Práctica Derecho

El acusado, Carlos Alberto, sin antecedentes penales computables, en virtud de sentencia dictada por el juzgado de lo penal núm. 2 de Granada, fue condenado por un delito de abandono de familia por impago de pensiones, y en el ámbito civil a que indemnizara a Francisca en 32.400 euros. Incoada la correspondiente ejecutoria, y una vez requerido el 31 de enero de 2006 para que abonara la indicada indemnización, tras manifestar carecer de metálico con la que hacerla efectiva y manifestar no poseer bien alguno susceptible de embargo, el día 22 de marzo siguiente procedió a transferir a la coacusada Regina, hija de su compañera sentimental, el turismo de su propiedad, transferencia respecto de la que se ignora si medió pago de precio alguno, no constando acreditado que Regina tuviera conocimiento de la obligación contraída por Carlos Alberto. Por ese tiempo, el acusado, su esposa y sus respectivos letrados, estaban en conversaciones para poder pagar la indemnización de 32.400 euros en forma fraccionada, acuerdo que se logró el 27 de mayo de 2006, en el sentido de que se abonaría a razón de una cuota mensual de 1.700 euros a partir de junio de dicho año, cuota que el acusado ha venido pagando ininterrumpidamente hasta el mes de mayo de 2007 que se celebró el juicio, suponiendo un total de 20.400 euros.

Desde hace más de quince años, la mercantil Construcciones S.L., de la que eran administrador y socio los acusados M. y S. , venían teniendo relaciones continuadas de suministro de bienes y servicios con la también mercantil Comercial G. M. S.L. En el año 2002 contrataron la prestación de servicios para la ejecución de una obra en Cerro Gordo, así como otras en playas de Salobreña y Torre del Mar, las cuales tendrían una duración hasta 2004, desarrollándose tales relaciones con toda normalidad hasta el 2003, en que, a causa de una falta de liquidez de la primera para hacer frente a las deudas que tenía, entre ellas, las contraídas con la Seguridad Social, dejó de abonarle a aquélla lo que le debía, cuyo montante exacto no ha quedado acreditado, pero en todo caso, por importe no inferior a 90.000 euros. No se ha podido probar la ocultación de bienes por parte de Construcciones y Contratas S.L.

Los afectados interpusieron denuncia por los delitos de estafa y alzamiento de bienes.

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