Responsabilidad Penal En Colombia De Las Personas Jurídicas En Delitos Ambientales

El presente escrito plantea como tema a analizar, la posibilidad de sancionar a una persona jurídica por los delitos en los cuales se viera involucrada en el ordenamiento penal colombiano. Igualmente se busca determinar si es posible justificar la responsabilidad penal de las personas jurídicas considerando los principios fundamentales del Derecho Penal. Se abordan estos interrogantes analizando la normatividad vigente y los planteamientos doctrinarios al respecto para concluir respecto a la justificación de la imputación penal de las personas jurídicas en el derecho penal actual y la tendencia que se presenta en Colombia sobre este tema.

Históricamente se ha entendido que una persona jurídica no puede ser responsable penalmente, debido a que no puede cometer delitos por sí misma. Este principio está reflejado en la expresión latina: "societas delinquere non potest" (Las sociedades no delinquen). Sin embargo, existen algunos delitos que pueden ser cometidos desde una persona jurídica y que incluso pueden realizarse únicamente en beneficio de la misma como por ejemplo la estafa, apropiación indebida, delitos fiscales, etc. En esos casos, se ha entendido que el responsable penal sería la persona física que toma las decisiones.

Este principio se sigue manteniendo en la gran mayoría de ordenamientos jurídicos, si bien en algunos ha comenzado a aparecer la posibilidad de que una persona jurídica cometa un delito. En esos casos, la pena se ajusta al tipo de sanción que la persona jurídica puede cumplir, normalmente pecuniaria, aunque también se podría hacer alguna privación de derechos, e incluso, adoptan sanciones que reciben el nombre de medidas de seguridad, que consiste en la posibilidad de que el Estado intervenga a la asociación o sociedad, liquide los bienes y con ellos pague los daños causados por la persona física que haya cometido algún delito con motivo del ejercicio de sus funciones, sin embargo esto implica una sanción trascendente, ya que se afectan los derechos de los demás socios o asociados que no tienen una relación directa con el hecho ilícito.

En el ámbito ambiental, debido al avance tecnológico, científico e industrial de toda la historia. Muchas industrias, empresas y corporaciones se ven lucradas debido al provecho que les generan diversas prácticas (como la minería) que generan un deterioro del medio ambiente a raíz de todos esos adelantos. La decisión de proteger el medio ambiente con el mecanismo de control social más enérgico que posee una sociedad: su sistema penal.

En este caso, tratándose de proteger un bien jurídico colectivo que se considera tan importante como para sancionar penalmente a quienes lo perjudican, la idea es poder actuar respecto de los agentes dañinos más significativos, es decir, sobre las mayores fuentes de deterioro, que no son otras que dichas grandes industrias y corporaciones.

Los argumentos que se imputan en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se podrían resumir en gran medida, en el principio de culpabilidad, el cual es un presupuesto elemental de la responsabilidad penal.

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