Reforma Politico-electoral

A lo largo de las últimas décadas han estado presentes en el mundo distintos modelos o concepciones de lo que debe ser una política social, de cuáles deben ser sus objetivos prioritarios, sus agentes, sus resultados. Estos modelos han respondido, a grandes rasgos, a momentos históricos que les han dado forma y sentido.

Por supuesto, cada uno de estos modelos ha cobrado forma en relación con otros modelos o épocas previas, y se han instaurado en países diversos con impactos distintos. A mi juicio, México se encuentra hoy en un momento en que sus instrumentos programáticos, presupuestarios y de evaluación son producto de la convergencia de varios de estos modelos.

Los juicios ligeros sobre la política social en México dan cuenta de las dificultades existentes para asumir colectivamente la tarea de mitigar las múltiples y dramáticas exclusiones que como sociedad producimos.

La política social en México se compone de un conjunto de acciones y programas para atender necesidades orientadas a igualar el acceso a oportunidades de desarrollo y mejorar el bienestar de las personas. Los recursos presupuestales destinados a ello han aumentado progresivamente durante los últimos diez años. Simultáneamente ha aumentado la exigencia social al respecto de una intervención efectiva del estado en la promoción del desarrollo

(Cardozo, 2006) Define a la evaluación como una investigación aplicada, de tendencia interdisciplinaria, realizada mediante la aplicación de un método sistemático, cuyo objetivo es conocer, explicar y valorar una realidad, así como aportar elementos al proceso de toma de decisiones, que permitan mejorar los efectos de la actividad evaluada.

Si en las maneras de evaluar se tiene en contra una pesada tradición de suspicacias que persistentemente nubla la objetividad, conjugada con una información anémica que nunca ha conseguido ofrecerse confiable y creíble para todos, esa adversidad ha impedido también abrir paso a una reflexión que alerte convincentemente sobre la materia de evaluación, valga, sobre la esencia: la marginación que producimos. Así, el considerar la desigualdad un problema estructural parece sustraerle a la sociedad y a la opinión pública sensibilidad respecto a la gravedad del punto, como si declararlo un problema irresoluble en el corto plazo le quitara atributos problemáticos y contingentes a la marginación. Lo que tenemos en abundancia, sin embargo, son las recetas simples, grotescas o mágicas (según el gusto del consumidor) que quitadas de la pena ofertan paraísos instantáneos. No creo por cierto que la complejidad del problema sea sólo apreciable desde el gobierno y que las oposiciones, por esa sola condición, estén condenadas al candor; el realismo no es un atributo que se adquiera en exclusiva desde el ejercicio de gobierno.

El punto aquí es cómo hacer para que la justicia social y el bienestar social se tome una verdadera política de Estado, no sólo de gobierno; que en lo básico pueda involucrar al mayor número de fuerzas políticas, y los programas no se vuelvan rehenes de las críticas ligeras. Pero al hablar de bienestar hacemos cuenta de dos elementos importantes: la pertenencia y la necesidad, como lo plantea y explica “la pertenencia es importante porque es lo que los miembros de una comunidad política deben unos a otros, a nadie más al mismo grado” (Michael Walzer, 2008:143). De esa manera, en los duelos de recetas que refundan el combate a la pobreza, lo que se extraña es un consenso social lo suficientemente profundo como para cimentar con certidumbre la urgencia de corregir desigualdades, y a partir de ese cimiento, poder evaluar críticamente lo hecho y plantearse el porvenir.

Para identificar la problemática de

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