Reforma A La Ley 30

Reforma a la ley 30

La propuesta del Gobierno para reformar la ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) causó malestar y deja inquietudes en la comunidad universitaria. Y aunque todos coinciden en que es hora de reformar la norma, existen posiciones del Gobierno y el sector universitario que chocan y motivan, con y sin fundamentos, lamentables y costosos disturbios como los vistos esta semana en varias instituciones públicas.

Han pasado 18 años desde que se expidió la Ley 30 de 1992 y el sector ha cambiado sustancialmente. Para ese entonces, no existía el Vice ministerio de Educación Superior, el ICFES no era un instituto dedicado a la evaluación de la educación y el ICETEX no era un banco de segundo piso, por mencionar algunos cambios.

Aunque la reforma se venía preparando desde la administración pasada, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y los rectores de las universidades, la que presentó hace algunas semanas el presidente Juan Manuel Santos es más amplia y con propuestas polémicas.

Semana.com seleccionó cuatro de los temas más polémicos de esta iniciativa de 144 artículos.

1. La empresa privada podrá invertir en las universidades públicas

Para el presidente Juan Manuel Santos, si la educación pública quiere ser competitiva y de buena calidad no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada. “Esta propuesta no significa de ninguna manera privatizar la educación pública, ni va a implicar mayores costos para los estudiantes”.

El Gobierno advirtió que los recursos son limitados, por eso, aliarse con la empresa privada es una alternativa. “Hoy un empresario contrata servicios con la universidad, pero queremos que no solo contrate, sino que invierta capital para desarrollar proyectos específicos, que se meta la mano al bolsillo y genere innovación con las universidades (...) que pongan la plata, vendan servicios, desarrollen conocimiento y ojalá ganen bastante”, explicó la ministra de Educación, María Fernanda Campo.

Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, no ve clara la propuesta. “El ingreso del dinero del sector privado para investigación no es una novedad. Las universidades trabajamos con la empresa desde hace 40 o 50 años. Hay comités universidad-empresa-Estado en todas las regiones del país”, dice.

Según los rectores una empresa invierte si puede obtener rendimientos o beneficios. La pregunta para las universidades es: ¿qué tanto ese interés privado puede chocar con la misión y con la verdadera función de las universidades?

2. Más plata para la universidad pública

El Gobierno propone aumentar recursos para las universidades públicas en un 1 por ciento adicional al IPC en el 2012, un 2 por ciento en el 2013 y un 3 por ciento entre el 2014 y el 2019. Sin embargo, para las universidades,

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