Obstáculos en el proceso de implementación de las medidas penales para la lucha contra la corrupción pública y privada de la Ley 1474 de 2011

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO[pic 1]

Facultad de Jurisprudencia

Maestría en Derecho

Clase teoría del derecho

Ensayo

Rodrigo Fajardo Rios

Febrero 28 de 2018

Obstáculos en el proceso de implementación de las medidas penales para la lucha contra la corrupción pública y privada de la Ley 1474 de 2011

La Ley 1474 de 2011, mejor conocida como el Estatuto Anticorrupción, se creó con la finalidad de combatir el fenómeno de la corrupción a nivel nacional, considerándose como una herramienta clave para erradicar este flagelo. No obstante, la eficacia de la norma al presentar resultados no ha sido la esperada (Transparencia por Colombia, 2017), teniendo un mínimo resultado e incumpliendo con sus alcances estipulados. Lo anterior, es reflejo de tres principales factores influyentes; según cifras oficiales, y el panorama de los últimos años del país, se pueden evidenciar que dichos obstáculos se enmarcan en las esferas jurídico, político y social en lo relacionado con las medidas penales, que para efectos de este trabajo se va analizar desde la perspectiva de: (i) la flexibilidad del marco normativo penal, (ii) la política y el derecho, (iii) crisis institucional y (iv) derecho y moral: la pedagogía jurídica respecto a la participación ciudadana. Es por ello que el Estatuto Anticorrupción no logra tener el alcance por el cual fue diseñado dicha norma.

El presente trabajo toma interés debido a la importancia de entender las causas de la ineficiencia e ineficacia de las sanciones penales estipuladas en la Ley 1474 de 2011, conocida mejor como el Estatuto Anticorrupción. Sin embargo, el análisis no se queda únicamente con las causas, sino que, además, busca entender las razones de dichas causales y las consecuencias de las mismas en el espectro jurídico. Por lo que surge la siguiente pregunta: ¿Cuáles han sido los obstáculos en el proceso de implementación de la Ley 1474 de 2011 en lo relacionado con las medidas penales para la lucha contra la corrupción pública y privada?. Lo anterior se busca en pro de comprender y catalogar unas razones por las cuales la legislación vigente y la sociedad aún no han surtido efecto para la mitigación de los casos de corrupción tanto en lo público como en lo privado en Colombia.

La corrupción se convierte en una de las problemáticas más comunes a nivel mundial, al tiempo que es uno de los fenómenos más perjudiciales para los Estados modernos, ya que tiene influencia directa en el mundo económico y puede así disminuir la capacidad de desarrollo económico y social de un Estado. Además, no se debe entender la corrupción como una problemática puramente pública, ya que también se presenta en el sector privado (Zuluaga Nieto, 1996). En ese orden de ideas, el concepto de corrupción se basará en la definición dada por Hildebrando Leal Pérez, el cual define a la corrupción como el “comportamiento que desvía las funciones naturales de los servidores públicos para atender intereses privados“(Leal Pérez, 2011, pág. 117). Sin embargo, para Leal Pérez, la corrupción no se limita a las acciones de los servidores públicos, sino que también involucra a los “actos a través de los cuales una persona se ve obligada moral o legalmente hacia un interés ajeno y lo pospone en función de su propio interés o de un tercero” (Leal Pérez, 2011, pág. 117). Es decir que, no solo se necesita el calificativo de servidor público, pues la corrupción se puede presentar tanto el ámbito público como en el privado.

Por otro lado, también es necesario definir el concepto de medidas penales, también conocidas como medidas de seguridad, para lo que se utilizará el concepto dado por Fernando Velázquez (2010). En este texto, Velázquez define las medidas de seguridad como “como la consecuencia jurídica imponible por el ordenamiento jurídico a quien comete en forma culpable una conducta punible” (Velázquez, 2010, pág. 163). Para Velázquez, “las medidas de seguridad son objeto de diversas divisiones: a) según su fundamento; b) según el bien jurídico afectado”; c) según el destinatario; d) según el tiempo; e) según la finalidad objetiva; f) según su relación con las penas; g) según su importancia”. (Velázquez, 2010, págs. 703 - 705). La anterior definición quiere decir que, las medidas penales o de seguridad, procuran la resocialización del individuo.

Así las cosas, la corrupción se entiende desde el cambio injustificado en la toma de decisiones con respecto al orden establecido (compréndase para el orden público o privado), como toda aquella acción que altere lo estipulado, que esté en contra de los intereses generales y que, por el contrario, beneficie un interés particular, es merecedora de entenderse bajo el campo de la corrupción (Zuleta, 2015; Merino, 2013; Sánchez, 2011; Maiggot, 1999; Villegas, 1995). Sumado a la anterior definición de corrupción, uno de los principales autores que analiza el tema en el ámbito nacional es Oscar Villegas (1995), quien logra añadir al debate sobre la lucha contra la corrupción el concepto de “corrupción multidimensional”, mediante el cual comprende esta práctica como una consecuencia de la ineficiencia burocrática^[1], y de ciertas problemáticas sociales como el narcotráfico, la guerra de guerrillas y el paramilitarismo.

Asimismo, la naturalización de la corrupción^[2] en la cotidianidad colombiana contribuyó a la deslegitimación de las instituciones públicas y privadas. En tanto el Estado es incapaz de controlar estos procesos, la influencia ilegal en la economía surge con variables como el narcotráfico y logra encontrar espacios políticos, adicionado a la intensificación de las violencias narcoterrorista, paramilitar y guerrillera que condujeron al país, al final de los años 80, “al filo del caos”, en una de las más profundas crisis de este siglo (Villegas Londoño, 2013; Zuluaga Nieto, 1996; Villegas, 1995; entre otros). El enfoque multidimensional de la corrupción es, por lo tanto, la perspectiva teórica que justifica los obstáculos para el caso del presente trabajo, ya que, es desde el entendimiento multifacético de la corrupción que pueden comprenderse las tres esferas obstaculizadoras: jurídica, política y social.

Para lograr el objetivo del presente trabajo, se tomarán como primeras referencias para analizar la normatividad colombiana, en cuanto a investigación y sanción de la corrupción, los códigos penal y disciplinarios, además de la legislación sobre el control fiscal, en las que se tipifican las conductas, se establecen las sanciones y se describen los procesos correspondientes para investigar y castigar las conductas corruptas. La ineficiencia jurídica resulta causal de permisión para la existencia de la corrupción. Con respecto a la lucha contra la corrupción en Colombia, diversas respuestas se diseñaron para enfrentar la expansión de la corrupción, como reformas a los estatutos de contratación administrativa, al código penal, y la creación en 1990 de la “Misión para la moralización y eficiencia de la Administración Pública”. No obstante, las medidas más importantes fueron las adoptadas en el marco del cambio en el modelo de desarrollo y en la Constitución Política de Colombia de 1991. Sin embargo, ponentes como Alberto Maldonado Copello (2011) abren el debate de la eficiencia de las políticas anticorrupción adoptadas por los gobiernos de turno. Para Maldonado como para otros defensores de su postura, el principal factor por el cual existen obstáculos para la lucha contra la corrupción es la esfera política.

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