Reforma Constitucional

Reforma constitucional del 94: un breve análisis de su impacto en el Ámbito Laboral

Introducción

La reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994 es una importante modificación realizada al texto constitucional durante la primera Presidencia de Carlos Menem. Entre los argumentos que la impulsaron se presentaba la discusión acerca de la legitimidad y la pretensión de definir de manera moderna el texto constitucional, sobre cuyos temas no hubo consenso original entre los actores involucrados.

No solo cambió las instituciones del país, es decir, las relaciones entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y el gobierno federal y los gobiernos provinciales; sino que significó un cambio muy importante en el diseño del sistema jurídico. Con la aparición de los tratados internacionales, con la aparición de los reglamentos delegados y de necesidad y urgencia, se produjeron tantas o más transformaciones en el sistema jurídico que en el propio sistema institucional.

Lejos de realizar indagaciones o abordar en particular esos impactos que se produjeron en el sistema jurídico y constitucional, nos proponemos analizar lo propio en la estructura social y sus implicancias a largo plazo, en el ámbito laboral, como factor importante en un análisis que pueda ser parte

Contexto de la Reforma

Tras el colapso que habría sufrido el primer gobierno de la vuelta democrática argentina a causa de la crisis hiperinflacionaria, la presidencia de Carlos Menem se iniciaba con grandes promesas de impulso a la producción y recomposición salarial. La crisis económica, causante del colapso de las finanzas públicas bajo el gobierno radical de Alfonsín, configuraba un escenario asimilable al caos en la percepción popular.

La situación de crisis heredada llevó a que el presidente peronista cambiara la política económica tradicional de su partido, consistente en la distribución de riqueza entre los asalariados, por un esquema más liberal, favoreciendo la instalación de empresas extranjeras en nuestro país, generando una gran apertura de la economía, que se caracterizó por una modernización de la infraestructura de los servicios públicos, los que pasaron a manos privadas, dando lugar a una creciente desocupación, dado que al privatizar las empresas de servicios públicos, que pasaron a manos de capitales privados de origen trasnacional, se produjeron cesantías en masa de trabajadores.

Menem se asumió como el representante del conjunto del pueblo situado por encima de los intereses partidarios y eso le permitió crear expectativas de “salvataje” al conjunto de la sociedad, generando cierta confianza en el electorado, tomando decisiones arriesgadas y tratando de repolitizar la democracia argentina. Así se inicia un nuevo proceso de institucionalización, con la creación de nuevas reglas de juego que suponen nuevas expectativas para los actores, proceso que encontró su punto culminante al reformarse la Constitución en 1994.

Aún así, la reforma incorporó a la Constitución de la Nación Argentina nuevos derechos individuales de las personas y de los ciudadanos, y nuevos derechos colectivos de los pueblos. También estableció nuevas formas de participación ciudadana y dio jerarquía constitucional a los acuerdos o pactos internacionales sobre derechos humanos.

El antecedente de 1957

Dos décadas de vigencia de la nueva Constitución resultan un período suficiente para constatar que superó la coyuntura releccionista para completar un profundo cambio, especialmente en el ámbito laboral y del Derecho del Trabajo.

En la Reforma Constitucional de 1957, las relaciones de trabajo se fortalecieron, cuando aquella norma consagró que el trabajo, en sus diversas formas, debía ser protegido por el sistema jurídico; reconociendo instituciones esenciales, como las jornadas, el salario mínimo, la justicia retributiva, la protección contra el despido arbitrario, y hasta “prometió” la participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección.

Pero la debilidad representativa de la Convención Constituyente de 1957 conformada con el peronismo proscripto y las suspensiones dictatoriales de institutos como la libertad sindical, restaron poder a la primera constitucionalización del derecho laboral.

El Artículo 14 Bis

La Convención Constituyente de 1994, votada por la ciudadanía en su conjunto, ratificó la vigencia del artículo 14 bis dotándolo de un definitivo reconocimiento normativo. Pero, a la vez, amplió el constitucionalismo laboral al otorgar el más alto rango a normas supranacionales sobre derechos humanos y a los tratados internacionales, mediante el artículo 75, inciso 22, de la nueva Constitución.

Este nuevo sistema de normas incluyó instituciones de derechos humanos laborales reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de Naciones Unidas, el Pacto de San José de Costa Rica del Sistema Interamericanos de Derechos Humanos y el plexo normativo de la Organización Internacional del Trabajo .

La internalización de los cambios

El 14 bis fue la porción más moderna de la Constitución nacional, que fue "aggiornada" nuevamente en 1994. La Convención Constituyente, pese a que arrastró cuestionamientos por surgir del Pacto de Olivos, fue convocada en forma legítima, salvó la ilegitimidad de origen al hacer suyo el artículo

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