguel Alonso Raya[3]

CONSENSO DOMINANTE vs CONSENSO SOCIAL

El 15 de marzo de 2007 diputados del PRI, PAN, PVEM y PANAL presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado[4], el dictamen correspondiente fue aprobado el día 22 junto con el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC), y el 28 del mismo mes fue sancionado sin cambios por el Senado de la República, votaron en contra los grupos parlamentarios del PRD, PT y Convergencia. Titular del Poder Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, firmó el decreto de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores el 30 de marzo, el sábado 31 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y el 1 de abril de 2007 entró en vigor el decreto.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE (NLISSSTE) se abrogó la Ley del ISSSTE publicada en el DOF el 27 de diciembre de 1983 (LISSSTE 83) con sus reformas y adiciones, que tiene su antecedente en la ley publicada en 1959 por la cual se creo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)[5] Se trata de una reforma profunda al sistema de seguridad social de los trabajadores del Estado, diseñada y elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Dirección General del ISSSTE, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Oficina de la Presidencia de la República durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, financiada y asesorada por el Banco Mundial[6]. Proyecto que retoma e impulsa su sucesor Felipe Calderón Hinojosa, con el acuerdo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y respaldo de las dirigencias de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Es una reforma estructural porque modifica radicalmente las bases del derecho de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, su naturaleza pública, solidaria, distributiva, e integral. La NLISSSTE rompe la solidaridad, el efecto redistributivo y la provisión pública del sistema en salud y pensiones. Establece un modelo de gestión de servicios médicos basado en un financiamiento y atención segmentada de los servicios y de la población derechohabiente (división entre activos y pensionados), competencia entre “prestadores” públicos y privados, y el equilibrio financiero del ramo de salud, antes que el objetivo central de atender las necesidades de salud de los derechohabientes. Crea un sistema de pensiones basado en cuentas de capitalización individual de beneficios indefinidos, administración mercantil y privada, con garantía estatal de pensión mínima. Desmantela el ISSSTE porque una parte sustancial de sus funciones se privatizan al trasferirse a instituciones privadas con fines de lucro del sector financiero, cuya lógica es maximizar sus utilidades. En adelante la administración, operación y gestión de los fondos de pensión y la provisión de las pensiones ya no estará a cargo del ISSSTE sino de las administradoras de fondos para el retiro (Afores) y las Instituciones de Seguros de Pensiones (Aseguradoras). El esquema de transición hacia el nuevo sistema de pensiones da lugar a un trato desigual de derechos entre trabajadores y entre trabajadores y trabajadoras, establece condiciones más rígidas para el disfrute de pensiones y jubilaciones, y omite, cancela o extingue derechos, beneficios y prestaciones concretas previstas por la ley que se abrogó, frente a lo cual, se pierde la plena certeza jurídica. Sienta las bases para la privatización, sino es que la eliminación, de otras prestaciones y servicios considerados “accesorios” al sistema de seguridad social como los préstamos personales y los servicios de tiendas, farmacias, turísticos, funerarios, culturales y deportivos.[7] En una palabra, la NLISSSTE vulnera el derecho a la seguridad social de los trabajadores en activo y para las generaciones futuras establece un régimen de inseguridad social.

La reforma se llevó a cabo sobre un diagnóstico general, parcial y, por lo tanto, sesgado de la problemática de la seguridad social de los trabajadores afiliados al ISSSTE, confeccionado por SHPC y la Dirección General del Instituto con base en proyecciones inerciales de mediano y largo plazos que configuraron escenarios catastróficos que, asimismo, fueron utilizadas para descartar cualquier otra ruta alternativa de reforma.

La reforma no surge el consenso social sino del consenso dominante en México. Se impuso sobre la base de la negociación entre los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, el sector financiero y las cúpulas sindicales de la FSTSE y del SNTE. Para el gobierno federal es la punta de lanza para el impulso de otras “reformas estructurales” pendientes (fiscal, energética y laboral). Para el sector financiero y de la medicina privada es la ampliación del ámbito de sus negocios y la maximización de sus utilidades a partir de las transferencias de otra parte significativa de fondos públicos de pensiones y salud del sistema de seguridad social. Para las dirigencias sindicales es la garantía para mantener las viejas estructuras de control corporativo y el acceso a la operación de cuantiosos fondos de pensión y del sistema de ahorro para el retiro creado en 1992 a través del Pensionissste, que se crea como una Afore más en el mercado.

La propuesta del gobierno federal, en su primera versión legislativa, fue presentada en la Cámara de Senadores el 15 de diciembre de 2005 por el entonces senador Joel Ayala Almeida del PRI y líder de la FSTSE. La iniciativa Ayala no llegó a dictaminarse en el último tramo del sexenio de Vicente Fox pero, en acuerdo pactado con la SHCP, ya contenía dos cambios al modelo original de la Secretaría, por una parte, un esquema de transición mediante el cual los trabajadores en activo podrían optar entre mantenerse en el régimen anterior de jubilaciones y pensiones (ajustado por incrementos graduales en los años de servicio, edades para el retiro y cuotas), o bien, migrar al sistema de pensiones

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